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Las Sanciones Occidentales Que Están ‘Asfixiando’ A Siria, Pueden Ser Crímenes De Lesa Humanidad

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo por Benjamín Norton en Agencia Uruguaya de Noticias

La relatora especial de Naciones Unidas dijo que las sanciones “indignantes” que Occidente ha impuesto a Siria están “asfixiando” a millones de civiles y “pueden constituir crímenes de lesa humanidad”. La economía del país se contrajo un 90%. Nueve de cada 10 sirios viven en la pobreza.

“Toda la población [siria] está en condiciones que amenazan la vida con una grave escasez de agua potable”, electricidad, combustible y alimentos, informó la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan.


Foto: Niños sirios caminan entre ruinas en su camino a casa desde la escuela / UNOCHA / Ali Haj Suleiman 

“Toda la población [siria] está en condiciones que amenazan la vida con una grave escasez de agua potable”, electricidad, combustible y alimentos, informó la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan.

Escribió sobre el “enorme efecto negativo de las sanciones unilaterales”, que tienen “un efecto devastador en toda la población” y “un efecto devastador en casi todas las categorías de derechos humanos”.

“Mantener las sanciones unilaterales en medio de la actual situación catastrófica y aún en deterioro en Siria puede equivaler a crímenes de lesa humanidad contra todo el pueblo sirio”, dijo la experta de la ONU.

Douhan, una respetada profesora de derecho internacional, visitó Siria durante 12 días en octubre y noviembre para investigar el impacto de las sanciones en el país. El 10 de noviembre, publicó un informe preliminar que “pide el levantamiento de las sanciones unilaterales de larga duración que ‘sofocan’ al pueblo sirio”.

La relatora especial de la ONU describió un bloqueo de estilo medieval, en el que las sanciones han “erosionado hasta el nivel de la extinción total el poder adquisitivo de los hogares, que se encuentran en un estado prolongado de supervivencia”.

“Las sanciones impuestas han hecho añicos la capacidad del estado para responder a las necesidades de la población, en particular de los más vulnerables, y el 90% de las personas viven ahora por debajo de la línea de pobreza”, escribió Douhan.

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Are economic sanctions a violation of human rights?

Los precios han aumentado más de 800% desde 2019, se han perdido cientos de miles de empleos y las sanciones bloquean la importación de “alimentos, medicinas, repuestos, materias primas y artículos necesarios para las necesidades y la recuperación económica del país”, dijo.

Si bien los gobiernos occidentales afirman tener excepciones humanitarias en sus regímenes de sanciones, la experta de la ONU enfatizó que las “sanciones secundarias y el exceso de cumplimiento” por parte de las instituciones financieras internacionales impiden que Siria importe los bienes necesarios, e incluso han hecho que sea muy difícil para las instituciones de la ONU y organizaciones de ayuda humanitaria internacional para operar en el país.

Hoy, más de la mitad de los sirios sufren de inseguridad alimentaria. Además, el 24% de los sirios están discapacitados y el 14,6% sufren de enfermedades.

Las sanciones también han impedido que el gobierno reconstruya la infraestructura dañada, y han causado una “escasez de electricidad y agua potable”, lo que ha provocado apagones diarios, incluso en hospitales, agua contaminada e incluso un brote de cólera.

Debido a la ocupación de las regiones ricas en petróleo de Siria por parte del ejército de EEUU y sus aliados kurdos, la producción de petróleo del gobierno es solo el 10% de sus niveles anteriores a 2010, y con las sanciones occidentales que hacen que la importación de crudo sea casi imposible, el pueblo sirio enfrentan una escasez crónica de gasolina y combustible.

Douhan pidió que se levanten de inmediato las sanciones unilaterales que Estados Unidos y Europa han impuesto a Siria, subrayando que son ilegales según el derecho internacional.

La experta de la ONU también previamente viajó a Venezuela e informó que las sanciones occidentales ilegales tuvieron efectos devastadores similares en la población civil allí, mientras privaban al gobierno del 99% de sus ingresos.

La mayoría de las sanciones impuestas a Siria se produjeron después de que Occidente lanzara una guerra subsidiaria contra el país en 2011. Pero la experta de la ONU señaló que Washington ha impuesto sanciones a Damasco desde 2004.

Las agresivas sanciones estadounidenses impuestas contra Siria en 2011 y 2012 se expandieron a un bloqueo de facto en 2019, con la aprobación de la Ley César, que Douhan señaló que “autorizó sanciones secundarias contra personas no estadounidenses en cualquier parte del mundo que proporcionen recursos financieros, materiales o apoyo tecnológico al gobierno sirio o que realicen transacciones con él”.

La Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Canadá y Australia han impuesto sanciones similares, junto con la Liga Árabe, que está dominada por las monarquías del Golfo Pérsico.

