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Se Invita a la ONU a Presentar su Petición de “Alto el Fuego Inmediato en Gaza” para que sea Firmada por los Pueblos del Mundo

. DERECHOS HUMANOS .

Una carta del Mouvement de la Paix

Estimado Sr. Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

Como ONG miembro de la Comisión ECOSOC de las Naciones Unidas, participamos en la reunión organizada por el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos de la ONU, Sr. Ryder, en Ginebra a principios de noviembre. Dimos nuestro apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas para encontrar soluciones políticas a los conflictos actuales y a la preparación del plan de las Naciones Unidas Avenir 2024.

En esta reunión, propusimos que la ONU, en nombre de las Naciones Unidas y en nombre de “Nosotros los pueblos”, tomara una iniciativa que permitiera a los pueblos del mundo, indignados tanto por las masacres cometidas por Hamás el 7 de octubre de 2023 como por la carnicería que está cometiendo actualmente el gobierno israelí en Gaza contra las poblaciones civiles, exigir al gobierno israelí el cese inmediato de los bombardeos contra las poblaciones civiles.

Aunque condenamos las masacres cometidas por Hamás el 7 de octubre de 2023, no aceptamos que el gobierno israelí utilice actualmente recursos estatales para cometer matanzas contra poblaciones civiles.

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Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

Hemos dado nuestro apoyo a las familias de todas las víctimas, israelíes o palestinas, y en nombre de nuestra humanidad común nos permitimos hacer una propuesta a la ONU y a su Secretario General.

Ante una situación tan inédita como monstruosa y peligrosa, es necesario tomar decisiones que permitan a la opinión pública, a “Nosotros los Pueblos”, apoyar la demanda de la ONU de un cese inmediato de los bombardeos sobre Gaza y de ayuda humanitaria de urgencia.

Proponemos que la ONU presente su petición de “alto el fuego inmediato en Gaza”, con los medios y las formas adecuadas, para que sea firmada por los pueblos del mundo: que cesen los bombardeos contra miles de mujeres y niños, y que se ponga en marcha de inmediato una ayuda humanitaria permanente para responder al intolerable sufrimiento de la población y hacer frente a una catastrófica crisis alimentaria y humanitaria.

Este llamamiento de apoyo podría lanzarse utilizando los medios y las palabras adecuadas, en todos los idiomas posibles. A pocos días del Día Internacional de los Derechos Humanos, sería una forma de “proclamar una vez más nuestra fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana”, como se afirma en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, expresamos nuestro apoyo a la labor de las Naciones Unidas en la construcción de un mundo de paz.

Atentamente

Por Le Mouvement de la Paix

Roland NIVET, Portavoz Nacional del Mouvement de la Paix

París, viernes 8 de diciembre de 2023

Sindicalistas de pueblos indígenas de todo el mundo piden más inclusión y solidaridad: “No estamos solo para cantar canciones y hacer la oración de apertura”

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Equal Times (Este artículo se publica bajo una licencia internacional Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0.)

Más de 476 millones de personas en todo el mundo (el 6,2% de la Humanidad) pertenecen a pueblos originarios indígenas, casi siempre en convivencia con las sociedades que colonizaron sus antiguas tierras hace cientos de años. En pleno siglo XXI, tras un largo camino en el que no siempre pudieron sobrevivir a la opresión colonial sin perder su identidad, su lengua o parte de su cultura, los pueblos indígenas han conseguido importantes avances en distintas regiones del planeta, pero siguen afrontando desafíos, como la discriminación y la falta de oportunidades, que les pone muy difícil alcanzar una integración laboral justa. Cuatro de cada cinco trabajadores de pueblos originarios se gana la vida en empleos informales, y buena parte del resto lo hace en sectores muy precarizados, expuestos por lo general a todo tipo de abusos y carentes de protecciones sociales.

Coincidiendo con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, marcado por la ONU en 1982, y con el llamamiento que la CSI  hace a los Gobiernos de todo el mundo para que firmen la Convención de los pueblos Indígenas y Tribales (C169)  de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –que pese a haberse lanzado en 1989 solo ha sido ratificada por 24 países – Equal Times entrevistó a tres líderes sindicales de origen indígena de tres continentes para dar un reflejo más cercano de la situación.

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Líderes sindicales maoríes, sami y mapuches hablan con Equal Times. De izquierda a derecha: Laures Park (Nueva Zelanda), David Acuña (Chile) y Sissel Skoghaug (Noruega). (Equal Times/Composición de Fátima Donaire)

Desde América nos habla David Acuña Millahueique, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT Chile), la principal agrupación sindical de su país. Acuña, que hace un año se convirtió en el primer dirigente de ascendencia mapuche en encabezar la multisindical, está volcado ahora mismo en el histórico proceso de crear una nueva Constitución para Chile, donde la CUT trabaja para blindar la libertad sindical y el trabajo decente como derechos fundamentales garantizados, en un país cuya carta magna actual, vigente desde la dictadura militar (1973-1990), no contempla todavía los derechos laborales. Desde Europa se suma Sissel Skoghaug, vicepresidenta, desde hace una década, de la Confederación de Sindicatos de Noruega (LO), y representante del pueblo sami  (también conocido como lapón), la antigua etnia nómada del Ártico que es el único pueblo indígena que aún queda en el continente. Y desde Oceanía hablamos con Laures Park, que ostenta el cargo de Matua Takawaenga (“mediadora principal”, en maorí) del sindicato docente neozelandés NZEI Te Riu Roa donde no solo se encarga de ser el enlace principal para todo lo que tenga que ver con el pueblo nativo del país insular, sino que en la práctica es la líder sindical suplente cuando la secretaria nacional está ausente, lo que también es una conquista simbólica para los maorí.

¿Cuál es la situación actual de los pueblos originarios de las Primeras Naciones en su país, en lo que se refiere a integración o discriminación social y laboral?

LAURES PARK (L.P.): En Nueva Zelanda sigue existiendo discriminación. Hay muchos motivos de preocupación, pero también mucha integración. Depende de las condiciones socioeconómicas y geográficas. Los maoríes, que representan alrededor del 12% de la población nacional, tienden a ocupar los puestos de trabajo peor pagados que exigen gran intensidad de mano de obra. Suelen ser limpiadores, basureros y jardineros, ese tipo de trabajos. Y sí, también hay muchos maoríes que se trasladan a la ciudad y consiguen empleos en la administración pública, pero es necesario desplazarse para conseguir ese tipo de trabajo. En cuanto a la pobreza, probablemente sea muy alta para los pueblos indígenas de Nueva Zelanda, y esto se debe al escaso acceso a la educación en el lugar donde viven, así como a la falta de empleo.

SISSEL SKOGHAUG (S.S.): Se han cometido muchas injusticias contra el pueblo sami. Las autoridades casi consiguieron arrebatar a todo un pueblo su identidad y su lengua. De acuerdo con las conclusiones recientes de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, esta situación también se aplica al pueblo kven y a los finlandeses del bosque. [Sin embargo,] especialmente en Noruega y partes de Suecia, la cultura sami ha experimentado un renacimiento muy fuerte en las últimas cuatro décadas. La juventud, y también bastantes personas de mi generación, están recuperando el patrimonio que se perdió hace dos o tres generaciones.

DAVID ACUÑA MILLAHUEIQUE (D.A.M.): La situación laboral de las personas de origen indígena viene de la integración forzosa de la sociedad indígena en una sociedad dominante de los colonizadores. Ha habido etapas incluso de esclavitud antes de llegar a la situación que tenemos ahora, que implicó trabajar en una primera época en actividades de renta muy básica: jornaleros, aprendices de carpintería, albañiles, panaderos. Muchos de los que migraban del campo a la ciudad trabajaban en este tipo de oficios, mientras las mujeres indígenas, en su mayoría, eran empleadas domésticas y de cuidados. En la actualidad un importante porcentaje de las nuevas generaciones ha logrado acceder a niveles de educación formal, así que pasamos del trabajador que antiguamente no sabía leer ni escribir al que hoy puede tener una alfabetización, lo que permite mínimos grados de movilidad social en algunos casos.

¿Y el reconocimiento y el respeto de la cultura, la lengua y los derechos de las Primeras Naciones y su integración en el entorno laboral?

S.S.: Actualmente, en Noruega tenemos el parlamento sami (Samediggi), creado en 1989. Es el órgano representativo del pueblo sami en el país, y promueve iniciativas políticas y tiene autoridad en una serie de cuestiones. Al mismo tiempo, la principal lengua sami es también lengua oficial en Noruega. Se ha conseguido mucho más desde la época en que la asimilación y la discriminación estaban a la orden del día.

L.P.: En Nueva Zelanda se va de un extremo al otro. Hay todo un sector de la población que ni siquiera está al tanto de la situación o no le importa, porque los maoríes no tienen nada que ver con su vida. No obstante, también existe otra parte de la población que está aprendiendo la lengua y participando en las costumbres, y se implican mucho en todo lo que ocurre en el sistema educativo [que cuenta con varias escuelas seleccionadas en las que se enseña la lengua maorí a todos por igual desde la primera infancia].

