Category Archives: DERECHOS HUMANOS

“Semana por la Paz 2021” Iniciativa para la consolidación de la paz en Colombia

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Area Cucuta

El aumento de feminicidios, violencia intrafamiliar, asesinatos contra líderes sociales y el crecimiento de la pobreza, señala que el panorama en Colombia para lograr un territorio sano es todavía un desafío. Por esta razón, entre el 5 y el 12 de septiembre se llevará a cabo la versión 34 de la “Semana por la Paz”, una iniciativa de organizaciones constructoras de paz de la sociedad civil colombiana, que desde 1987 visibilizan el esfuerzo cotidiano de personas, colectivos e instituciones que trabajan en la construcción y consolidación de la paz, la redignificación de las víctimas, el cuidado y respeto de la vida en y desde las regiones del país.


Con la participación de la Comisión de la Verdad, Secretariado Nacional de Pastoral Social, Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), Redepaz, Universidad Javeriana, la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz) y por cuarto año consecutivo Compensar, entre otras organizaciones, y con el lema ¡Verdad que podemos!, sebusca invitar a encontrar caminos de reencuentro y solidaridad para la reconciliación con la vida y la biodiversidad.

( Clickear aquí para una version inglês )

Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

Truth Commissions, Do they improve human rights?

Can festivals help create peace at the community level?

What is happening in Colombia, Is peace possible?

Por ello, y entendiendo que según estadísticas de la Base de datos de acciones colectivas por la paz (Datapaz) del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP), este es el mes que presenta históricamente mayores niveles de movilización y que entre 1987 y 2016 la mayoría de las movilizaciones (el 86%) estuvieron orientadas a la promoción de la paz, se busca este año, que las prácticas desarrolladas por personas, grupos, familias, organizaciones sociales y comunidades, enfocadas en la verdad y la reconciliación, se organicen para resignificar y superar los factores generadores de violencia, posibilitar la convivencia pacífica y comprometer a todos los actores del conflicto y a la sociedad civil en el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.

“Estamos convencidos de que la reconciliación es la mejor manera de reconstrucción del tejido social, en un año impactado por la pandemia y por demandas sociales históricas. Por ello, con el propósito de visibilizar las diferentes iniciativas colectivas de bienestar integral que se tienen, Compensar le apuesta al desarrollo del país con distintos programas para atender primera infancia en territorios rurales, jornadas escolares complementarias en Bogotá, Soacha, Caparrapí, Yacopí, La Palma y La Peña o programas para personas mayores en Caparrapí. De esta forma, se logrará consolidar una cultura de paz”, aseguró Margarita Añez, directora de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar.

En esta línea, la Semana por la Paz tiene como propósito contar las principales tareas de construcción de paz y defensa de los DD.HH. que se deben impulsar actualmente en el país, acordes con el momento de protesta social legítima que vive Colombia, la pandemia del Covid-19, el informe final que viene preparando la Comisión de la Verdad, y los avances y dificultades de la implementación del Acuerdo de Paz, tanto en la institucionalidad pública como en los grupos civiles de excombatientes, víctimas y la sociedad en general.

De esta manera, se reconocerá como un proceso que requiere compromisos y acuerdos, que se tejen de manera diferencial y multiescalar desde los diferentes procesos sociales, comunitarios y territoriales comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la dignidad humana y la implementación integral del acuerdo de paz, teniendo como eje fundamental la labor desarrollada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. 

Gaza: El alto el fuego no puede ocultar la destrucción, mientras un grupo de expertos pide una investigación de la CPI

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Naciones Unidas

Pese a la satisfacción de la comunidad comunitaria por el alto el fuego acordado en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel, ésta no ha dudado en advertir que la destrucción en Gaza tardará años, si no décadas, en solucionarse.

Lo evidenciaba este viernes desde Gaza, Matthias Schmale del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, quien evidenció que no se podrá volver a una situación de normalidad tras más de 10 días de lanzamientos de cohetes e intercambios de ataques aéreos entre las partes en conflicto que se han saldado con la muerte de más de 250 personas y miles de heridos.


Un bloque de pisos en ruinas en la ciudad de Gaza tras un ataque aéreo israelí

“Volver a la normalidad significa que tenemos que vigilar con mucho cuidado por dónde vamos; (hay) dispositivos sin explotar, sabemos que al menos en una escuela, una de nuestras 278 escuelas, hemos detectado dos bombas completamente enterradas y alertado a las autoridades israelíes”, alertó y razonó que “obviamente, no podemos apresurarnos a regresar a nuestros edificios y escuelas, tenemos que asegurarnos de que están a salvo”.

El alto funcionario de la UNRWA también señaló que este viernes estaba prevista la apertura del cruce de Kerem Shalom durante varias, ya que mientras duraron los enfrentamientos no fue posible sacar a la gente para que recibiera tratamiento médico ni la entrada de ayuda.

Schmale señaló que el personal de la UNRWA, en su mayoría residentes en la región, dijo que la violencia fue “peor en intensidad que en 2014”, antes de hacerse eco del llamamiento del Secretario General de la ONU a un proceso político significativo para resolver los agravios tanto de palestinos como de israelíes.

Los jóvenes palestinos necesitan tener unas condiciones de vida dignas

“La normalidad aquí también implica tener un 50% de empleo que va creciendo… Después de estar aquí dos años y medio, estoy convencido de que estaremos de nuevo en guerra si no se abordan las causas subyacentes; y desde la perspectiva de Gaza eso significa dar a la gente y especialmente a los jóvenes una esperanza de vida digna”, dijo.

“Si tienes tu propio dinero y lo llevas a casa para comprar comida en lugar de depender de las limosnas de la ONU”, añadió el alto funcionario de la ONU, “tienes menos probabilidades de encontrarte con agrupaciones como Hamás”.

UNICEF entrega ayuda de emergencia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia entregó este viernes 18 contenedores de ayuda a través del paso fronterizo de Kerem Shalom en apoyo a los niños y las familias necesitadas.

La ayuda de emergencia consistió en botiquines de primeros auxilios, bolsas de sangre, extintores, antibióticos y otros kits de control de infecciones, junto con 10.000 dosis de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19.

“Damos las gracias por la entrada en vigor del alto el fuego a las 2 de la madrugada porque el número de víctimas ha sido muy elevado”, manifestó Lucia Elmi, representante especial de UNICEF en Palestina.

“Esto permitirá darles un respiro necesario a las familias y la entrega de asistencia humanitaria y de personal que tanto se necesita en la Franja de Gaza”, añadió.

Expertos en derechos de la ONU piden una investigación de la CPI

Por otra parte, un grupo de expertos de la ONU* en derechos humanos pidieron a todas las partes del conflicto entre Gaza e Israel que respeten el alto el fuego, e instaron a la Corte Penal Internacional a investigar los ataques contra la población civil y otras graves violaciones de los derechos humanos.

Los expertos señalaron los desalojos forzosos de familias palestinas que vivían en Sheikh Jarrah y Silwan, en el Jerusalén Este ocupado, fue la chispa que encendió la mecha desencadenando una guerra a gran escala.

Los expertos cifraron en al menos 222, entre ellas 63 niños, el número de personas que murieron en Gaza por las 12 personas que fallecieron en Israel como consecuencia de los combates.

( Clickear aquí para la version inglês )

Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

A las bajas civiles se suman más de 450 edificios completamente destruidos o dañados por los misiles en la Franja de Gaza, entre ellos seis hospitales, nueve centros sanitarios, una planta desalinizadora de agua, que suministraba agua potable a unos 250.000 palestinos, así como una torre que albergaba a diversos medios de comunicación como la cadena de televisión Al Jazeera, y la agencia de noticias Associated Press.

Desequilibrio de fuerzas entre las partes

“A causa de la enorme asimetría de fuerzas, las víctimas de este conflicto son en su mayoría los palestinos de Gaza, con 74.000 personas desplazadas forzosamente que se han quedado sin hogar, la mayoría de ellos mujeres y niños”, razonaron.