Como parte de su viaje, Douhan se reunió con representantes no solo del gobierno sirio sino también de organizaciones de la sociedad civil, clínicas de salud, instituciones financieras, grupos humanitarios, empresas, universidades y organismos religiosos, así como con otras entidades de la ONU que operan en el país.

Douhan presentará la versión final de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2023.
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*Benjamín Norton es periodista, escritor y cineasta. Es fundador y editor de Multipolarista, y vive en Latinoamérica.

Honduras: En masiva marcha claman por la paz en Olancho

. HUMAN RIGHTS .

Un artículo de La Tribuna

JUTICALPA, Olancho. Representantes de varias instituciones públicas y privadas se sumaron a la “Caminata por la Paz 2022”, por las principales calles de esta cabecera departamental.

Durante el desarrollo del evento pacífico, los protagonistas clamaron por un inmediato cese el fuego ante hechos criminales que afectan en municipios, mientras pedían a las autoridades mayor seguridad, agilidad para investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos violentos.


Durante la jornada señalaron que la violencia desenfrenada e impune afecta a la población olanchana y la marcha concluyó en la Plaza Municipal de Juticalpa.

Las autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes del Centro Universitario Regional Nor-Oriente, CURNO, se sumaron a la “Caminata por la Paz 2022”.

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How effective are mass protest marches?

También participaron alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”, UNP-FM, y de centros educativos de los niveles de primaria y secundaria.

La actividad también contó con el apoyo organizativo de la Red de Familias Conviviendo en Paz, con la intención de desarrollar entre los niños y jóvenes una cultura de paz y rotundo no a la violencia.

Participaron instituciones educativas de todos los niveles y contó con el respaldo de las autoridades del CURNO, Gobernación Política de Olancho, la alcaldía de Juticalpa y la Dirección Departamental de Educación de Olancho.

La “Caminata por la Paz 2022”, fue un llamado desesperado a la sociedad olanchana para eliminar la violencia y fortalecer la paz.

La violencia azota sin piedad a la población del departamento de Olancho, que con 24 mil kilómetros cuadrados es el más grande de Honduras, incluso de países como El Salvador e Israel.

Los crímenes y amenazas de toda índole están a la orden del día, pero lo más grave es el ambiente de impunidad con que actúan los responsables de estos hechos criminales, se condenó en la marcha.

Según fuentes oficiales, la población en el departamento de Olancho es de aproximadamente 600 mil personas, concentrada casi el 50 por ciento en los municipios de Juticalpa y Catacamas.

Las estadísticas oficiales refieren que los municipios de Juticalpa, Catacamas Patuca y Dulce Nombre de Culmí presentan el mayor número de homicidios entre hombres y mujeres. (Francisco Sevilla)

Chile: los principales cambios que contempla la propuesta de la nueva Constitución

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Un artículo de Radio 3

La Convención Constitucional entregó hoy (4 de julio) el borrador de la nueva Constitución al presidente de Chile, Gabriel Boric, con una serie de cambios respecto de la carta magna vigente, que se sintetizan a continuación.

En el texto de la nueva Constitución que la población deberá aceptar o rechazar en un plebiscito, se destaca el paso de una «república democrática» a una «democracia paritaria», lo que implica que las mujeres ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado y propone tomar medidas para lograr alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad.


Gabriel Boric en Twitter

La ahora expresidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, expresó en su discurso que el texto entregado hoy al presidente es «la primera constitución paritaria del mundo», y remarcó que estuvo presidida por dos mujeres.

La constitución vigente de 1980 no incluye nada relacionado con enfoque de género y paridad, de hecho, lo más cercano a paridad es el artículo que indica que las personas nacen libres e iguales en derechos, norma que fue reformada, ya que previamente sólo hacía referencia a los hombres.

Otro gran cambio que propone el texto es que define a Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural, lo que implica el reconocimiento de 11 pueblos y naciones, además de que constituye Autonomías Regionales Indígenas y reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, con respeto a la Constitución. La constitución vigente omite totalmente a los pueblos originarios e indígenas.

En cuanto al Sistema Político, también hay cambios importantes, como la disminución de edad de 35 a 30 años para postularse a presidente, además de la reelección consecutiva del propio jefe de Estado por una vez, medida que no será aplicable para Gabriel Boric, sino que entrará en ejercicio para el próximo presidente.

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Are human rights guaranteed in national constitutions?

También destaca la eliminación del Senado, órgano que tiene más de 200 años de historia en el país y que será reemplazado por una Cámara de Las Regiones, la que tendrá menor poder que el que tenía antes el Senado y tendría la facultad de formar leyes acotadas a acuerdos regionales.