Existe toda una generación de maoríes que solo habla maorí, y sus familias solo hablan maorí cuando salen fuera de casa, lo que puede causar cierta tensión con otras personas, principalmente con la población blanca. Pero por otro lado, cuando estamos en el centro de la ciudad, otras personas están encantadas de oír hablar maorí en la comunidad. Así que varía. Hay personas que lo ven como: “¡Oh!, están intentando ocultarnos algo”, y otras personas que piensan que es simplemente encantador oírlo. Asimismo, tenemos un canal de televisión maorí, y el número de no maoríes que lo ven es simplemente increíble. Así que, como comento, [la situación] varía.

D.A.M.: En Chile el proceso de integración indígena ha quedado fuertemente marcado por la discriminación social y también, muchas veces, laboral y racial, que generó pérdidas culturales irreparables, como la de la práctica de nuestra propia lengua madre, especialmente a partir de la tercera generación [de personas mapuche que se instalaron en las ciudades, a mediados del siglo XX]. Fuimos migrantes en nuestra propia tierra, porque tuvimos que ir a las ciudades más desarrolladas, y con estos procesos de migración e integración fuimos perdiendo desde el lenguaje hasta nuestras mismas costumbres.

Y es que las primeras generaciones de migrantes indígenas debieron asimilarse a una nueva forma de vida, y claro, había que comportarse “a la chilena”, y uno acababa “medio chilenizado”, muchas veces tratando de ocultar o disimular la ascendencia mapuche, y eso fue calando y calando, hasta el punto de evitar hasta usar nuestro propio lenguaje y nuestras costumbres, todo por tratar de adoptar las características de una sociedad que no era la nuestra, para irnos adaptando. Solo a partir de una cuarta descendencia, a la que pertenezco, es que se ha empezado a constatar un paulatino proceso de autoidentificación con el origen. De hecho, en los últimos cinco o seis años se ha venido dando también una reivindicación de la propia bandera mapuche, que se hizo visible en 2019 con el estallido social, durante el que uno de los símbolos más populares y más visibles en las protestas fue la enseña mapuche. Casi hubo un boom comercial, de tan bien que se vendía de pronto la bandera mapuche. Aquello mostró que se estaba reconociendo una identidad que teníamos perdida hasta entonces.

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Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

The right to form and join trade unions, Is it being respected?

Indigenous peoples, Are they the true guardians of nature?

¿Ha ratificado su país el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (C169) de la OIT, de 1989? ¿Cómo afecta esta ratificación a la vida actual de las Primeras Naciones en el país? ¿Qué importancia tiene el C169 para su pueblo?

S.S.: En 1990, Noruega fue el primer país en ratificar el Convenio 169 de la OIT. Me enorgullece el papel desempeñado por LO Noruega para hacer realidad el Convenio 169 de la OIT, y para que se concretara primero en nuestro propio país. A la par de la Constitución y la Ley sami, el Convenio 169 de la OIT es uno de los pilares centrales de la política sami noruega. El Convenio 169 de la OIT es un monumento al espíritu colectivo de cooperación que caracterizó a Noruega a principios de la década de 1990. Este espíritu colectivo también llevó a la población mayoritaria a superar un duro periodo de desempleo y agitación financiera y política.

L.P.: En Nueva Zelanda el Gobierno no lo ha ratificado, y su explicación es que nuestras nuevas leyes tienen que cumplir muchas otras leyes anteriores antes de ratificarlo, lo cual no cambia la situación para nosotros. Si queremos plantear una cuestión, seguiremos utilizando el C169 y este sigue teniendo peso. En cierto modo, [el hecho de que Nueva Zelanda no haya ratificado el C169] probablemente apoye nuestra argumentación.

D.A.M.: Chile sí la ratificó en 2008. Con ello, el Estado de Chile asumió una política de Estado de reconocimiento de los pueblos originarios, y se comprometió a establecer políticas de reconocimiento y respeto hacia esta parte de la sociedad. Cuando se generan políticas nacionales que puedan afectar a las condiciones sociales, culturales, políticas y ambientales en que se desenvuelven las comunidades indígenas, eso lo terminamos siempre en una consulta. Hasta ahora nos hemos quedado en eso, pero es un logro importante, porque es una herramienta para que las comunidades indígenas puedan tener voz dentro de lo que les va a impactar directamente, y eso es algo que no teníamos antes.

¿Por qué se afilió a un sindicato, qué dificultades encontró en su entorno laboral y en los propios sindicatos, solo por ser originario de los pueblos indígenas?

L.P.: Me afilié cuando era profesora. Hace muchos años, hablábamos de cómo animar a los maoríes a interesarse por los sindicatos. Fue entonces cuando se hizo mucho más relevante para mí. Y desde entonces, es lo que nos motiva: asegurarnos de que los sindicatos trabajen para los maoríes.

Tenemos un dicho, que proviene de un tipuna [antepasado] muy antiguo: “Solo hay un ojo de la aguja por el que deben pasar todos los hilos: el blanco, el rojo, el negro”. Para nuestro sindicato, en realidad este es exactamente el sentimiento que creemos que la gente debería asumir, porque solo uniéndonos y yendo en la misma dirección podemos hacer que todo funcione. De lo contrario, estaremos tirando los unos contra los otros.

D.A.M.: Yo trabajo desde los 17 años; tuve que asumir la manutención de mi familia desde muy joven y siempre estuve muy ligado al trabajo. Cuando estaba conociendo el mundo sindical, un día llegó un sindicato a buscar delegados al supermercado donde yo trabajaba, y había dos compañeros que se presentaron como delegados. Se podían elegir tres, y estos tipos no tenían una conciencia de clase, uno podría decir que no eran muy pro-trabajadores, sino que eran más pro-administrador, eran muy cercanos a la empresa. Entonces yo dije, “no, si nosotros queremos pelear por derechos laborales, necesitamos tener acuerdos con la empresa, pero también desacuerdos y también luchar por los derechos en que nosotros creemos”. Fue un momento, una decisión, de decir: “o sigo viendo cómo todo sigue igual, o genero algún tipo de cambio”, y yo opté por generar un cambio, con los sacrificios que también implica eso.

Dada la posición de liderazgo que ha alcanzado en su organización, ¿qué simboliza para usted y la lucha continua por los derechos de los pueblos indígenas?

D.A.M.: Es un orgullo para mí y para mi familia. Mi primer Primero de Mayo como presidente fue un hito personal para mí. Ese día hice un reconocimiento de mi identidad, dije: “soy un trabajador del comercio, soy mapuche y vengo de una comunidad indígena en el Lleulleu, en la región de Los Ríos”. Más que como un dirigente sindical yo me veo como un trabajador, y también reconozco hoy día fuertemente mi legado histórico: que mi madre fue una migrante del sur de Chile hacia la capital, y que perdimos la lengua, perdimos parte de la cultura, pero no perdimos la vinculación al territorio. Reconocer esto para mí es muy importante, porque me siento orgulloso de representar hoy día en este cargo a un pueblo tan combativo como lo fue y es el pueblo mapuche en su reivindicación territorial –que hasta el día de hoy sigue latente–.

S.S: En los últimos años he descubierto que mi propia familia perdió la mayor parte de nuestra identidad sami y kven, incluida la lengua, como consecuencia de las muchas décadas de política de norueguización. Pero estamos recuperando nuestro patrimonio, con mi hija y mi hijo por delante con estudios de lengua y mucho más. En mis apariciones públicas, estoy muy orgullosa de llevar el gakti (traje tradicional sami), que me he hecho confeccionar recientemente. Siento que este proceso en sí mismo es una victoria sobre la injusticia que se cometió.

¿Cómo pueden los sindicatos ayudar mejor a los pueblos de las Primeras Naciones a alcanzar una integración real en el mundo laboral?

D.A.M.: Con solidaridad y respeto. El respeto a la identidad, a las creencias, pero también la solidaridad, la inclusión dentro de los espacios de trabajo.

S.S.: Estudiaremos qué podemos hacer en LO Noruega para ayudar a combatir el racismo, como lo hemos hecho en el lugar de trabajo. Hasta ahora, en el mundo laboral, LO Noruega ha sido un firme defensor de la legislación contra la discriminación vigente en Noruega. Gracias al sindicato, hoy en día los empleados y los solicitantes de empleo disfrutan de igualdad de oportunidades, independientemente de su etnia, religión, sexo o responsabilidades como cuidadores. Todos los empleadores noruegos están obligados a trabajar activamente, de forma selectiva y sistemática, para promover la igualdad y prevenir la discriminación en el lugar de trabajo, según la Ley de Igualdad y Antidiscriminación. Este deber de acción del empleador es una labor preventiva que se espera que los empleadores realicen antes de que se produzcan incidentes de discriminación.

L.P.: Los sindicatos podrían cambiar internamente y emplear a más personas originarias de los pueblos indígenas en sus organizaciones. Y no deberían tener miedo de promover esta perspectiva entre los afiliados; de momento es más bien una fachada. Pero todos pertenecemos a este país, así que todos deberíamos hacer lo mismo en todos los ámbitos, no solo dejar a la gente la opción de ser inclusiva o simplemente decir, y lo digo crudamente: “Váyanse por ahí a entretenerse con su juguetito mientras nosotros seguimos haciendo el verdadero trabajo aquí”. Los sindicatos tienen que ser más inclusivos y promocionar más a las Primeras Naciones, para que no estemos allí solo para cantar canciones y hacer la oración de apertura.