A continuación, destacaron que “el conflicto ha provocado una nueva oleada de destrucción masiva de viviendas e infraestructuras civiles sin precedentes que incluyeron a la red eléctrica de Gaza y ataques indiscriminados o deliberados con misiles contra civiles y zonas residenciales de Israel y Gaza”.

Los expertos indicaron que los ataques “no sólo violan las normas internacionales de derechos humanos, sino que también equivalen a crímenes de derecho internacional por lo que existe tanto responsabilidad individual como estatal”.

“El conflicto ha provocado una nueva oleada de destrucción masiva sin precedentes de viviendas e infraestructuras civiles, incluidas las redes eléctricas de Gaza, y ataques indiscriminados o deliberados con misiles contra civiles y zonas residenciales de Israel y Gaza, que no sólo violan las normas internacionales de derechos humanos, sino que también equivalen a crímenes de derecho internacional por los que hay responsabilidad individual y estatal”, continuaron.

Los especialistas afirmaron que todos los “bombardeos indiscriminados o deliberados contra civiles y torres que albergan civiles, organizaciones de medios de comunicación y campos de refugiados en Gaza e Israel son crímenes de guerra que, a priori, no están justificados por los requisitos de proporcionalidad y necesidad del derecho internacional.

“Todas las partes que participen en esos ataques deben asumir la responsabilidad individual y estatal que corresponda”, explicaron.

Asimismo, instaron a Israel y a las autoridades de Gaza a restablecer el suministro de electricidad, combustible, agua y alimentos en Gaza, y a garantizar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

Hay que detener la exportación de armas

Solicitaron a todos los Estados, pero especialmente a los que apoyan a Israel o a las autoridades palestinas a detener la exportación de armas que avivan el conflicto y que supediten el resto de la ayuda al cumplimiento de los derechos humanos y el derecho humanitario.   

Los expertos instaron a la Corte Penal Internacional a investigar los comportamientos de todas las partes que violan el Estatuto de Roma, especialmente los crímenes de guerra, incluidos los ataques contra civiles, las violaciones masivas e indiscriminadas del derecho a una vivienda adecuada, y a investigar los actos y que sucedieron durante el conflicto, o que han contribuido a él, ya que pueden equivaler al crimen de apartheid y a crímenes contra la humanidad.

Por su parte, la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció días atrás en Twitter que su oficina incluirá los hechos ocurridos en los últimos días en la investigación que lleva a cabo sobre posibles crímenes de prepetrados en Palestina.

Fatou Bensouda dijo en un tuit: “recuerdo que las investigaciones de mi Oficina cubrirán todas las partes y todos los hechos y pruebas relevantes para evaluar si existe responsabilidad penal individual en virtud del Estatuto” de Roma.

*Los expertos son: Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto; Michael Lynk, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Koumbou Boly Barry, relatora especial sobre el derecho a la educación; Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación; Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios; Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Amnestía Internacional: Los ataques sistemáticos de Israel contra viviendas en Gaza deben investigarse como crímenes de guerra

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Amnestía Internacional

Las fuerzas israelíes han mostrado un escandaloso desprecio por la vida de la población civil palestina llevando a cabo una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales, en algunos casos matando a familias enteras —incluidos menores—, y causando destrucción injustificada de bienes civiles en ataques que podrían constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy [17 mayo].


Lamya al Atar y sus tres hijos murieron en un ataque aéreo israelí en su domicilio de Gaza el 14 de mayo. © Particular

La organización ha documentado cuatro mortíferos ataques de Israel lanzados sin previo aviso contra viviendas palestinas y pide a la Corte Penal Internacional que los investigue con urgencia. Sigue en aumento el número de víctimas mortales en Gaza, con al menos 198 personas palestinas muertas, entre ellas 58 menores, y hay más de 1.220 personas heridas. En Israel, los ataques palestinos han causado la muerte a 10 personas —entre ellas 2 menores— y lesiones a al menos 27.

“Los ataques aéreos de Israel contra edificios residenciales y viviendas familiares en Gaza evidencian un patrón terrorífico; en varios casos, familias enteras han quedado sepultadas bajo los escombros al derrumbarse los edificios donde vivían. En los casos documentados infra no se avisó a la población civil residente para que pudiera escapar.Según el derecho internacional humanitario, todas las partes deben distinguir entre objetivos militares y bienes de carácter civil, y lanzar ataques únicamente contra los primeros. Al llevar a cabo los ataques han de tomarse todas las precauciones posibles para minimizar los daños a civiles”, ha manifestado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Aunque las fuerzas armadas israelíes no han dado ninguna explicación sobre cuáles eran los objetivos militares de estos ataques, cuesta entender que bombardear sin previo aviso edificios residenciales llenos de familias civiles pueda considerarse un ataque proporcionado con arreglo al derecho internacional humanitario. Es imposible no prever un gran número de víctimas civiles cuando se usan grandes armas explosivas —como bombas lanzadas desde aeronaves con una onda expansiva de muchos cientos de metros— en zonas pobladas.

“Al llevar a cabo estos ataques indisimulados y letales contra viviendas familiares sin previo aviso, Israel ha demostrado su desprecio absoluto por la vida de la población civil palestina, que ya sufre el castigo colectivo del bloqueo ilegal mantenido por Israel sobre Gaza desde 2007.”

El ejército israelí asegura que sólo ataca objetivos militares y ha justificado los ataques aéreos contra edificios residenciales con ese argumento. Sin embargo, residentes de esos edificios dijeron a Amnistía Internacional que no había combatientes ni objetivos militares en las inmediaciones cuando se llevaron a cabo los ataques documentados.

“Los ataques deliberados contra la población civil y contra infraestructuras y bienes de carácter civil son crímenes de guerra, ya que son ataques desproporcionados. La Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación sobre la situación en Palestina y debería investigar con urgencia estos ataques como posibles crímenes de guerra. Además, los Estados deberían considerar la posibilidad de ejercer la jurisdicción universal sobre quienes han cometido crímenes de guerra. La impunidad sólo sirve para exacerbar el cuadro sistemático de ataques ilegítimos y derramamiento de sangre civil que hemos documentado repetidamente en anteriores ofensivas militares israelíes contra Gaza”, ha dicho Saleh Higazi.

Se han destruido al menos 152 bienes residenciales en Gaza desde el 11 de mayo, según el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, organización de derechos humanos radicada allí. De acuerdo con los datos sobre Gaza publicados por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda palestino, los ataques israelíes han destruido 94 edificios —que albergaban 461 unidades habitacionales y comerciales— y 285 unidades habitacionales han quedado inhabitables tras sufrir graves daños.

( Clickear aquí para la version inglês y aquí para la version francês )

Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 2.500 personas se han quedado sin hogar debido a la destrucción de sus viviendas, y más de 38.000 se han visto internamente desplazadas y han buscado refugio en las 48 escuelas de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA) repartidas por toda Gaza.

El lanzamiento indiscriminado de cohetes por grupos armados palestinos contra zonas civiles de Israel también ha matado y herido a civiles y ha causado daños en viviendas y otros bienes civiles. Los cohetes disparados desde Gaza hacia Israel son poco precisos y su uso vulnera el derecho internacional humanitario, que prohíbe el uso de armas que sean por naturaleza de efecto indiscriminado. Estos ataques también deberían ser investigados por la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra.

Amnistía Internacional ya ha publicado información que demuestra que las fuerzas armadas israelíes adoptaron una política deliberada de ataques contra viviendas familiares durante el conflicto de 2014.

Ataques aniquiladores contra viviendas familiares

En uno de los bombardeos más intensos desde que estallaron los últimos combates, realizado entre la una y las dos de la madrugada del 16 de mayo, Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales y calles de la ciudad de Gaza. Los ataques destruyeron por completo dos edificios residenciales pertenecientes a las familias Abu al Ouf y Al Kolaq, causando la muerte de 30 personas, 11 de ellas menores.