La Cámara baja pasaría a llamarse Congreso de Diputados y Diputadas y tendría un mayor poder para la formación de leyes, lo que da cuenta de dos cámaras con poder asimétrico.

Uno de los puntos fuertes de la nueva propuesta es la que define a Chile como un «Estado Social y Democrático de Derecho», lo que hace referencia a la serie de artículos que garantizan derechos sociales, como educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones.

En esta materia, la constitución vigente le da al sector privado facultades para actuar por sobre instituciones del Estado en la provisión de bienes sociales, mientras que la propuesta de nueva Constitución indica que es deber del Estado procurar soluciones a estos problemas.

La propuesta del texto constitucional incluye además un cambio respecto al aborto, ya que se indica que el Estado debe asegurar las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos, y para una interrupción voluntaria del embarazo, mientras que la Constitución vigente de 1980 protege explícitamente «la vida del que está por nacer», aunque esto fue modificado con la aprobación de la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación.

La propuesta fue criticada en un principio por el sector más conservador, con el argumento de que esta medida implicaba interrumpir el embarazo en cualquier momento, según sus detractores, sin embargo, será un derecho que deberá ser reglamentado por el Poder Legislativo, que dirá cuáles son los plazos y la forma de hacerlo.

Para combatir la crisis hídrica en el país, el texto incluye una gran diferencia respecto a la constitución vigente, ya que el agua quedará establecida como bien «inapropiable», además de establecer un derecho humano al agua, priorizando su uso y creando una Agencia Nacional de Aguas para su uso sostenible.

Estos son algunos de los grandes cambios de la propuesta de constitución que incluye 388 artículos, y que tras ser presentada al presidente del país, Gabriel Boric, el propio mandatario y los ministros Izkia Siches (Interior) y Giorgio Jackson (Secretario General de la Presidencia) firmaron el decreto que establece el plebiscito obligatorio de salida para el 4 de septiembre para personas mayores de 18 años, y en el cual se definirá si este nuevo texto será aplicado.

Ese plebiscito tendrá sólo las opciones de aprobar o rechazar. Esta última, según coinciden varios sondeos de intención de voto, es la que lleva una amplia ventaja.

Colombia: Informe final de la Comisión de la Verdad: un legado oral y escrito para el país

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Un artículo por Fausto García Calderón de Radio Nacional de Colombia

La espera ha terminado. Después de que en el 2017 naciera la Comisión de la Verdad, hoy martes 28 de junio de 2022, cinco años después, se presentó el informe final en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, de Bogotá.

Un trabajo que se ha venido construyendo desde el 29 de noviembre de 2018 cuando la comisión inició su mandato, donde se detalla la verdad del conflicto en Colombia en más de cincuenta años; misión que estuvo a cargo de 11 comisionados, presididos por el padre Francisco de Roux.


Foto: Colprensa

El evento que inició sobre las 11 de la mañana, se enmarcó con las primeras palabras de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien resaltó la labor realizada por la Comisión de la Verdad.

“Este proceso esclarece no solo el pasado de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado, sino que contribuirá a unir las piezas que la sociedad colombiana necesita para avanzar hacia la construcción de un futuro de paz para todas y todos”, señaló.

A su turno, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, destacó el trabajo donde se escucharon 27.508 relatos, entre víctimas, pueblos indígenas, afros, campesinos, miembros de la fuerza pública, grupos armados ilegales, empresarios, políticos y otros que de alguna u otra forma tuvieron que ver con el conflicto de Colombia.

“Llamamos a aceptar responsabilidades éticas y políticas con sinceridad de corazón. Hemos constatado que quienes reconocen responsabilidades, lejos de disminuir su reputación, la engrandecen”, fue el llamado que hizo el padre Francisco de Roux, durante su intervención.

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Recuerdos de la verdad

Lamentablemente en ese periodo, el 7 de agosto de 2020 falleció por Covid- 19 una de las once comisionadas, Ángela Salazar Murillo, oriunda de Tadó, Chocó, una defensora de los derechos de las mujeres.

Su lucha “nos muestra la importancia de escribir sobre las afectaciones a las mujeres, a las culturas, a las etnias, e implica abordar el daño al territorio. Nos ha dejado un gran conocimiento de lo que pasó en los territorios, desde San Andrés hasta el Urabá. Esos recorridos que ella pudo hacer nos dejaron mucha información en cuanto a testimonios y ha sido para nosotros fundamental terminar esta tarea”, así lo señala el comisionado Leyner Palacios, resaltando el legado de una mujer que dedicó sus años al servicio del pueblo afro, “ha sido maravilloso poder recoger ese trabajo. Ella me dijo una vez: la violencia impactó a todo el país, pero a los negros y a los indígenas nos afectó de manera distinta y de manera diferenciada”.

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Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

Truth Commissions, Do they improve human rights?