¿Cómo pueden contribuir los pueblos de las Primeras Naciones, con su sensibilidad, cultura y experiencias particulares, a los actuales debates mundiales sobre la transición justa, la justicia social, los derechos laborales y humanos y la salud democrática de nuestras sociedades?

D.A.M.: En Chile los pueblos originarios parten de una cultura reivindicativa que reclama muchos derechos que les fueron usurpados: el derecho a la tierra es una de sus principales demandas, pero también están las culturas ancestrales, en especial la medicina ancestral, que hoy día ya forma parte del ingreso de la cultura mapuche a la sociedad de una forma que antes era impensable, porque ha habido, desde hace 15 o 20 años, una ruptura cultural que ha permitido reemerger la cultura de los pueblos originarios. Hoy día casi todas las comunas tienen su ruca mapuche, [es decir] un centro ceremonial para la gastronomía, la cultura y la medicina tradicional, de manera que, más allá de una bandera y de una tradición combativa, lo que también está apareciendo es una cultura ancestral que habla de solidaridad, de inclusión y participación, de respeto a los mayores y al propio cuerpo.

S.S.: Creo que tenemos que volver a ese espíritu de cooperación que caracterizó a Noruega a principios de los años noventa. Vivimos de nuevo una época de crisis y hay muchas cuestiones en peligro. La polarización que vemos tanto en el mundo como en nuestra parte del mundo da cabida a fuerzas que no desean el bien ni a las minorías, ni a las mayorías ni a las democracias. Los derechos conquistados no se mantendrán automáticamente para siempre. La lucha nunca termina. Lo sabemos muy bien en el movimiento sindical.

L.P.: Cuando pienso en la transición justa, y en particular también en el cambio climático, creo que los pueblos indígenas o los pueblos de las Primeras Naciones tienen mucho que ofrecer. Pero los poderes fácticos no se acercan a preguntar. Por ejemplo, cuando se piensa en las zonas que ahora sufren sequía y falta de agua y demás, los pueblos indígenas de Australia han vivido así durante años. Entonces, ¿cómo es que la gente no habla con ellos? Sobre, por ejemplo, ¿cómo sobreviven en esas situaciones? ¿Y qué es lo que aportan a esos debates? Hay formas de actuar de manera inteligente, sostenible, que los pueblos indígenas siempre han puesto en práctica, y seguirán haciéndolo. Hay un montón de esos conocimientos que las Primeras Naciones poseen y que probablemente solo utilizan por considerarlo cuestiones de sentido común de la vida cotidiana que siempre han aplicado. Si alguien se molestara en investigar o hablar sobre ello, creo que las Primeras Naciones tienen mucho que ofrecer, pero, en primer lugar: ¿tienen voz? Y en segundo: ¿escuchan los demás lo que tienen que decir?

Israel: Democracia en Peligro

. DERECHOS HUMANOS .

Un editorial en La Nación, Buenos Aires

El gobierno israelí, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, aprobó días atrás una ley que redujo el poder de la Corte Suprema de Justicia para objetar decisiones gubernamentales, iniciando un peligroso camino de debilitamiento de las instituciones más fundamentales de un país.


Protesta de ciudadanos israelíes contra la reforma que plantea el primer ministro Ohad Zwigenberg – AP

La coalición gobernante es la más ultraderechista de los 75 años de historia de Israel. Entre sus filas hay miembros de partidos ultraortodoxos, más interesados en acentuar la identidad judía del Estado de Israel que en preservar su componente democrático. Además, integrantes del gabinete han sido imputados por apoyar organizaciones terroristas, así como de ser homófobos confesos que han llamado a la violencia contra poblaciones palestinas.

Las reformas al sistema judicial han disparado protestas jamás vistas en Israel. Por más de 30 semanas cientos de miles de manifestantes desafían lluvia, frío o calor oponiéndose a una reforma que consideran lisa y llanamente un golpe de Estado.

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Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

Democracias occidentales como las de Francia y Alemania sumaron sus críticas. El presidente norteamericano, Joe Biden, tras 50 años de apoyo incondicional a Israel, ha reclamado personalmente a Netanyahu que frene la iniciativa y que acuerde con la oposición una reforma que no altere la democracia. La medida también fue recibida con decepción por muchas organizaciones judías de Estados Unidos como la American Jewish Committee y la Anti-Defamation League.

Dentro de la coalición del gobierno israelí hay voces e iniciativas que reducirían los derechos de las minorías del país, principalmente los palestinos con nacionalidad israelí, pero también los derechos de las mujeres y de los grupos Lgbtq, entre otros.

Muchos analistas coinciden en que, en línea con lo sucedido en Hungría, Polonia o Turquía, donde la concentración del poder hace casi imposible remover al presidente a pesar de celebrarse elecciones, Israel pretendería así abandonar progresivamente su carácter democrático, esencial para mantener los fuertes lazos con Occidente y, particularmente, con su mayor aliado en el mundo, los Estados Unidos.

Tal como explicó Raanan Rein, el prestigioso historiador israelí y exvicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, muchos golpes ya no se ejecutan con tanques en las calles, sino por medio de la progresiva erosión de las libertades individuales, mediante el copamiento de la Justicia, los medios de comunicación y el sistema educativo.

De continuar por esta senda, la fractura social puede ser muy perjudicial para el país. Reservistas militares amenazan con no presentarse a sus tareas, la mayor asociación de médicos del país declaró una huelga de 24 horas en protesta por la votación y grupos sindicales amenazan con medidas de fuerza.

El sector que se opone a la reforma está compuesto mayoritariamente por grupos de enorme peso económico, como el tecnológico. La calificadora de riesgo Moody’s ya advirtió sobre las “consecuencias negativas” de la reforma. Tras la votación, cuatro matutinos israelíes publicaron una gran mancha negra en sus portadas con la frase “Un día negro para la democracia israelí”.

Es imperioso que el gobierno israelí reconsidere su avance sobre la Justicia, evite mayores daños a su prestigio internacional y a la cohesión de su población con el objetivo de mantener una sociedad plural, una economía moderna y un sistema político alineado con las democracias de Occidente, acorde con lo establecido en su declaración de independencia.

(Gracias a Other News por enviar este artículo a CPNN).

Colombia: La Escuela Abraza la Verdad

. DERECHOS HUMANOS .

Especial para CPNN de Amada Benevides

La espera ha terminado. Después de que en el 2017 naciera la Comisión de la Verdad, hoy martes 28 de junio de 2022, cinco años después, se presentó el informe final en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, de Bogotá.

El pasado 9 de junio más de 1300 instituciones educativas en toda Colombia conmemoramos el primer aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad. En compañía de organizaciones de la sociedad civil y secretarías de educación las escuelas se organizaron para vivir un día especial con sus comunidades educativas, abriendo un camino de diálogo y reflexión sobre el valor de la verdad en la convivencia y la historia del conflicto armado colombiano.

El 28 de junio de 2022, después de más de 3 años de trabajo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición entregó a la sociedad su Informe Final. La Comisión de la Verdad (CEV), junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de las Personas Desaparecidas en el marco del Conflicto Armado (UBPD) hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición surgido del Acuerdo entre las FARC –EP y el Gobierno colombiano para finalizar el conflicto armado que duró más de 60 años.

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Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

Truth Commissions, Do they improve human rights?

What is happening in Colombia, Is peace possible?

El informe de la Comisión se compone de 11 capítulos que están diseñados en múltiples formatos para que puedan ser abordados por diversas comunidades y poblaciones. El Informe final de la Comisión es un bien público. Sus recomendaciones surgen de un análisis profundo sobre lo ocurrido durante años de violencia de más de 1.000 informes entregados por sociedad civil, cerca de 30.000 personas entrevistadas y escuchadas sobre lo que es necesario para la no repetición. No todas las recomendaciones están dirigidas al Gobierno ni al Estado; hay varias que recaen sobre el resto de la sociedad civil y es por ello que es tan importante su divulgación con los sectores de la educación formal y no formal. Niñas, niñas, adolescentes y jóvenes, así como toda la comunidad educativa, tienen el derecho a conocer la verdad de lo que pasó en el marco del conflicto armado y el compromiso de trabajar en acciones para que esto no se repita.

Para conmemorar la fecha del lanzamiento del informe las organizaciones aliadas de la Comisión invitamos a las instituciones educativas a desarrollar tres jornadas especiales de deliberación y acción con el objetivo de promover espacios de reflexión con la comunidad educativa sobre los aspectos más importantes del Informe y cómo estos procesos aportan a la construcción de paz desde el esclarecimiento de la verdad y las recomendaciones para la construcción de convivencia que desarrolló la CEV en sus tres años de trabajo.

Las organizaciones aliadas de la Comisión, entra las que se cuenta Fundación Escuelas de Paz – organizaciones de la sociedad civil, universidades, Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación Nacional – conscientes que el aporte a la Paz debe ser un proceso continuo, nos unimos con el fin de proponer el desarrollo de una agenda conmemorativa con tres fechas- hitos que motiven la reflexión sobre el trabajo que se realiza desde el Sistema Integral para la Paz y mantenga vivo el Legado de la Comisión.

Estas jornadas serán:

Junio 9 – La Escuela Abraza la Verdad.

Agosto 30 – La Escuela abraza la empatía.

Octubre 2 – La escuela abraza la justicia y la restauración.