La sede del Ministerio de Trabajo en Gaza también fue destruida en los ataques, y la avenida Al Wehda, una de las vías principales que conduce al primer hospital de Gaza, el hospital Al Shifa, quedó bloqueada.

Las familias que residían en el edificio de Al Ouf, de cuatro plantas y que incluía apartamentos y tiendas, no fueron avisadas con antelación y quedaron sepultadas bajo los escombros.

Yousef Yassin, médico del hospital Al Shifa, fue de los primeros en llegar al edificio de Al Ouf tras los ataques y ayudar a la Media Luna Roja a sacar víctimas de ente las ruinas. Habló de una “gran destrucción” para describir la escena a Amnistía Internacional.

“Ayudé a sacar cuatro cadáveres, pero había muchos más. Fue muy duro. No hubo aviso, la gente estaba tranquilamente en sus casas, y ésta es una zona muy animada y bulliciosa”, explicó.

Poco antes de la medianoche del 14 de mayo, ataques aéreos israelíes alcanzaron la residencia de tres plantas de la familia Al Atar en Beit Lahia, matando a Lamya Hassan Mohammed al Atar, de 28 años, y a sus tres hijos: Islam, de siete años, Amira, de seis, y Mohammed, de ocho meses.

El padre de Lamya, Hassan al Atar, que es agente de protección civil, contó a Amnistía Internacional que había acudido al lugar con una ambulancia y un equipo de salvamento al enterarse del ataque por la llamada de un familiar. “Me contó que habían bombardeado nuestra casa y que estaba atrapado bajo los escombros con su esposa e hijos”, dijo.

“Cuando llegué a la casa, que tenía tres plantas y en ella vivían 20 personas, intenté buscar a la gente, pero no pude. Entonces llegó el equipo de salvamento para ayudar, y al fin encontramos a mi hermana con sus tres hijos, uno de ellos un bebé; estaban debajo de uno de los pilares de hormigón de la casa, todos muertos. Los demás residentes habían logrado escapar por un hueco tras el bombardeo y habían ido al hospital. Me quedé anonadado”, dijo.

Nader Mahmoud Mohammed al Thom, del barrio de Al Salatin, en Beit Lahia, describió cómo su vivienda, que compartía con otras ocho personas, fue atacada sin previo aviso poco antes de la medianoche del 15 de mayo.

“No hubo misil de aviso, ni llamada de alerta: la casa fue bombardeada y nosotros estábamos dentro. Gracias a Dios, un equipo de protección civil estaba cerca por pura casualidad y nos rescató de debajo de los escombros. Gracias a Dios nadie murió. Sufrimos lesiones, pero no graves; cuando salimos vi un incendio en la puerta de la casa, luego la ambulancia nos llevó al hospital. Creo que fue entonces cuando perdí el conocimiento. Gracias a Dios no hubo heridos graves, pero nos quedamos sin casa. Ahora estamos en la calle, no sabemos a dónde ir ni qué hacer.”

Su familia se dirigió hacia una escuela de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA) en busca de refugio, pero al llegar se la encontraron cerrada y tuvieron que dormir a la intemperie en el patio. Su casa quedó completamente destruida, lo que incluía su ropa, dinero, documentación y todas sus pertenencias.

Además de viviendas, los ataques israelíes han dañado infraestructuras de suministro de agua y electricidad y centros médicos, y han interrumpido el funcionamiento de la planta desalinizadora del norte de Gaza, que abastece de agua a más de 250.000 personas.
 

Israel/TPO: Terminen con la brutal represión de la población palestina que protesta por los desplazamientos forzosos en el Jerusalén Oriental ocupado

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Amnestía Internacional

Las fuerzas de seguridad israelíes han usado fuerza excesiva, injustificada y reiterada contra la población palestina que se manifestaba en el Jerusalén Oriental ocupado tras cuatro días de violencia en los que 840 palestinos resultaron heridos; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Al menos 21 agentes de policía israelíes y siete civiles israelíes también resultaron heridos, según la policía israelí.

La organización pide a las autoridades israelíes que suspendan de inmediato los desalojos forzosos en el barrio de Sheikh Jarrah y terminen con el desplazamiento forzoso en curso de la población palestina de Jerusalén Oriental.

En la última escalada de violencia, grupos armados palestinos han disparado cohetes y misiles contra Israel, hiriendo al menos a una persona israelí, y se han recibido informes sobre varias personas en Gaza muertas en ataques de represalia israelíes. Amnistía Internacional pide a todas las partes que respeten el derecho internacional humanitario y tomen todas las precauciones posibles para evitar causar daño a la población civil.

“Las pruebas reunidas por Amnistía Internacional reflejan un escalofriante patrón de uso abusivo e innecesario de la fuerza por las fuerzas israelíes contra manifestantes palestinos mayoritariamente pacíficos en los últimos días. Entre las personas que han resultado heridas en los episodios de violencia en Jerusalén Oriental hay transeúntes y también musulmanes que estaban en medio de sus oraciones de Ramadán”, ha señalado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“La violencia más reciente pone crudamente de relieve una campaña sostenida de Israel para expandir los asentamientos ilegales israelíes y aumentar la frecuencia de los desalojos forzosos de población palestina, como la de Sheikh Jarrah, para dejar sitio a dichos asentamientos. Estos desalojos forzosos forman parte de una práctica continuada en Sheikh Jarrah, son una violación flagrante del derecho internacional y podrían constituir crímenes de guerra.”

Declaraciones de testigos presenciales, así como fotografías y vídeos realizados por personal investigador sobre el terreno de Amnistía Internacional en Jerusalén Oriental, demuestran que las fuerzas israelíes han recurrido repetidamente al uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza para dispersar a manifestantes en violentas incursiones en la mezquita de Al Aqsa, y que llevaron a cabo ataques contra manifestantes pacíficos sin mediar provocación en Sheikh Jarrah.

Desde que empezó el Ramadán el 13 de abril, las tensiones han ido aumentando a un ritmo constante, con protestas de la población palestina por las restricciones israelíes que limitan su acceso a la Puerta de Damasco, entrada principal a la Ciudad Vieja de Jerusalén. El 26 de abril, las autoridades israelíes levantaron las restricciones ante las continuas manifestaciones. Asimismo ha ido creciendo la indignación por los planes inminentes de desalojo forzoso de cuatro familias palestinas en Sheikh Jarrah para dejar sitio a los asentamientos israelíes.

Uso ilegítimo de la fuerza

La situación se tensó al máximo el 7 de mayo, fecha en que más de 170 personas palestinas resultaron heridas cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo de la mezquita de Al Aqsa para dispersar tanto a fieles como a manifestantes, disparando proyectiles de impacto cinético de 40 milímetros y granadas paralizantes contra la multitud allí congregada para las oraciones del último viernes de Ramadán.

Un periodista palestino presente en el lugar describió a unas fuerzas israelíes enloquecidas disparando proyectiles y gas lacrimógeno. También dijo que habían asaltado la clínica de la mezquita y golpeado a manifestantes. Así se lo contó a Amnistía Internacional: “Llevo 10 años cubriendo noticias en Jerusalén […] y nunca había pasado tanto miedo. Todo el mundo era un objetivo; me gustaría decir que fueron disparos al azar, pero estaría mintiendo. Sabían exactamente a quién y a dónde dirigían sus balas y granadas. La mayoría de las víctimas fueron alcanzadas en la parte superior del cuerpo (rostro y tórax)”.

A él le dispararon en la espalda cuando sostenía la cámara en alto mientras trataba de salir de la zona.

Gente que se manifestaba en Al Aqsa respondió lanzando piedras y encendiendo fuegos mientras fuerzas israelíes a caballo y con equipo antidisturbios repelían los ataques con granadas paralizantes.