Brasil assina em Buenos Aires declaração de combate ao discurso de ódio na internet

TOLERANCE & SOLIDARITY .

Un artigo de governo do Brasil

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, assinou nesta sexta-feira (12), ao lado de representantes de outros países do Mercosul, a “Declaração por uma Cultura de Paz e Democracia e de Combate a Expressões e Discursos de Ódio”. O documento, escrito durante a plenária da 41ª Reunião de Altas Autoridades sobre Direitos Humanos do Mercosul (RAADH), em Buenos Aires, manifesta o posicionamento dos países do bloco para o enfrentamento da questão.


Ministro Silvio Almeida representou o Brasil durante encontro da RAADH em Buenos Aires, na Argentina. (Foto: Isabel Carvalho – Ascom/MDHC)

Durante as discussões da Plenária de Altas Autoridades, o ministro posicionou-se de forma contundente contra a prática do discurso de ódio. “Fascistas não têm opinião política, têm ódio e nós temos o dever de Estado de combater todo e qualquer discurso de ódio e de determinar o voto sem fronteiras contra fascistas e nazistas”, afirmou. 

O texto da declaração condena o racismo, a xenofobia e todas as formas de opressão apoiadas por meio da circulação de discursos e expressões de ódio. Condena, ainda, manifestações postadas em redes sociais e meios de comunicação que, de forma intencional, expõem negativamente pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade e historicamente discriminados. 

As altas autoridades abordaram, durante a plenária, a temática dos Direitos Humanos e o exercício da Cidadania. A delegação brasileira reiterou o compromisso do país com as políticas de proteção e promoção do idoso, destacando a urgência da necessidade de políticas específicas de direitos humanos para essa população, incluindo processos de inclusão. Além disso, foram apresentados dados sobre o envelhecimento da população no Brasil e na região, destacando que os idosos ainda sofrem violações de direitos e discriminação por idade.

Grupo de trabalho 
  
Na declaração também foi acordada a criação de grupo de trabalho (GT) para criação de uma série de diretrizes a serem usadas internamente pelos países signatários. As orientações visam garantir a proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que habitam seus territórios por meio de ações de prevenção e tratamento para enfrentar todas as outras formas de discriminação, bem como promover todo tipo de responsabilização posterior.

(Artigo continuou na coluna à direita)

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Question related to this article:

Are we making progress against racism and hate speech?

“A América Latina tem um histórico de instabilidade política e ataques à soberania e de desrespeito aos direitos humanos. É importante que se posicionem em defesa da democracia e da estabilidade institucional, combatendo todo tipo de ameaça”, defendeu o ministro. 

A participação do Brasil no evento marca a retomada do país nas discussões da pauta de direitos humanos na América Latina, relegada ao longo dos últimos quatro anos.

Debates 

A 41ª RAADH aconteceu durante toda semana e ao final as autoridades apresentaram na plenária um compilado de informações das reuniões temáticas com as sugestões que consideram importantes a serem adotados por todos os países do bloco Mercosul.  

Entre os temas discutidos pelo Brasil estão questões relativas a crianças e adolescentes, direitos das mulheres, pessoas com deficiência, idosos, educação e cultura, comunicação, participação social, memória, verdade e justiça, e igualdade social. 

Simbolismo

O local escolhido para sediar a Plenária de Altas Autoridades de Direitos Humanos teve um simbolismo especial. Foi realizada no Sitio de Memoria ESMA, antigo centro de tortura e extermínio e que hoje funciona como local de memória das atrocidades cometidas contra as vítimas do último golpe militar na Argentina (1976 a 1983).  A realização da 41ª RAADH em local tão emblemático foi ressaltada pelos participantes do evento e constou na Ata Final da Plenária.

Além do ministro Silvio Almeida, representando o Brasil, participaram da Plenária Horacio Pietragalla, secretário de Direitos Humanos da Argentina; Silvia Patiño Santacruz, vice-ministra de Justiça do Paraguai; Tomas Ignacio Pascual Ricke, diretor de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores do Chile; e Carlos Alberto Chocano Burga, embaixador do Peru na Argentina.

Próxima RAADH 

A Reunião de Altas Autoridades sobre Direitos Humanos do Mercosul (RAADH) acontece semestralmente e é responsável por refletir e ditar a agenda de direitos humanos do bloco. 

A 42ª edição do evento será realizada no próximo semestre no Brasil, quando o país exercerá a presidência Pro Tempore do Mercosul e abrigará as discussões do bloco.

La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo: Informe 2022/23 de Amnistía Internacional

. DERECHOS HUMANOS .

El Informe Anual de Amnistía Internacional

* El Informe Anual de Amnistía Internacional en 2022 pone en evidencia el doble rasero que existe en materia de derechos humanos en todo el mundo, así como la inacción de la comunidad internacional a la hora de unirse en torno a unos derechos humanos y unos valores universales aplicados sistemáticamente.

* La contundencia de Occidente en su respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania contrasta marcadamente con la deplorable falta de medidas significativas ante las graves violaciones de derechos humanos que están cometiendo algunos de sus aliados, como Israel, Arabia Saudí y Egipto.

* Los derechos de las mujeres y la libertad de protesta corren peligro ante la inacción de los Estados a la hora de proteger y respetar estos derechos en su territorio.

* Cuando se cumplen 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional insiste en que un sistema internacional basado en normas debe fundamentarse en los derechos humanos y aplicarse a todas las personas en todas partes.

La invasión en gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 ha desencadenado numerosos crímenes de guerra, ha generado una crisis energética y alimentaria mundial y ha alterado aún más el sistema multilateral, ya de por sí debilitado. También ha puesto de manifiesto la hipocresía de los Estados occidentales que reaccionaron con contundencia a la agresión del Kremlin pero consienten violaciones graves de los derechos humanos en otros lugares. Así lo ha afirmado Amnistía Internacional al presentar su análisis anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.

El Informe 2022/23 de Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo concluye que el doble rasero y la insuficiencia de las respuestas a los abusos de derechos humanos que se cometen en todo el mundo, incluidos el silencio clamoroso respecto al historial de derechos humanos de Arabia Saudí, la pasividad a propósito de Egipto y la negativa a hacerle frente al sistema de apartheid israelí contra la población palestina, han reforzado la impunidad y la inestabilidad.

El informe también destaca el empleo por parte de China de tácticas de mano dura para impedir la acción internacional sobre los crímenes contra la humanidad que ha cometido, así como la inacción de las instituciones globales y regionales —maniatadas por los intereses individuales de sus miembros— a la hora de responder adecuadamente a conflictos en los que miles de personas están perdiendo la vida, como son los de Etiopía, Myanmar y Yemen.

“La invasión rusa de Ucrania es un ejemplo espeluznante de lo que sucede cuando los Estados creen que pueden incumplir el derecho internacional y violar los derechos humanos sin pagar sus consecuencias”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La Declaración Universal de Derechos Humanos surgió hace 75 años de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. En su esencia está el reconocimiento universal de que todas las personas tienen derechos y libertades fundamentales. Aunque las dinámicas de poder mundiales están inmersas en el caos, los derechos humanos no pueden perderse en mitad de tanta confusión. Deben ser el faro que guíe al mundo en un entorno cada vez más volátil y peligroso. No esperemos a que el mundo arda de nuevo.”

El vergonzoso doble rasero facilita nuevos abusos

La invasión en gran escala de Ucrania por parte de Rusia ha desatado una de las peores emergencias humanitarias y de derechos humanos de la historia reciente. El conflicto no sólo ha dado lugar a desplazamientos masivos, crímenes de guerra e inseguridad energética y alimentaria en todo el mundo, sino que también ha agitado el inquietante avispero de la guerra nuclear.

La respuesta no ha tardado en llegar: los Estados occidentales han impuesto sanciones económicas a Moscú y enviado apoyo militar a Kiev; la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania, y la Asamblea General de la ONU votó a favor de condenar la invasión rusa y calificarla acto de agresión. Esta iniciativa firme, por más que bien recibida, contrasta marcadamente con la respuesta que se ha dado a episodios anteriores de violaciones de derechos humanos masivas cometidas por Rusia y otros países, así como con la lamentable respuesta que se está dando a conflictos como los de Etiopía y Myanmar.

“Si el sistema hubiese funcionado y se hubiese hecho rendir cuentas a Rusia por sus crímenes documentados en Chechenia y Siria, podrían haberse salvado miles de vidas entonces y ahora, en Ucrania y en otros lugares. Y, en cambio, nos toca lidiar con más sufrimiento y devastación”, ha dicho Agnès Callamard.

“Si la guerra de agresión rusa deja algo claro para el futuro del mundo es la importancia de contar con un orden internacional basado en unas normas que se apliquen de manera efectiva y coherente. Todos los Estados deben intensificar sus esfuerzos para contar con un orden basado en reglas y renovado, que beneficie a todas las personas en todas partes.”

Para la población palestina de la Cisjordania ocupada, 2022 fue uno de los años más mortíferos desde que en 2006 la ONU comenzara a llevar un registro sistemático de las víctimas. Y es que las fuerzas israelíes mataron al menos a 151 personas palestinas, incluidas decenas de niños y niñas. Las autoridades israelíes continuaron obligando a personas palestinas a abandonar sus hogares, y el gobierno está poniendo en marcha planes para ampliar drásticamente los asentamientos ilegales en toda la Cisjordania ocupada. En lugar de exigir el fin del sistema de apartheid israelí, muchos gobiernos occidentales optaron por atacar a quienes lo denunciaban.

Estados Unidos ha criticado enérgicamente las violaciones del derecho internacional cometidas por Rusia en Ucrania y ha admitido en su territorio a decenas de miles de personas ucranianas que huían de la guerra. Sin embargo, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 expulsó a más de 25.000 personas haitianas en aplicación de políticas y prácticas arraigadas en el racismo contra las personas negras, y sometió a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos.

Los Estados de la Unión Europea abrieron sus fronteras a la población ucraniana que huía de la agresión rusa y, siendo uno de los bloques más ricos del mundo, demostraron tener capacidad más que de sobra para acoger a grandes cantidades de personas que buscaban seguridad y ofrecerles acceso a salud, educación y alojamiento. Sin embargo, muchos mantuvieron sus fronteras vetadas a quienes escapaban de la guerra y la represión en Siria, Afganistán y Libia.

“La respuesta a la invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto lo que se puede hacer cuando hay voluntad política: el mundo entero la condenó, se iniciaron investigaciones sobre los crímenes que se estaban cometiendo y se abrieron las fronteras a las personas refugiadas. Esta respuesta debe servirnos de modelo para abordar todas las violaciones de derechos humanos masivas”, ha afirmado Agnès Callamard.

Este doble rasero de Occidente ha envalentonado a países como China, y ha permitido a Egipto y Arabia Saudí eludir, ignorar y desviar las críticas que se les han hecho sobre sus respectivos historiales de derechos humanos.

Pese a las masivas violaciones de derechos humanos —equivalentes a crímenes de lesa humanidad— cometidas contra la población uigur y otras minorías musulmanas, China ha eludido la condena internacional de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a un relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Rusia y estableció un mecanismo de investigación sobre Irán a raíz de las cruentas protestas que estallaron en ese país. Sin embargo, votó no seguir investigando ni debatiendo siquiera las propias conclusiones de la ONU sobre la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Xinjiang (China), y suspendió una resolución sobre Filipinas.

“Los países aplicaron el derecho de los derechos humanos dependiendo del caso, en un asombroso espectáculo de hipocresía y doble moral palmarias. Los Estados no pueden criticar las violaciones de derechos humanos primero, y luego consentir abusos similares en otros países solamente por proteger sus propios intereses. Es inadmisible y erosiona los fundamentos del sistema universal de derechos humanos”, ha dicho Agnès Callamard.

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What is the state of human rights in the world today?

“También necesitamos que los Estados que hasta ahora no han osado alzar la voz tomen cartas en el asunto y se posicionen en contra de los abusos contra los derechos humanos dondequiera que se cometan. Necesitamos menos hipocresía, menos cinismo y una acción de todos los Estados que sea más coherente, más ambiciosa y más basada en principios a fin de promover y proteger todos los derechos.”

Represión implacable de la disidencia en todo el mundo

En 2022, en Rusia se denunció judicialmente a disidentes y se clausuraron medios de comunicación por el mero hecho de mencionar la guerra de Ucrania. Se encarceló a periodistas en Afganistán, Bielorrusia, Etiopía, Myanmar, Rusia y decenas de países más en los que arreciaban los conflictos.

>En Australia, India, Indonesia y Reino Unido, las autoridades aprobaron legislación que imponía restricciones a las manifestaciones, mientras que en Sri Lanka se emplearon los poderes del estado de excepción para reprimir las protestas masivas contra una crisis económica rampante. La legislación de Reino Unido otorgaba a los agentes policiales amplias facultades, incluida la de prohibir “protestas ruidosas”, lo que socavaba la libertad de expresión y de reunión pacífica.

La tecnología —utilizada para silenciar, impedir reuniones públicas o desinformar— se convirtió en un arma contra muchas personas.

Las autoridades iraníes respondieron al levantamiento sin precedentes contra decenios de represión empleando fuerza ilegítima mediante munición real, perdigones metálicos, gas lacrimógeno y palizas, lo que causó centenares de muertes, entre ellas las de decenas de menores. En diciembre, las fuerzas de seguridad peruanas emplearon fuerza ilegítima, especialmente contra población indígena y campesina, para sofocar las protestas que estallaron durante la crisis política que siguió a la destitución del presidente Castillo. También se reprimió a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y figuras políticas de la oposición en países como Zimbabue y Mozambique.

En respuesta a la creciente amenaza al derecho a protestar, en 2022 Amnistía Internacional lanzó una campaña global para hacer frente a la intensificación de las iniciativas de los Estados para erosionar el derecho fundamental a la libertad de reunión pacífica. Como parte de esta campaña, la organización pide la adopción de un tratado sobre el comercio sin tortura que prohíba la producción y el comercio de material utilizado para hacer cumplir la ley intrínsecamente abusivo y que controle el comercio de este material, utilizado para infligir tortura y otros malos tratos.

Las mujeres sufren las peores consecuencias de la inacción de los Estados a la hora de proteger y respetar los derechos

La represión de la disidencia y los planteamientos incoherentes en materia de derechos humanos también tuvieron claras consecuencias en los derechos de las mujeres.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una antigua garantía constitucional del derecho al aborto, lo que puso en peligro el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, la intimidad, la seguridad y la no discriminación de millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas.

En 2022 se aprobó legislación para prohibir o restringir el acceso al aborto en varios estados de Estados Unidos, y en Polonia se enjuició a activistas por ayudar a mujeres a conseguir píldoras abortivas.

Las mujeres indígenas continuaban sufriendo violaciones y otros actos de violencia sexual en un grado desproporcionadamente elevado en Estados Unidos. En Pakistán, pese a que se denunciaron varios casos de gran resonancia de asesinatos de mujeres a manos de familiares, el Parlamento no promulgó una ley sobre violencia de género en el ámbito familiar pendiente desde 2021. En India se cometieron impunemente actos violentos contra mujeres dalits y adivasis, entre otros crímenes de odio basados en la casta.

En Afganistán se constató un deterioro particularmente notorio en los derechos de las mujeres y las niñas a la autonomía personal, la educación, el trabajo y el acceso a los espacios públicos a raíz de una serie de edictos de los talibanes. En Irán, la “policía de la moral” detuvo violentamente a Mahsa (Zhina) Amini por llevar fuera del pañuelo unos mechones de cabello. Unos días después, Mahsa murió bajo custodia y hubo informes verosímiles de tortura, lo que desencadenó protestas en todo el país en las que resultaron heridas, detenidas o muertas muchas más mujeres y niñas.

“El ansia de los Estados por controlar el cuerpo de las mujeres y las niñas, su sexualidad y su vida deja tras de sí un terrible legado de violencia, opresión y pérdida de potencial”, ha afirmado Agnès Callamard.

La acción global contra las amenazas a la humanidad ha sido lamentablemente insuficiente

En 2022, el mundo siguió sufriendo las consecuencias de la pandemia de COVID-19. El cambio climático, los conflictos y las perturbaciones económicas causadas en parte por la invasión rusa de Ucrania agravaron aún más los riesgos para los derechos humanos.

Como consecuencia de la crisis económica, el 97% de la población de Afganistán vivía en la pobreza. En Haití, la violencia generalizada de las bandas agravó una crisis política y humanitaria que llevó a más del 40% de la población a sufrir inseguridad alimentaria aguda.

Las condiciones climáticas extremas, agravadas por la celeridad del calentamiento global, provocaron hambrunas y enfermedades en varios países de Asia meridional y África subsahariana, incluidos Pakistán y Nigeria, donde las inundaciones tuvieron consecuencias catastróficas en la vida y los medios de subsistencia de la población y desencadenaron un brote de enfermedades transmitidas por el agua que causaron cientos de muertes.

Con esta situación como telón de fondo, los gobiernos no actuaron en favor del interés superior de la humanidad y no abordaron la dependencia de los combustibles fósiles, principal factor que nos aboca a la mayor amenaza para la vida tal como la conocemos. Esta inacción colectiva fue otro claro ejemplo de la debilidad de los sistemas multilaterales actuales.

“Los embates de varias crisis simultáneas asedian al mundo, como los conflictos generalizados, una economía mundial cruel que lastra a demasiados Estados con una deuda insostenible, el fraude tributario de las empresas, el uso de la tecnología como arma, la crisis climática y los desplazamientos de las placas tectónicas del poder. Si nuestras instituciones internacionales no están a la altura de las circunstancias no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir a estas crisis”, ha añadido Agnès Callamard.

Es preciso reformar las instituciones internacionales disfuncionales

En lugar de socavar las instituciones y los sistemas internacionales que deben proteger nuestros derechos, es esencial fortalecerlos. La primera medida es garantizar la plena financiación de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, de manera que puedan investigar, hacer rendir cuentas e impartir justicia.

Amnistía Internacional también pide que se reforme el principal órgano de toma de decisiones de la ONU —el Consejo de Seguridad— a fin de dar voz a países y situaciones que han sido tradicionalmente ignorados, especialmente en el Sur global.