El 10 de mayo, más de 300 manifestantes palestinos resultaron heridos cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo de Al Aqsa por segunda vez en unos días. Un portavoz de Media Luna Roja contó a Amnistía Internacional que, debido a la violencia, al menos 250 personas palestinas habían sido hospitalizadas, de las cuales 7 se encontraban en estado crítico.

Según un testigo presencial, las fuerzas israelíes rompieron ventanas de edificios y dispararon gas lacrimógeno y granadas aturdidoras al interior, causando dificultades para respirar a muchas de las personas que estaban dentro.

( Clickear aquí para la version inglês y aquí para la version francês )

Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

Otra persona presente en el lugar dijo que las fuerzas israelíes habían empezado a disparar gas lacrimógeno desde los tejados antes de que llegaran más efectivos por la Puerta Mugrabí e irrumpieran en la Explanada de las Mezquitas. “Empujaron a la gente al interior de la mezquita de Al Aqsa y bloquearon las puertas con cadenas […] después rompieron una ventana y lanzaron gas lacrimógeno al interior sobre la gente, que estaba literalmente encerrada y apenas tenía espacio para respirar o recibir asistencia médica […] Además de eso, empezaron a disparar balas de goma contra los fieles en el interior”, contó.

Asimismo dijo haber visto a fuerzas israelíes golpeando a transeúntes e interceptando vehículos que estaban evacuando heridos para fotografiar a las víctimas antes de que se las llevaran. A él mismo le dispararon en el pecho cuando se disponía a ayudar a un médico herido en el lugar.

Sheikh Jarrah

La semana pasada, población palestina residente en el barrio de Sheikh Jarrah celebró manifestaciones nocturnas contra la amenaza inminente de desalojos forzosos. Amnistía Internacional ha documentado arrestos arbitrarios de manifestantes pacíficos, uso de fuerza excesiva y uso arbitrario de granadas sonoras y paralizantes así como de cañones de agua fétida contra manifestantes y viviendas en Sheikh Jarrah.

Cuatro familias palestinas del barrio se enfrentan a la amenaza inminente de desalojo forzoso después de que un tribunal de Jerusalén rechazara su recurso contra una orden de desalojo. Nahalat Shimon International, empresa de colonos, ha presentado demandas para apropiarse de las viviendas de decenas de familias en Sheikh Jarrah utilizando leyes intrínsecamente  discriminatorias, como la Ley de Cuestiones Jurídicas y Administrativas y la Ley de Propiedad de Ausentes de 1950, para que se confisquen tierras o bienes palestinos y se transfieran a grupos de colonos. El traslado forzoso de la población ocupada está prohibido por el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra con arreglo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Personal investigador de Amnistía Internacional presenció un ataque no provocado de las fuerzas israelíes contra un grupo de manifestantes pacíficos en Sheikh Jarrah el 9 de mayo. Las fuerzas israelíes llegaron poco antes del iftar (comida al anochecer durante el Ramadán). Tras la comida, decenas de manifestantes pacíficos formaron un círculo y empezaron a corear consignas contra los planes inminentes de desalojar a familias palestinas de sus hogares. Se manifestaban a una distancia de al menos 10 metros de las fuerzas israelíes, que estaban apostadas junto a una vivienda de colonos israelíes. Poco después, las fuerzas israelíes lanzaron un ataque coordinado para dispersar a la multitud de manifestantes palestinos. Fuerzas israelíes a caballo cargaron contra la gente. Un hombre que cojeaba dolorido contó que había sido pisoteado por los caballos de la policía cuando intentaba huir de la zona. Empujaron a residentes contra las paredes de sus casas y cinco hombres fueron detenidos arbitrariamente.

Las fuerzas israelíes comenzaron a dar empujones y golpes al grupo de personas, entre las que había un miembro del personal investigador de Amnistía que estaba observando la protesta. Sobre las 10 de la noche trajeron los cañones de agua fétida y las granadas sonoras y empezaron a disparar arbitrariamente contra manifestantes.

Osama Dweik fue detenido durante una manifestación nocturna en Sheikh Jarrah el 6 de mayo, cuando la policía israelí cargó de repente contra el grupo de manifestantes y acto seguido lo arrestó. En la comisaría vio a policías israelíes dando patadas y golpes con porras a cuatro palestinos detenidos durante los enfrentamientos en la Puerta de Damasco y las manifestaciones en Sheikh Jarrah. Otras siete personas fueron detenidas en Sheikh Jarrah esa noche.

Gil Hammerschlag, activista israelí que estaba protestando contra los desalojos forzosos de Sheikh Jarrah el 7 de mayo, recibió empujones y patadas de miembros de las fuerzas israelíes, que también lanzaron granadas sonoras contra manifestantes pacíficos desde menos de 10 metros de distancia.

El mismo día, un hombre palestino de mediana edad resultó gravemente contusionado en la pierna al ser alcanzado en el muslo por una granada paralizante que lanzaron las fuerzas israelíes. Un fotógrafo que también estaba en el lugar contó que las fuerzas israelíes, incluidos agentes de policía a caballo, cargaron contra una multitud de personas que estaban coreando consignas pacíficamente cuando una de ellas lanzó una botella de agua contra ellas.

“Personal investigador de Amnistía Internacional presenció conductas deplorables de las fuerzas de seguridad en Sheikh Jarrah, incluidos ataques no provocados en absoluto contra manifestantes pacíficos que reivindicaban derechos y pedían que se respetara el derecho internacional. En lugar de seguir violando los derechos humanos de la población de Sheikh Jarrah y de activistas que se solidarizan con su causa, las autoridades israelíes deberían descartar de inmediato los desalojos forzosos previstos”, ha afirmado Saleh Higazi.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que exija a Israel rendición de cuentas por sus violaciones sistemáticas del derecho internacional.

“No debe permitirse que Israel continúe atacando a una población palestina que simplemente defiende su derecho a existir y protesta por su desplazamiento forzoso. Limitarse a expresar preocupación ante el desprecio absoluto que muestra Israel por sus obligaciones en virtud del derecho internacional no es suficiente. Deben denunciarse de manera inequívoca y firme las flagrantes violaciones de derechos humanos, que incluyen los desplazamientos forzosos, la expansión de los asentamientos ilegales y la brutal represión de quienes protestan por estos graves abusos”, ha manifestado Saleh Higazi.

“Pedimos a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que convoquen una sesión abierta con carácter inmediato, y que el coordinador especial para el proceso de paz en Oriente Medio informe a los Estados miembros.”

 Nabil el Kurd, uno de los residentes de Sheikh Jarrah amenazados con el desalojo, dijo a Amnistía Internacional:

“Sheikh Jarrah está enviando al mundo entero, incluidos el Congreso estadounidense, el Parlamento británico, el Parlamento francés, el Parlamento de la UE y la Corte Penal Internacional, el mensaje de que lo que nos está sucediendo es un crimen de guerra. Es más que un desalojo; es un crimen de guerra. No lo olviden. No sé por qué el mundo entero permite que Israel se salga con la suya después de ver lo que está ocurriendo. Ya es hora de que abandonen su indulgencia con Israel”.

Human Rights Watch : Las prácticas abusivas de Israel constituyen crímenes de apartheid y persecución

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Human Rights Watch

Las autoridades israelíes están cometiendo los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La conclusión se basa en la política general del gobierno israelí de mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos y en los graves abusos cometidos contra palestinos que viven en el territorio ocupado, incluido Jerusalén Oriental.


Video

El informe de 213 páginas, “A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution” (“Se ha traspasado el umbral: Las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución”), examina el trato que reciben los palestinos por parte de Israel. El informe presenta la realidad actual en la cual una única autoridad, el gobierno israelí, está principalmente encargada de gobernar en el territorio comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. En esta zona, que está poblada por dos grupos de similar tamaño, el gobierno israelí favorece metódicamente a los israelíes judíos mientras que reprime a los palestinos, con aún mayor severidad en el territorio ocupado.

“Voces prominentes han advertido durante años que el apartheid acecha a la vuelta de la esquina si las prácticas de dominio de Israel sobre los palestinos no cambian”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Esta detallada investigación demuestra que las autoridades israelíes ya están cometiendo los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución”.

El hallazgo de la existencia de apartheid y persecución no cambia el estatus legal del territorio ocupado, conformado por Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y Gaza, ni la realidad actual de la ocupación.

Acuñado originalmente en Sudáfrica, apartheid es un término jurídico que actualmente es usado de forma universal. La prohibición de formas especialmente graves de discriminación y opresión institucional, o apartheid, constituye un principio fundamental del derecho internacional. La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 definen el apartheid como un crimen contra la humanidad que consta de tres elementos principales:

1. Una intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro.

2. Un contexto de opresión sistemática por parte del grupo dominante sobre el grupo marginado.

3. Actos inhumanos.

La referencia a un grupo racial se entiende actualmente no solo en relación con los rasgos genéticos, sino que también se basa en la ascendencia y el origen nacional o étnico, de acuerdo con la definición de grupo racial en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Human Rights Watch utiliza este concepto más amplio de raza.

El crimen de lesa humanidad de persecución, tal como lo definen el Estatuto de Roma y el derecho internacional consuetudinario, consiste en la privación grave de derechos fundamentales a un grupo racial, étnico o de otro tipo con intención discriminatoria.

Human Rights Watch descubrió que los diferentes elementos de estos crímenes están presentes en el territorio ocupado, como parte de una política única del gobierno israelí. Esa política consiste en mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos en todo Israel y en el territorio ocupado. En el territorio ocupado, esta política se combina con la opresión sistemática y los actos inhumanos contra los palestinos que allí viven.

En base a años de investigación sobre la situación de derechos humanos, casos de estudio y una revisión de los documentos del gobierno, declaraciones de funcionarios y otras fuentes, Human Rights Watch comparó las políticas y prácticas hacia los palestinos en el territorio ocupado e Israel con aquellas dirigidas hacia los israelíes judíos que viven en las mismas zonas. Human Rights Watch le escribió al gobierno israelí en julio de 2020, solicitando su perspectiva sobre estas cuestiones, pero no había recibido respuesta al momento de redacción de este documento.

En todo Israel y en el territorio ocupado, las autoridades israelíes han tratado de maximizar la cantidad de tierra disponible para las comunidades judías y de concentrar a la mayoría de los palestinos en zonas con mayor densidad poblacional. Las autoridades han adoptado políticas para mitigar lo que han descrito públicamente como la “amenaza” demográfica palestina. En Jerusalén, por ejemplo, el plan del gobierno para el municipio, que incluye tanto la parte occidental de la ciudad como la parte oriental bajo ocupación, establece el objetivo de “mantener una amplia mayoría judía en la ciudad”, e incluso especifica las proporciones demográficas que espera mantener.


( Clickear aquí para la version inglês y aquí para la version francês )

Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

Para mantener la dominación, las autoridades israelíes discriminan sistemáticamente a los palestinos. La discriminación institucional a la que se enfrentan los ciudadanos palestinos de Israel incluye leyes que permiten a cientos de pequeñas ciudades judías excluir a los palestinos en la práctica, así como presupuestos en los que se asigna una fracción de recursos a las escuelas palestinas en comparación con los recursos asignados a las escuelas para los niños judíos israelíes. La gravedad de la represión en el territorio ocupado, incluyendo la imposición de un régimen militar draconiano a los palestinos mientras que los israelíes judíos que viven de forma segregada en el mismo territorio gozan de todos sus derechos, en virtud de una legislación civil israelí que respeta esos derechos, equivale a una opresión sistemática necesaria para la existencia del apartheid.

Las autoridades israelíes han cometido un amplio rango de abusos contra los palestinos. Muchos de ellos, cometidos en el territorio ocupado, constituyen abusos graves de derechos fundamentales y actos inhumanos necesarios para la existencia del apartheid. Estos incluyen amplias restricciones de movimiento por medio del cierre de Gaza y el régimen de permisos, la confiscación de más de un tercio de la tierra en Cisjordania, las condiciones adversas en partes de Cisjordania que resultaron en el traslado forzoso de miles de palestinos fuera de sus hogares, la negación de los derechos de residencia a cientos de miles de palestinos y sus familiares y la suspensión de los derechos civiles más básicos a millones de palestinos.

Muchos de los abusos que son fundamentales para la determinación de que se han cometido estos crímenes internacionales, como la denegación casi categórica de permisos de construcción a los palestinos y la demolición de miles de viviendas con el pretexto de que carecían de permisos, no tienen justificación en materia de seguridad. Otros, como la congelación de los registros de población que Israel mantiene en el territorio ocupado, la cual prácticamente bloquea la reunificación familiar de los palestinos que allí viven y prohíbe a los residentes de Gaza vivir en Cisjordania, utilizan la seguridad como pretexto para promover objetivos demográficos. Incluso cuando la seguridad es parte de la motivación detrás una política, no justifica el apartheid y la persecución, de la misma manera que no justifica el uso excesivo de fuerza o la tortura, dijo Human Rights Watch.

“Negarles a millones de palestinos sus derechos fundamentales, sin que exista una justificación legítima de seguridad y por el solo hecho de ser palestinos y no judíos, no es meramente una ocupación abusiva”, señaló Roth. “Estas políticas, que conceden a los israelíes judíos los mismos derechos y privilegios dondequiera que vivan y discriminan contra los palestinos en diversos grados dondequiera que vivan, reflejan una política que busca privilegiar a un pueblo sobre otro”.

Las declaraciones y acciones de las autoridades israelíes en los últimos años, incluyendo la aprobación de una ley con rango constitucional en 2018 que establece a Israel como el “Estado-nación del pueblo judío”, el creciente cuerpo de leyes que privilegian a los colonos israelíes en Cisjordania y no se aplican a los palestinos que viven en el mismo territorio y la expansión masiva de los asentamientos judíos y la infraestructura que los conecta con Israel en los últimos años, han hecho evidente la  intención del gobierno israelí de mantener el dominio de los israelíes judíos sobre los palestinos. La posibilidad de que un futuro líder israelí algún día pueda forjar un acuerdo con los palestinos que desmantele este sistema discriminatorio no invalida la realidad actual.

Las autoridades israelíes deben desmantelar todas las formas de represión y discriminación que privilegian a los israelíes judíos a costa de los palestinos, incluyendo la libertad de circulación, la asignación de tierras y recursos y el acceso a agua, electricidad y otros servicios, así como la concesión de permisos de construcción.

La Fiscalía de la CPI debe investigar y procesar a quienes estén implicados de manera creíble en los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución. Otros países deberían hacer lo mismo, de conformidad con sus leyes nacionales en virtud del principio de jurisdicción universal, e imponer sanciones individuales, incluyendo la prohibición de ingreso al país y la congelación de activos, a los funcionarios responsables de estos crímenes.

La determinación de que se han cometido crímenes de lesa humanidad debería impulsar a la comunidad internacional a reevaluar su aproximación hacia Israel y Palestina y a adoptar una política que esté enfocada en los derechos humanos y la rendición de cuentas, en lugar de enfocarse únicamente en el estancado “proceso de paz”. Los países deberían establecer una comisión de investigación de la ONU para examinar la discriminación y la represión sistemáticas en Israel y Palestina, y nombrar un enviado especial de la ONU para los crímenes de persecución y apartheid con el mandato de movilizar la acción internacional para acabar con la persecución y el apartheid en todo el mundo.