“Para reflejar las realidades de hoy, es preciso acometer una reforma profunda del sistema internacional. No podemos permitir que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU continúen ejerciendo su poder de veto y haciendo un uso abusivo de sus privilegios sin control. La falta de transparencia y eficacia del proceso de toma de decisiones del Consejo deja a todo el sistema expuesto a la manipulación, los abusos y un funcionamiento deficiente”, ha manifestado Agnès Callamard.

Sin embargo, mientras la actuación interesada de los gobiernos elude la priorización de nuestros derechos humanos, el movimiento de derechos humanos demuestra que las personas a las que esos Estados deberían haber protegido siguen siendo fuente de inspiración y esperanza.

En Colombia, el tesón del activismo en favor de los derechos de las mujeres y la acción judicial contribuyeron a la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo. En Sudán del Sur se excarceló a Magai Matiop Ngong —que tenía 15 años cuando fue condenado a muerte en 2017— después de que miles de personas de todo el mundo pidieran su libertad a las autoridades.

El activista ambiental indígena maya Bernardo Caal Xol quedó en libertad condicional tras pasar cuatro años en prisión en Guatemala por cargos falsos. Tras años de campañas llevadas a cabo por movimientos de mujeres en España, el Parlamento nacional aprobó una ley que determinaba que el consentimiento constituía el elemento clave de la definición jurídica de la violación. Kazajistán y Papúa Nueva Guinea abolieron la pena de muerte.

“Ante las atrocidades y los abusos, es fácil caer en la desesperanza, pero durante 2022 la gente ha demostrado que no estamos indefensos”, ha concluido Agnès Callamard.

“Hemos presenciado actos icónicos de resistencia, como los de las mujeres afganas que salieron a la calle a protestar contra el régimen talibán y los de las iraníes que caminaron en público sin velo o se cortaron el pelo como protesta por las leyes del país sobre la obligatoriedad de llevarlo. Millones de personas oprimidas sistemáticamente por el patriarcado y el racismo tomaron las calles para exigir un futuro mejor. Lo hicieron en años anteriores y volvieron a hacerlo en 2022, lo que debería servir para que nuestros gobernantes tengan presente que jamás vamos a permanecer impasibles ante sus ataques a nuestra dignidad, igualdad y libertad.”

Amnistia Internacional: Los derechos humanos triunfan en 2022

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Amnistia Internacional

Ante lo que a veces parece una sucesión interminable de malas noticias en los medios de comunicación es fácil sucumbir al pesimismo. Sin embargo, este año ha habido muchas buenas noticias que celebrar.

El trabajo constante de campaña, incidencia y medios de comunicación que Amnistía ha realizado durante 2022 ha tenido un impacto positivo en personas de todo el mundo cuyos derechos humanos estaban violándose. Quedaron en libertad personas detenidas injustamente. Se hizo rendir cuentas a responsables de abusos contra los derechos humanos. Los gobiernos aprobaron leyes y resoluciones fundamentales en el ámbito nacional e internacional. Continuó avanzando la abolición mundial de la pena de muerte. Y hubo importantes avances en el ámbito de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI.

He aquí un resumen de las victorias logradas en 2022 en materia de derechos humanos.

Liberación de personas encarceladas injustamente

El trabajo constante de Amnistía sobre casos individuales contribuyó a que personas de todo el mundo quedaran en libertad, a que las familias consiguieran justicia y a que los perpetradores de abusos rindieran cuentas.

En enero, el profesor universitario Faizullah Jalal quedó en libertad tras haber sido detenido arbitrariamente por los talibanes.

En febrero, el abogado srilankés y preso de conciencia de Amnistía Hejaaz Hizbullah quedó en libertad bajo fianza tras pasar casi dos años detenido en espera de juicio en virtud de la draconiana Ley de Prevención del Terrorismo de Sri Lanka. Otras dos personas detenidas en aplicación de esta ley, Ahnaf Mohamed Imran y Divaniya Mukunthan, también quedaron en libertad bajo fianza en agosto y septiembre, respectivamente.

En Honduras, los“ocho defensores de Guapinol”, presos de conciencia defensores del derecho al agua, quedaron en libertad incondicional en febrero, tras pasar más de dos años encarcelados por su activismo de derechos humanos.

Al mes siguiente, en la vecina Guatemala, el ambientalista indígena maya y preso de conciencia Bernardo Caal Xol fue puesto en libertad poco después de haber sido encarcelado por cargos falsos relacionados con su activismo. Durante la campaña de Amnistía Escribe por los Derechos 2021 se emprendieron más de medio millón de acciones en su favor.

Ese mismo mes de marzo, en otro lugar del globo, Sudán del Sur, Magai Matiop Ngong —en favor del cual se emprendieron más de 700.000 acciones durante Escribe por los Derechos 2019— fue excarcelado tras haber sido condenado a muerte en 2017, cuando tenía 15 años.

En agosto quedó en libertad el maestro de escuela Hriday Chandra Mondal, detenido por hablar en sus clases sobre la diferencia entre ciencia y religión. Posteriormente se retiraron todos los cargos en su contra.

En mayo, Israel puso fin a la detención administrativa de Amal Nakhleh, palestino de 18 años que sufre una enfermedad autoinmune crónica, tras 16 meses de campaña de Amnistía y otras organizaciones.

En julio, un tribunal ruso absolvió a Yulia Tsvetkova, acusada de “producir y difundir materiales pornográficos” por sus ilustraciones de vaginas al estilo del movimiento “Body Positive” publicadas en Internet.

Tras una Acción Urgente de Amnistía, el activista maldivo Rusthum Mujuthaba, privado de libertad por cargos de blasfemia relacionados con una publicación en las redes sociales, salió de la cárcel en agosto.

El doctor Mohammed al-Khudari fue excarcelado en Arabia Saudí en octubre tras pasar más de tres años en detención arbitraria junto con su hijo, el doctor Hani al-Khudari. Ambos habían sido condenados a penas de prisión por cargos falsos. Hani al-Khudari sigue en la cárcel a pesar de que su condena terminó en febrero, y Amnistía continúa haciendo campaña para que sea puesto en libertad.

Seis palestinos que denunciaron haber sido torturados en las cárceles de la Autoridad Palestina quedaron en libertad bajo fianza dos semanas después de la intervención de Amnistía en noviembre.

Gracias al apoyo de Amnistía Argentina, una familia ucraniana pudo escapar de la guerra e instalarse en Argentina en noviembre. La historia se documenta en este breve vídeo.

En Yemen, el periodista Younis Abdelsalam quedó en libertad en diciembre tras haber pasado más de un año detenido arbitrariamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión.

Justicia para las familias, rendición de cuentas de quienes cometen abusos

En Malawi, un tribunal hizo justicia en abril al declarar a 12 hombres culpables del homicidio en 2018 de MacDonald Masambuka, un hombre con albinismo.

En junio se hizo por fin justicia parcialmente por el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, activista ambiental y en favor de los derechos de los pueblos indígenas, al dictarse pena de prisión para David Castillo como coautor de su muerte. Amnistía continúa haciendo campaña para que otras personas sospechosas de haber tenido alguna responsabilidad en el asesinato de Berta comparezcan ante la justicia.

Tras las presiones de las autoridades estadounidenses, y después de una visita a Israel del presidente Biden, el Ministerio de Defensa israelí acordó en octubre el pago de una indemnización a la familia del palestino-estadounidense Omar As’ad, que murió tras ser maltratado por soldados israelíes en un puesto de control en enero.

En noviembre, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) informó al gobierno israelí de su intención de llevar a cabo una investigación sobre el homicidio, en mayo, de la periodista palestina-estadounidense Shireen Abu Akleh a manos de un soldado israelí.

En diciembre, un juez libanés acusó formalmente de tortura a cinco miembros de la Seguridad del Estado en la causa del refugiado sirio Bashar Abdel Saud, que había muerto bajo custodia en agosto.

Continúan los avances hacia la abolición mundial de la pena de muerte

La campaña de Amnistía en favor de la abolición mundial de la pena de muerte siguió cosechando éxitos en 2022, ya que una serie de países suprimieron este castigo o avanzaron significativamente hacia su abolición.

En enero entró en vigor la abolición de la pena de muerte para todos los delitos en Kazajistán. Le siguió Papúa Nueva Guinea, que en abril abolió la pena capital 30 años después de haberla reintroducido.

El presidente de Zambia anunció en mayoa través de las redes sociales que el país iniciaría el proceso de dejar de utilizar la pena de muerte, y en junio el gobierno de Malasia inició el procedimiento para eliminar la pena de muerte preceptiva para 11 delitos.

En septiembre entró en vigor una nueva ley que eliminaba la pena capital del Código Penal en Guinea Ecuatorial.

Mientras, la inmensa mayoría de países del África subsahariana donde aún existe la pena de muerte para todos los delitos, como Kenia, Malawi, Uganda, Zambia y Zimbabue, continuaron sin llevar a cabo ejecuciones.

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Leyes nacionales y acuerdos internacionales históricos

Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, la labor de Amnistía fue vital para contribuir a que se aprobaran leyes y resoluciones esenciales, así como para garantizar la rendición de cuentas de las empresas respecto a sus responsabilidades en materia de derechos humanos.