Los países deberían condicionar la venta de armas y la asistencia militar y de seguridad a Israel a que las autoridades tomen medidas concretas y verificables para poner fin a la comisión de estos crímenes. También deberían examinar los acuerdos, los planes de cooperación y todas las demás formas de comercio y diplomacia con Israel para detectar aquellas que contribuyan directamente a la comisión de los crímenes, mitigar los impactos sobre los derechos humanos y, cuando ello no sea posible, poner fin a las actividades y a la financiación que facilita la comisión de estos graves crímenes.

“Mientras que gran parte del mundo trata la ocupación israelí que ha durado medio siglo como una situación temporal que pronto será resuelta por un ‘proceso de paz’ que ya lleva décadas, la opresión de los palestinos en el territorio ocupado alcanza tal nivel y duración que cumple con las definiciones de los crímenes de apartheid y persecución”, dijo Roth. “Aquellos que luchan por la paz entre israelíes y palestinos, ya sea por medio de una solución de uno o dos Estados o por medio de una confederación, deberían mientras tanto reconocer la realidad actual y emplear las herramientas de derechos humanos necesarias para acabar con ella”.

Informe anual de Amnistía Internacional : La COVID-19 golpea con especial dureza a las personas atenazadas por la opresión como consecuencia de las desigualdades, el abandono y los abusos sufridos durante décadas

. DERECHOS HUMANOS .

El informe anual de Amnistía Internacional

La pandemia ha puesto en evidencia el terrible legado de unas políticas deliberadamente divisivas y destructivas, que perpetuaron la desigualdad, la discriminación y la opresión y prepararon el terreno para la ruina causada por la COVID-19, ha manifestado Amnistía Internacional en su informe anual, que ha publicado hoy.

Informe de Amnistía Internacional 2020/21: La situación de los derechos humanos en el mundo abarca 149 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en todo el mundo en 2020. La organización describe en él cómo los grupos que figuraban ya entre los más marginados, como las personas refugiadas y las mujeres, sufrieron las peores consecuencias de la pandemia por culpa de políticas discriminatorias aplicadas por decisión de los dirigentes mundiales durante décadas. Leer el informe completo,

El personal sanitario, los trabajadores y trabajadoras migrantes y las personas empleadas en el sector informal –en muchos casos en primera linea frente a la pandemia–, se han visto igualmente traicionados por unos sistemas de salud desatendidos y un apoyo económico y social muy desigual. La respuesta a la COVID-19 se ha visto aún más menoscabada por unos líderes que han sacado despiadadamente provecho de la crisis y utilizado la pandemia para reanudar sus ataques a los derechos humanos, afirma la organización.

“La COVID-19 ha revelado con toda crudeza y ha agravado las desigualdades existentes entre los países y dentro de ellos, y ha puesto de relieve el tremendo desprecio de nuestros dirigentes por el bien común de la humanidad. Decenios de políticas divisivas, medidas de austeridad desacertadas y decisiones oficiales de no invertir en infraestructuras públicas deterioradas han hecho que demasiadas personas sean presa fácil del virus”, ha manifestado Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional.

“Nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado.” 

El informe de Amnistía pone de manifiesto que, como consecuencia de las desigualdades generadas por un liderazgo tóxico ejercido durante decenios, la pandemia afectó de manera desproporcionada a las mujeres, las poblaciones refugiadas, las personas de edad avanzada y las minorías étnicas.

La COVID-19 empeoró la ya precaria situación de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en muchos países, dejándolas en algunos casos atrapadas en miserables campos de acogida, interrumpiendo suministros vitales o provocando controles fronterizos que dejaron a muchas abandonadas a su suerte. Por ejemplo, Uganda, el país que acogía el mayor número de personas refugiadas en África —1,4 millones— cerró inmediatamente sus fronteras al inicio de la pandemia y no hizo excepciones con las personas refugiadas y solicitantes de asilo que intentaban entrar en el país. Como consecuencia de ello, más de 10.000 personas quedaron atrapadas a lo largo de su frontera con la República Democrática del Congo.

El informe subraya el acusado aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, en el contexto del cual muchas mujeres y personas LGBTI tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo debido a las restricciones de la libertad de circulación, la falta de mecanismos confidenciales que permitieran a las víctimas denunciar la violencia mientras estaban aisladas con sus maltratadores, y la capacidad reducida o suspensión de los servicios.

Quienes trabajaban en primera línea frente a la pandemia —el personal sanitario y del sector informal— sufrieron las consecuencias de unos sistemas de salud deliberadamente desatendidos y medidas pésimas de protección social. En Bangladesh, muchas personas que trabajaban en el sector informal se quedaron sin ingresos o sin prestaciones sociales debido a los confinamientos y toques de queda. En Nicaragua, a principios de junio se despidió en sólo dos semanas al menos a 16 profesionales de la salud que habían expresado su preocupación ante la falta de equipos de protección individual y la respuesta del Estado a la pandemia. 

“Estamos cosechando los frutos de años de desatención calculada de nuestros dirigentes. En 2020, la presión excepcional de una pandemia puso definitivamente a prueba los sistemas de salud y sumió a la población en una profunda crisis económica. Los héroes de 2020 fueron los trabajadores y trabajadoras de la salud que estuvieron en primera línea salvando vidas, así como la gente que ocupaba los últimos puestos de la escala salarial y aunó esfuerzos para dar de comer a las familias y mantener activos nuestros servicios esenciales. Cruelmente, las personas que más dieron fueron las que menos protección recibieron”, ha afirmado Agnès Callamard.

Una virulenta cepa de dirigentes instrumentaliza la pandemia para continuar sus ataques a los derechos humanos

El informe describe asimismo un panorama lamentable de líderes mundiales cuya gestión de la pandemia se caracterizó por el oportunismo y un desprecio absoluto por los derechos humanos.

“Hemos visto toda clase de respuestas de nuestros dirigentes, tanto mediocres como engañosas, egoístas y falaces. Algunos han intentado normalizar las autoritarias medidas de emergencia que han adoptado para combatir la COVID-19, mientras que una cepa especialmente virulenta de líderes han ido aún más allá y han visto en la pandemia una oportunidad para afianzar su poder. En lugar de apoyar y proteger a la población, se han limitado a instrumentalizar la pandemia para socavar gravemente sus derechos”, ha afirmado Agnès Callamard.

( Clickear aquí para la version inglês y aquí para la version francês )

Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

What is the state of human rights in the world today?

La aprobación de leyes para penalizar los comentarios relacionados con la pandemia ha sido un patrón dominante. En Hungría, por ejemplo, el gobierno del primer ministro Viktor Orbán reformó el Código Penal del país para introducir penas de hasta cinco años de prisión por “difundir información falsa” sobre la COVID-19.

En varios Estados del Golfo —Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán—, las autoridades usaron la pandemia de COVID-19 como pretexto para seguir reprimiendo el derecho a la libertad de expresión, con medidas como procesar a personas por difundir “noticias falsas” debido a comentarios que habían publicado en redes sociales sobre las respuestas del gobierno a la pandemia.

Otros dirigentes han recurrido al uso excesivo de la fuerza. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte dijo que había ordenado a la policía “disparar a matar” contra quienes protestaran o pudieran causar “problemas” durante las medidas de confinamiento. En Nigeria, la brutalidad de las fuerzas de seguridad mató a personas por protestar en la calle, reivindicar sus derechos y exigir rendición de cuentas. En Brasil aumentó la violencia policial durante la pandemia de COVID-19 con el gobierno del presidente Bolsonaro. La policía mató al menos a 3.181 personas en todo el país de enero a junio, una media de 17 al día.

Algunos líderes fueron aún más lejos y utilizaron la pandemia para desviar la atención mientras reprimían las críticas no relacionadas con el virus y a quienes las hacían, y cometían otras violaciones de derechos humanos aprovechando que los medios de comunicación del mundo tenían la vista puesta en otros asuntos. Por ejemplo, en India, el primer ministro Narendra Modi reprimió aún más el activismo de la sociedad civil, con medidas antiterroristas como irrumpir en hogares y oficinas.

Mientras, el gobierno chino del presidente Xi Jinping no cejó en su persecución del pueblo uigur y otras minorías musulmanas en Sinkiang, y en Hong Kong se aprobó una abusiva ley de seguridad nacional para legitimar la represión por motivos políticos.

“Las instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional y los mecanismos de derechos humanos de la ONU, están ahí para obligar a rendir cuentas a los perpetradores, ya sean individuos concretos o Estados. Tristemente, 2020 demostró que están atrapadas en un estancamiento político causado por líderes que intentan menoscabar las respuestas colectivas a las violaciones de derechos humanos y sacar provecho de ellas”, ha afirmado Agnès Callamard.

Los intereses nacionales han prevalecido sobre la cooperación internacional en la respuesta a la COVID-19

Los dirigentes mundiales también han hecho estragos en la escena internacional dificultando los esfuerzos colectivos de recuperación al bloquear o debilitar la cooperación internacional.

Son ejemplos de ello:

Los dirigentes de países ricos, como el expresidente Trump, que eludieron las iniciativas de cooperación global y adquirieron la mayor parte de los suministros mundiales de vacunas, dejando prácticamente sin ellos a otros países. Estos países ricos, además, no presionaron a las empresas farmacéuticas para que compartieran sus conocimientos y tecnología a fin de extender a todo el mundo el suministro de vacunas contra la COVID-19.

El gobierno de Xi Jinping, que censuró y persiguió a personal sanitario y a periodistas que ya al principio intentaron dar la voz de alarma sobre el virus en China, y con ello impidió que se conociera una información fundamental.
El G-20, que propuso suspender los pagos de deuda a los países más pobres para reclamarlos posteriormente con intereses.

“La pandemia ha puesto en evidencia una cruda realidad: la incapacidad del mundo para cooperar eficazmente en momentos de necesidad global extrema”, ha declarado Agnès Callamard. 

“La única salida posible de esta desastrosa situación es la cooperación internacional. Los Estados deben garantizar la rápida disponibilidad de vacunas para todas las personas, en todas partes, y que sean gratuitas en el lugar donde se administren. Las empresas farmacéuticas deben compartir sus conocimientos y tecnología para que nadie se quede atrás. Y los miembros del G-20 y las instituciones financieras internacionales deben aliviar la deuda de los 77 países más pobres del mundo para que puedan combatir la pandemia y recuperarse de ella.”

Surgen en todo el mundo movimientos de protesta de una población defraudada por sus gobiernos

Las políticas regresivas adoptadas han impulsado a mucha gente a sumarse a movimientos de lucha consolidados, como las manifestaciones de Black Lives Matter en Estados Unidos y las protestas de #End SARS en Nigeria, o a nuevas y creativas formas de protesta, como las huelgas virtuales por el clima.

En el informe se describen con detalle numerosas victorias conseguidas por el activismo de derechos humanos en 2020, sobre todo en materia de violencia de género.

Por ejemplo, en Corea del Sur, Kuwait y Sudán se aprobó legislación para combatir la violencia contra mujeres y niñas, y en Argentina, Corea del Sur e Irlanda del Norte se despenalizó el aborto.

“En 2020, el liderazgo no surgió del poder, los privilegios ni el dinero, sino de las innumerables personas que se manifestaron para reivindicar cambios. Vimos enormes muestras de apoyo a los movimientos #End SARS y Black Lives Matter, así como protestas públicas contra la represión y la desigualdad en lugares de todo el mundo, como Chile, Hong Kong, Irak y Polonia. Fue el liderazgo de la gente corriente y de quienes defendían los derechos humanos en todo el mundo, a menudo arriesgando su seguridad, lo que nos impulsó a actuar. Y esas son las personas que están en primera línea de la lucha por un mundo mejor, más seguro y más igualitario”, ha afirmado Agnès Callamard. 

“Nos encontramos en una encrucijada. Debemos romper las ataduras que degradan la dignidad humana. Debemos pulsar el botón de reinicio para construir un mundo basado en la igualdad, los derechos humanos y la humanidad. Debemos aprender de la pandemia y aunar esfuerzos con valentía y creatividad para conseguir que todas las personas sean tratadas en pie de igualdad.”

Amnistía Internacional lanza app de aprendizaje de derechos humanos para la próxima generación de activistas

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha lanzado Academia de Amnistía, aplicación gratuita de aprendizaje de derechos humanos, que tiene por objeto impartir a la próxima generación de defensores y defensoras de los derechos humanos educación sobre un conjunto de temas entre los que figuran la libertad de expresión, la seguridad digital y los derechos de los pueblos indígenas.

Contiene cursos de entre 15 minutos y 15 horas, a los que podrán acceder personas de todo mundo, pues se imparten en más de 20 idiomas, entre ellos el urdu, el bengalí, el húngaro, el coreano, el ruso, el tailandés, el checo y el turco. La aplicación, disponible para dispositivos iOS y Android, permite descargarse todos los cursos para hacer el aprendizaje sin necesidad de conectarse a Internet.

“Esta aplicación se ha concebido con el fin de que cualquier persona, viva donde viva, pueda adquirir conocimientos sobre los derechos humanos y de animarla a hacerlo. Compartir el conocimiento es una manera esencial de defender nuestros propios derechos y los de las demás personas, así como de luchar por la justicia y la igualdad en todo el mundo”, ha manifestado Julie Verhaar, secretaria general en funciones de Amnistía Internacional.

( Clickear aquí para la version inglês y aquí para la version francês)

Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

How can more people be trained to know and claim their human rights?

Una de las principales características de Academia de Amnistía es la aplicación de un enfoque flexible y personalizado del aprendizaje, que permite comenzar los cursos cómo y cuándo se desee. Las personas que hagan algunos de los cursos más largos recibirán un certificado oficial de finalización del curso, firmado por la secretaria general de Amnistía Internacional.

Los cursos disponibles en Academia de Amnistía se han preparado y perfeccionado a lo largo de los tres últimos años en el marco del sitio web de aprendizaje de derechos humanos. Ahora se han mejorado también para poder realizarlos a través del teléfono móvil, para hacer así que el aprendizaje de los derechos humanos sea más accesible aún.

“La educación en derechos humanos es la base del trabajo de Amnistía. Nuestro objetivo general es garantizar que, en todo el mundo, las personas conozcan sus derechos humanos y puedan reclamarlos. La aplicación Academia de Amnistía nos ayuda a alcanzar este objetivo por medio de una plataforma sencilla y accesible, que permite a millones de personas recibir educación en derechos humanos de calidad”, ha afirmado Krittika Vishwanath, directora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Academia de Amnistía se actualizará periódicamente para facilitar el aprendizaje en muchos más idiomas y con nuevos cursos que se irán ofreciendo en los meses venideros y a lo largo de los próximos años.

Enlace para iOS

Enlace para Android

Comentario de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

. DERECHOS HUMANOS .

Una noticia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

Ginebra, 22 de octubre de 2020

“Los procesos de justicia transicional son uno de los instrumentos más poderosos para superar el conflicto y romper el ciclo de violencia e impunidad. Por ello, mi Oficina expresa su total apoyo al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que constituye la piedra angular del histórico Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno -en representación del Estado colombiano- y las FARC-EP para poner fin a más de 50 años de conflicto armado en el país.


Michelle Bachelet

Question for this article:

Truth Commissions, Do they improve human rights?

What is happening in Colombia, Is peace possible?

Hoy me reuní con la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, los tres mecanismos que forman el sistema de justicia transicional, y quisiera reconocer los avances significativos logrados por estas instituciones y la valentía de todos aquellos que están trabajando para que se conozca la verdad. Todas cumplen un rol fundamental y único para asegurar la participación de las víctimas y la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Su contribución a la consolidación de la paz en Colombia ha sido y sigue siendo esencial. Por lo tanto, insto a las autoridades del Estado a apoyar y cooperar incondicionalmente con el sistema de justicia transicional, así como garantizar la plena independencia de sus mecanismos, incluyendo su autonomía financiera y la posibilidad de operar en un entorno seguro.