Ámbito nacional

En EE. UU. se lograron importantes avances en el terreno de los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Por ejemplo, en marzo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la designación de Afganistán al Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta decisión ofrece protección frente a la deportación a las personas de nacionalidad afgana que carecen de visado y se encontraran en Estados Unidos antes del 15 de marzo de 2022, disipando sus temores de ser devueltas a un Afganistán bajo el régimen talibán. Amnistía EE. UU. hace campaña en favor de un proyecto de ley que proporcione una vía para conseguir la ciudadanía a afganos y afganas que busquen seguridad: la Ley de Ajuste Afgano.

Una victoria en la protección y la promoción de la libertad de expresión en India fue la suspensión de la ley sobre sedición, de 152 años de antigüedad, por el Tribunal Supremo.

En junio, el gobierno de Sierra Leona preparó un proyecto de ley sobre salud mental más acorde con las normas internacionales de derechos humanos que la anticuada y discriminatoria “Ley de la Locura” de 1902. Esto había sido una demanda fundamental en el informe de Amnistía de mayo de 2021 sobre la salud mental en el país.

En junio, el Parlamento de Níger aprobó enmiendas a la Ley sobre Delitos Informáticos que reducían las penas de prisión por difamación e injurias. Esta ley había sido empleada de forma habitual para atacar y detener arbitrariamente a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas.

En Estados Unidos, con la aprobación de la Ley sobre Comunidades más Seguras en junio se consiguió la legislación sobre violencia con arma de fuego en favor de la cual llevaban largo tiempo haciendo campaña Amnistía Estados Unidos y otras entidades asociadas. Esta ley asigna otros 250 millones de dólares estadounidenses a programas de interrupción de la violencia comunitaria.

El impacto del trabajo de Amnistía sobre la infancia en zonas de conflicto de Níger se materializó, por ejemplo, en el aumento de la vigilancia de la ONU. En julio, el secretario general de la ONU pidió a su representante especial para la cuestión de los niños y los conflictos armados, que propiciara “una mayor capacidad de vigilancia en la región del Sahel Central”, que abarca la zona de triple frontera de Níger. Ésta era una de las principales recomendaciones de nuestro informe de septiembre de 2021.

Durante todo el año, Amnistía observó también que ciertas empresas se tomaron más en serio sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Así, tras una petición de la organización, las autoridades de Sierra Leona solicitaron a la empresa minera Meya, que desarrolla sus actividades en el distrito de Kono, que respondiera a nuestros motivos de preocupación respecto al impacto negativo de estas actividades sobre la población local. Meya contestó que participaba en varias iniciativas para mejorar la seguridad de esta población y el acceso a agua potable de las comunidades.

La investigación de Amnistía sobre la vinculación de la cadena de suministro de combustible para la aviación a crímenes de guerra en Myanmar influyó en que varias empresas anunciaran que dejarían de vender combustible de aviación al país ante el peligro de que el ejército myanmaro estuviera utilizando los envíos para llevar a cabo mortíferos ataques aéreos. Una de estas empresas fue Puma Energy, que anunció su retirada menos de dos semanas después de conocer los resultados de la investigación de Amnistía. Thai Oil y la empresa naviera noruega Wilhelmsen confirmaron también que se retirarían de la cadena de suministro, y se preveía que habría más abandonos.

Ámbito internacional

Tras el informe de Amnistía, el relator especial de la ONU Michael Lynk afirmó en marzo que Israel practica el apartheid, al igual que posteriormente lo haría el relator especial Balakrishnan Rajagopal en julio, añadiendo con ello sus voces a las de un grupo cada vez más numeroso de expertos y expertas.

En abril, la Unión Europea llegó a un acuerdo político sobre la Ley de Servicios Digitales, un marco regulador histórico que, entre otras cosas, exige a las grandes empresas tecnológicas evaluar y gestionar los riesgos sistémicos que presentan sus servicios, como la apología del odio y la difusión de desinformación.

Se hicieron importantes avances sobre justicia medioambiental con la aprobación de una resolución de la Asamblea General en julio que reconocía el derecho a un medioambiente saludable. Esta aprobación se produjo tras la de otra resolución similar aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a finales de 2021.

En julio, diez países europeos, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, y Suecia, rechazaron la designación como “terroristas” e “ilegítimas” de siete organizaciones de la sociedad civil palestinas por el Ministerio de Defensa israelí. El gobierno estadounidense expresó su preocupación por la irrupción del ejército israelí en las oficinas de las organizaciones en agosto, y expertos de la ONU condenaron los ataques de Israel contra la sociedad civil palestina.

En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución especial sobre Afganistán en su 51 periodo de sesiones. Amnistía sugirió que se incluyera un llamamiento para que el relator especial de la ONU sobre Afganistán preparara un informe temático sobre la situación de las mujeres y las niñas en el país. La idea fue apoyada por varios países e incluida en el texto definitivo de la resolución.

En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó hasta septiembre de 2024 el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, un mecanismo internacional independiente que investiga activamente e informa con regularidad sobre crímenes de derecho internacional y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado y en la actualidad. Y en noviembre, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución histórica para establecer una nueva misión de investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en Irán en relación con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022 en todo el país.

El mandato del Proyecto de Rendición de Cuentas de la OACNUDH en Sri Lanka se prorrogó por otros dos años en octubre. El mandato de este proyecto es recopilar y preservar las pruebas para futuros procesos de rendición de cuentas, un aspecto fundamental para garantizar que se mantiene la presión sobre el gobierno de Sri Lanka para que solucione y ponga fin a las violaciones de derechos humanos cometidas en el presente y en el pasado.

Victorias en el ámbito de los derechos de las mujeres

En el año hubo varias victorias para los derechos de las mujeres en las que Amnistía estuvo en primera línea.

El avance más reciente sobre derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica se produjo en febrero con la despenalización del aborto en Colombia durante las primeras 24 semanas de gestación. El aborto había sido legalizado en Argentina en 2020 y despenalizado en México en 2021.

En mayo, la cámara baja del Parlamento español aprobó un proyecto de ley con importantes medidas para prevenir y enjuiciar las violaciones. El Parlamento finlandés aprobó medidas similares en junio, adoptando reformas que establecían la falta de consentimiento como clave definitoria de la violación. En octubre, Finlandia también aprobó reformas que flexibilizaban sus leyes de aborto, las más estrictas de los países nórdicos.

En septiembre fue absuelta en Argentina la doctora Miranda Ruiz, procesada injustamente por haber garantizado un aborto legal.

Importantes victorias en el ámbito de los derechos de las personas LGBTI

Amnistía contribuyó a varias victorias importantes en el ámbito de los derechos de las personas LGBTI durante 2022.

En una importante afirmación del derecho de las personas transgénero a la dignidad, la felicidad y la vida familiar, el Tribunal Supremo de Corea del Sur falló que tener hijos o hijas menores de edad no debía ser razón inmediata para negar el reconocimiento legal de la identidad de género a las personas transgénero.

En julio fue legalizado en Suiza el matrimonio entre personas del mismo sexo tras un referéndum en el que votaron a favor casi dos tercios de la población. En Eslovenia la legalización se produjo en octubre, tras una sentencia del Tribunal Constitucional.

En noviembre se levantó en Pakistán la prohibición de la premiada película Joyland, uno de cuyos principales personajes es una persona transgénero.

Las Sanciones Occidentales Que Están ‘Asfixiando’ A Siria, Pueden Ser Crímenes De Lesa Humanidad

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo por Benjamín Norton en Agencia Uruguaya de Noticias

La relatora especial de Naciones Unidas dijo que las sanciones “indignantes” que Occidente ha impuesto a Siria están “asfixiando” a millones de civiles y “pueden constituir crímenes de lesa humanidad”. La economía del país se contrajo un 90%. Nueve de cada 10 sirios viven en la pobreza.

“Toda la población [siria] está en condiciones que amenazan la vida con una grave escasez de agua potable”, electricidad, combustible y alimentos, informó la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan.


Foto: Niños sirios caminan entre ruinas en su camino a casa desde la escuela / UNOCHA / Ali Haj Suleiman 

“Toda la población [siria] está en condiciones que amenazan la vida con una grave escasez de agua potable”, electricidad, combustible y alimentos, informó la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan.

Escribió sobre el “enorme efecto negativo de las sanciones unilaterales”, que tienen “un efecto devastador en toda la población” y “un efecto devastador en casi todas las categorías de derechos humanos”.

“Mantener las sanciones unilaterales en medio de la actual situación catastrófica y aún en deterioro en Siria puede equivaler a crímenes de lesa humanidad contra todo el pueblo sirio”, dijo la experta de la ONU.

Douhan, una respetada profesora de derecho internacional, visitó Siria durante 12 días en octubre y noviembre para investigar el impacto de las sanciones en el país. El 10 de noviembre, publicó un informe preliminar que “pide el levantamiento de las sanciones unilaterales de larga duración que ‘sofocan’ al pueblo sirio”.

La relatora especial de la ONU describió un bloqueo de estilo medieval, en el que las sanciones han “erosionado hasta el nivel de la extinción total el poder adquisitivo de los hogares, que se encuentran en un estado prolongado de supervivencia”.

“Las sanciones impuestas han hecho añicos la capacidad del estado para responder a las necesidades de la población, en particular de los más vulnerables, y el 90% de las personas viven ahora por debajo de la línea de pobreza”, escribió Douhan.

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Are economic sanctions a violation of human rights?