La verdad y la rendición de cuentas para los crímenes cometidos es crucial para restaurar la dignidad de las víctimas y contribuir a la reconciliación, para el beneficio de toda la sociedad colombiana.”

( Clickear aquí para una version inglês)

Colombia: ‘Incubadora de Ideas en Cultura de Paz’

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo en El Universal

Este jueves 20 de agosto, a las 4 de la tarde, el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena realizará la primera sesión de este año del proyecto ‘Incubadora de Ideas en Cultura de Paz con enfoque diferencial’, definido como un espacio para resaltar experiencias de paz en Colombia.


Arturo Zea participará de la actividad

Esta iniciativa de la Cooperación Española está dirigida a líderes y lideresas sociales, víctimas del conflicto armado, integrantes de organizaciones sociales, comunidades indígenas, investigadores, docentes, estudiantes universitarios y público interesado en conocer experiencias de construcción de una cultura de paz.

(El artículo continúa en el lado derecho de la página)

( Clickear aquí para una version inglês

Question for this article:

Truth Commissions, Do they improve human rights?

What is happening in Colombia, Is peace possible?

(Artículo continúa desde la parte izquierda de la página)

En esta primera sesión se abordará el papel de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en el marco del Acuerdo de Paz y cómo trabaja para cumplir con el mandato de asegurar la dignificación de las víctimas, su contribución a la verdad y a las garantías de no repetición. Participarán Arturo Zea Solano, Coordinador de la CEV para la Costa Caribe, y Ricardo Corredor Cure, Coordinador de la estrategia de Comunicaciones de esa misma institución.

La conversación será moderada por Melissa Mendoza Turizo, comunicadora social, periodista y Coordinadora del Programa Prensa Escuela del diario El Universal. La Incubadora de Ideas se desarrollará este año bajo la temática “Dialogando por la paz”. Se hará a través de un diálogo participativo, que facilite la generación de ideas y la creación de relatos en torno a la paz. Los interesados en participar deben inscribirse en el enlace: https://bit.ly/3kwrqfo.

Amnestía Internacional: En la respuesta a la COVID-19 se olvida a las personas refugiadas y migrantes

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Amnestía Internacional (Reproducido según una licencia 4.0 de Creative Commons, atribución, no comercial, sin obra derivada, internacional).

El trato inhumano que reciben las personas refugiadas y migrantes amenaza con detener los avances que se están realizando para responder a la COVID-19, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, a la vez que ha advertido de que los campos de acogida y centros de detención superpoblados se convertirán en nuevos focos si no se toman medidas con urgencia. La organización ha afirmado que las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad han agravado las ya terribles condiciones existentes, dejando expuestas a millones de personas a pasar hambre y contraer enfermedades.

La organización pide una acción mundial concertada para proporcionar a centenares de miles de personas en movimiento acceso adecuado a alimentos, agua, saneamiento y atención de la salud a fin de garantizar su supervivencia mientras los países se preparan para salir del confinamiento.

“Es imposible contener eficazmente el virus cuando en todo el mundo hay tantas personas que viven

en campos de acogida y centros de detención donde las condiciones de hacinamiento y falta de higiene son desesperadas. En un momento en que la necesidad de compasión y cooperación es mayor que nunca, lo que han hecho algunos gobiernos ha sido intensificar la discriminación y los abusos, con medidas como impedir los envíos de alimentos y agua y encerrar a personas o devolverlas a situaciones de guerra y persecución”, ha afirmado Iain Byrne, director del Equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional.

“En muchos campos se observa ya que la muerte por hambre es una amenaza mayor que el propio virus. Este hecho indica que se está eludiendo de manera horrible la responsabilidad colectiva de proteger a las personas refugiadas y migrantes, por lo que instamos a los Estados a tomar de inmediato medidas para prevenir que la situación degenere en una catástrofe para los derechos humanos.”

Muchos gobiernos han aplicado medidas basadas en la discriminación y la xenofobia, que dejan a las personas refugiadas expuestas a sufrir hambre y enfermedades.

Por ejemplo, en el campo de Vucjuk de Bosnia, las autoridades locales han cortado deliberadamente el suministro de agua para forzar la reubicación de quienes viven en él. La situación económica de muchas personas refugiadas es muy precaria, y las medidas de confinamiento y toque de queda hacen que les cueste más que nunca ganarse la vida. En el campo de Zaatari de Jordania, el confinamiento impide por completo a la gente trabajar, lo que supone que no hay comida ni ingresos para satisfacer siquiera las necesidades básicas. En abril, las personas residentes en campos improvisados en los asentamientos de Calais, en Francia, no recibían los envíos necesarios de alimentos y agua debido al confinamiento, y las restricciones de la movilidad les impedían comprar ellas mismas lo que necesitaban, incluso si tenían dinero para pagarlo.

( Clickear aquí para la version inglês y aquí para la version francês)

Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

How can we work together to overcome this medical and economic crisis?

Muchos gobiernos han continuado deteniendo innecesariamente a solicitantes de asilo, con el consiguiente riesgo de que contraigan el virus. No hay tests ni equipos de protección suficientes para el personal de los centros de detención y las personas recluidas en ellos, con lo que se corre el riesgo de que estallen las enfermedades y las muertes. Las personas recluidas en centros de detención de Australia  piden que se las deje en libertad, porque temen que el personal al que no se han proporcionados equipos de protección personal lleve el virus a ellos sin darse cuenta.

Otros gobiernos han violado el derecho internacional obligando a personas a regresar a situaciones de peligro con el pretexto de contener la propagación de la COVID-19.

Aplicando el programa oportunista y antimigración existente, entre el 20 de marzo y el 8 de abril Estados Unidos rechazó a 10.000 personas  menos de horas después de que llegaran a territorio estadounidense. Asimismo, Malasia rechazó un barco de personas rohinyás que buscaban seguridad, y aunque Bangladesh le permitió al final atracar, al menos 30 personas murieron, según informes, en los dos meses en que el barco estuvo a la deriva. Se sabe que en este momento hay varios centenares de personas que necesitan con urgencia la asistencia de operaciones de búsqueda y salvamento.

Obligar a las personas a regresar a países donde hay razones para creer que pueden sufrir persecución y tortura y otros tratos crueles o degradantes constituye devolución (refoulement), que es ilegal según el derecho internacional. No hay circunstancia alguna en que el principio de no devolución no sea aplicable.

Amnistía Internacional insta a los gobiernos a:

* Garantizar suministros de alimentos y agua suficientes y servicios adecuados de salud a los campos y poner a la gente en cuarenten

* Considerar la posibilidad de regularizar temporalmente a todas las personas migrantes, cualquiera que sea la documentación de que dispongan; garantizar que los paquetes de estímulo económico y protección se aplican a las personas solicitantes de asilo y refugiadas, y continuar permitiendo el reasentamiento cuando sea posible

* Descongestionar los campos de acogida, centros de detención de migrantes y asentamientos informales y realojar a sus residentes en condiciones dignas e higiénicas y con acceso adecuado a servicios de salud, alimentos y agua. Dejar en libertad a las personas detenidas por motivos de inmigración si no puede garantizarse su derecho a la salud durante la detención

* Hacer valer el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución (non-refoulement).

“Los gobiernos no dejan de decir que esta pandemia afecta a todas las personas por igual. Si es así, deben redoblar sus esfuerzos por proteger a los millones de personas de todo el mundo que están sufriendo la pandemia lejos de sus hogares y sus seres queridos”, ha afirmado Iain Byrne.

“Cualquier gobierno que permita que las personas refugiadas mueran de hambre o sed durante el confinamiento habrá actuado terriblemente mal frente a esta crisis.”