Los precios han aumentado más de 800% desde 2019, se han perdido cientos de miles de empleos y las sanciones bloquean la importación de “alimentos, medicinas, repuestos, materias primas y artículos necesarios para las necesidades y la recuperación económica del país”, dijo.

Si bien los gobiernos occidentales afirman tener excepciones humanitarias en sus regímenes de sanciones, la experta de la ONU enfatizó que las “sanciones secundarias y el exceso de cumplimiento” por parte de las instituciones financieras internacionales impiden que Siria importe los bienes necesarios, e incluso han hecho que sea muy difícil para las instituciones de la ONU y organizaciones de ayuda humanitaria internacional para operar en el país.

Hoy, más de la mitad de los sirios sufren de inseguridad alimentaria. Además, el 24% de los sirios están discapacitados y el 14,6% sufren de enfermedades.

Las sanciones también han impedido que el gobierno reconstruya la infraestructura dañada, y han causado una “escasez de electricidad y agua potable”, lo que ha provocado apagones diarios, incluso en hospitales, agua contaminada e incluso un brote de cólera.

Debido a la ocupación de las regiones ricas en petróleo de Siria por parte del ejército de EEUU y sus aliados kurdos, la producción de petróleo del gobierno es solo el 10% de sus niveles anteriores a 2010, y con las sanciones occidentales que hacen que la importación de crudo sea casi imposible, el pueblo sirio enfrentan una escasez crónica de gasolina y combustible.

Douhan pidió que se levanten de inmediato las sanciones unilaterales que Estados Unidos y Europa han impuesto a Siria, subrayando que son ilegales según el derecho internacional.

La experta de la ONU también previamente viajó a Venezuela e informó que las sanciones occidentales ilegales tuvieron efectos devastadores similares en la población civil allí, mientras privaban al gobierno del 99% de sus ingresos.

La mayoría de las sanciones impuestas a Siria se produjeron después de que Occidente lanzara una guerra subsidiaria contra el país en 2011. Pero la experta de la ONU señaló que Washington ha impuesto sanciones a Damasco desde 2004.

Las agresivas sanciones estadounidenses impuestas contra Siria en 2011 y 2012 se expandieron a un bloqueo de facto en 2019, con la aprobación de la Ley César, que Douhan señaló que “autorizó sanciones secundarias contra personas no estadounidenses en cualquier parte del mundo que proporcionen recursos financieros, materiales o apoyo tecnológico al gobierno sirio o que realicen transacciones con él”.

La Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Canadá y Australia han impuesto sanciones similares, junto con la Liga Árabe, que está dominada por las monarquías del Golfo Pérsico.

Como parte de su viaje, Douhan se reunió con representantes no solo del gobierno sirio sino también de organizaciones de la sociedad civil, clínicas de salud, instituciones financieras, grupos humanitarios, empresas, universidades y organismos religiosos, así como con otras entidades de la ONU que operan en el país.

Douhan presentará la versión final de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2023.
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*Benjamín Norton es periodista, escritor y cineasta. Es fundador y editor de Multipolarista, y vive en Latinoamérica.

Honduras: En masiva marcha claman por la paz en Olancho

. HUMAN RIGHTS .

Un artículo de La Tribuna

JUTICALPA, Olancho. Representantes de varias instituciones públicas y privadas se sumaron a la “Caminata por la Paz 2022”, por las principales calles de esta cabecera departamental.

Durante el desarrollo del evento pacífico, los protagonistas clamaron por un inmediato cese el fuego ante hechos criminales que afectan en municipios, mientras pedían a las autoridades mayor seguridad, agilidad para investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos violentos.


Durante la jornada señalaron que la violencia desenfrenada e impune afecta a la población olanchana y la marcha concluyó en la Plaza Municipal de Juticalpa.

Las autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes del Centro Universitario Regional Nor-Oriente, CURNO, se sumaron a la “Caminata por la Paz 2022”.

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Questions related to this article:

How effective are mass protest marches?

También participaron alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”, UNP-FM, y de centros educativos de los niveles de primaria y secundaria.

La actividad también contó con el apoyo organizativo de la Red de Familias Conviviendo en Paz, con la intención de desarrollar entre los niños y jóvenes una cultura de paz y rotundo no a la violencia.

Participaron instituciones educativas de todos los niveles y contó con el respaldo de las autoridades del CURNO, Gobernación Política de Olancho, la alcaldía de Juticalpa y la Dirección Departamental de Educación de Olancho.

La “Caminata por la Paz 2022”, fue un llamado desesperado a la sociedad olanchana para eliminar la violencia y fortalecer la paz.

La violencia azota sin piedad a la población del departamento de Olancho, que con 24 mil kilómetros cuadrados es el más grande de Honduras, incluso de países como El Salvador e Israel.

Los crímenes y amenazas de toda índole están a la orden del día, pero lo más grave es el ambiente de impunidad con que actúan los responsables de estos hechos criminales, se condenó en la marcha.

Según fuentes oficiales, la población en el departamento de Olancho es de aproximadamente 600 mil personas, concentrada casi el 50 por ciento en los municipios de Juticalpa y Catacamas.

Las estadísticas oficiales refieren que los municipios de Juticalpa, Catacamas Patuca y Dulce Nombre de Culmí presentan el mayor número de homicidios entre hombres y mujeres. (Francisco Sevilla)

Chile: los principales cambios que contempla la propuesta de la nueva Constitución

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Radio 3

La Convención Constitucional entregó hoy (4 de julio) el borrador de la nueva Constitución al presidente de Chile, Gabriel Boric, con una serie de cambios respecto de la carta magna vigente, que se sintetizan a continuación.

En el texto de la nueva Constitución que la población deberá aceptar o rechazar en un plebiscito, se destaca el paso de una «república democrática» a una «democracia paritaria», lo que implica que las mujeres ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado y propone tomar medidas para lograr alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad.


Gabriel Boric en Twitter

La ahora expresidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, expresó en su discurso que el texto entregado hoy al presidente es «la primera constitución paritaria del mundo», y remarcó que estuvo presidida por dos mujeres.

La constitución vigente de 1980 no incluye nada relacionado con enfoque de género y paridad, de hecho, lo más cercano a paridad es el artículo que indica que las personas nacen libres e iguales en derechos, norma que fue reformada, ya que previamente sólo hacía referencia a los hombres.

Otro gran cambio que propone el texto es que define a Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural, lo que implica el reconocimiento de 11 pueblos y naciones, además de que constituye Autonomías Regionales Indígenas y reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, con respeto a la Constitución. La constitución vigente omite totalmente a los pueblos originarios e indígenas.

En cuanto al Sistema Político, también hay cambios importantes, como la disminución de edad de 35 a 30 años para postularse a presidente, además de la reelección consecutiva del propio jefe de Estado por una vez, medida que no será aplicable para Gabriel Boric, sino que entrará en ejercicio para el próximo presidente.

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Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

Are human rights guaranteed in national constitutions?

También destaca la eliminación del Senado, órgano que tiene más de 200 años de historia en el país y que será reemplazado por una Cámara de Las Regiones, la que tendrá menor poder que el que tenía antes el Senado y tendría la facultad de formar leyes acotadas a acuerdos regionales.

La Cámara baja pasaría a llamarse Congreso de Diputados y Diputadas y tendría un mayor poder para la formación de leyes, lo que da cuenta de dos cámaras con poder asimétrico.

Uno de los puntos fuertes de la nueva propuesta es la que define a Chile como un «Estado Social y Democrático de Derecho», lo que hace referencia a la serie de artículos que garantizan derechos sociales, como educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones.

En esta materia, la constitución vigente le da al sector privado facultades para actuar por sobre instituciones del Estado en la provisión de bienes sociales, mientras que la propuesta de nueva Constitución indica que es deber del Estado procurar soluciones a estos problemas.

La propuesta del texto constitucional incluye además un cambio respecto al aborto, ya que se indica que el Estado debe asegurar las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos, y para una interrupción voluntaria del embarazo, mientras que la Constitución vigente de 1980 protege explícitamente «la vida del que está por nacer», aunque esto fue modificado con la aprobación de la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación.

La propuesta fue criticada en un principio por el sector más conservador, con el argumento de que esta medida implicaba interrumpir el embarazo en cualquier momento, según sus detractores, sin embargo, será un derecho que deberá ser reglamentado por el Poder Legislativo, que dirá cuáles son los plazos y la forma de hacerlo.

Para combatir la crisis hídrica en el país, el texto incluye una gran diferencia respecto a la constitución vigente, ya que el agua quedará establecida como bien «inapropiable», además de establecer un derecho humano al agua, priorizando su uso y creando una Agencia Nacional de Aguas para su uso sostenible.

Estos son algunos de los grandes cambios de la propuesta de constitución que incluye 388 artículos, y que tras ser presentada al presidente del país, Gabriel Boric, el propio mandatario y los ministros Izkia Siches (Interior) y Giorgio Jackson (Secretario General de la Presidencia) firmaron el decreto que establece el plebiscito obligatorio de salida para el 4 de septiembre para personas mayores de 18 años, y en el cual se definirá si este nuevo texto será aplicado.

Ese plebiscito tendrá sólo las opciones de aprobar o rechazar. Esta última, según coinciden varios sondeos de intención de voto, es la que lleva una amplia ventaja.