What is happening in Colombia, Is peace possible?

En la presentación del informe también se recordó al sociólogo y buscador de historias Alfredo Molano, quien falleció un año atrás, el 31 de octubre de 2019. Cuando inició su misión como comisionado mencionó lo siguiente: “Es la hora de una luz, así sea tenue, que permita vislumbrar el rostro de la tragedia que hemos vivido. ¡Que se abran las ventanas!”.

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Páginas del informe final

10 son los capítulos que integran el informe final de la Comisión de la Verdad: Narrativa Histórica; Violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario; Mujeres y población LGBTIQ+; Étnico; Niños, niñas, y adolescentes; Impactos, afrontamientos y resistencias; Exilio; Testimonial; Territorial; Síntesis, hallazgos, conclusiones y recomendaciones para la no repetición.

El del exilio es uno de los capítulos que genera mayor interés, dado por la realidad que han tenido que afrontar los colombianos y colombianas que han salido del país a causa del conflicto armado. En este, especialmente, la Comisión escuchó 2,200 testimonios en más de 20 países.

Para el comisionado Carlos Beristain fue fundamental escuchar e incluir las verdades que están fuera del país. “Hay una Colombia fuera de Colombia que ha sido invisible a los ojos de la sociedad y del Estado, gente que tuvo que salir del país por el conflicto armado y esta es una forma de reconocimiento a su experiencia”.

La precisión del trabajo de Beristain, médico y psicólogo de profesión, pero hoy comisionado y un gran apostador por la paz y la verdad, considera que este informe junto al libro que escribió ‘Una Maleta Colombiana’, se suma a lo que debe volverse a unir en Colombia.

“La maleta colombiana hace referencia a las experiencias recogidas por las víctimas y a las reflexiones que eso suscita y es un puente entre el exilio y Colombia”.

Lee aquí: ¿Por qué es importante el Informe Final de la Comisión de la Verdad?

El futuro del informe

El evento se percibió como un compromiso por las víctimas que ha dejado la guerra en Colombia. Momentos previos a iniciar la presentación, las sensaciones eran una mezcla diversa; había esperanza, ansiedad, alegría, toques de tristeza y el anhelo de que lo conocido en este informe final sea el acuerdo para no olvidar nuestra verdad, para no dejar que la memoria se nuble y disperse en el tiempo.

Debe tenerse muy claro lo siguiente, a pesar de que hoy se presentó el informe final, vendrán dos meses para que el mismo pueda socializarse con el país, es decir hasta el 29 de agosto de 2022, en los que periódicamente se entregará cada capítulo.

“Pedimos a los colombianos y colombianas sin distinción a acoger las verdades de la tragedia, de la destrucción de la vida entre nosotros y a tomar la determinación de no matar por ningún motivo a nadie. Pedimos reconocer a las víctimas del conflicto armado, su dolor y dignidad”, concluyó el padre Francisco de Roux.

Colombia: Despenalización del aborto es un triunfo para los derechos humanos

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Un artículo de Amnestía Internacional

El fallo de la Corte Constitucional de Colombia a favor de la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas de un embarazo es un gran triunfo para los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy.

Photo de Daniel Romero/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images

“Celebramos este fallo como una victoria histórica del movimiento de mujeres colombianas que han luchado durante décadas por el reconocimiento de sus derechos. Las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar son las únicas que deben tomar decisiones acerca de sus cuerpos. Ahora, en lugar de castigarlas, las autoridades colombianas tendrán que reconocer su autonomía sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Después de la legalización del aborto en Argentina el año pasado y la reciente despenalización en México, este fallo es otro ejemplo más del impulso imparable de la marea verde en América Latina. No dejaremos de luchar hasta que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos de todas la mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en el continente entero, sin excepción.”

La Corte Constitucional aprobó el fallo para despenalizar el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo hoy, con cinco votos a favor y cuatro en contra. Después de las 24 semanas, el aborto legal seguirá estando permitido sólo en los casos de riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada; la existencia de malformaciones fetales que pongan en peligro la vida; o cuando el embarazo sea resultado de una violación, incesto o inseminación artificial no consentida.

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Abortion: is it a human right?

“Aunque la despenalización del aborto en las primeras 24 semanas es un paso vital para el derecho al aborto en Colombia y en América Latina y el Caribe, nadie debería ser criminalizado por acceder a un aborto. Es vital que sigamos presionando para conseguir el pleno acceso al aborto legal y seguro en todas las circunstancias en Colombia y más allá”, añadió Erika Guevara Rosas.

A pesar de ser un derecho fundamental establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006, actualmente el acceso al aborto es inequitativo y limitado en Colombia. Se estima que actualmente en el país se realizan 400.400 abortos cada año, y que menos del 10% de estos procedimientos se realiza de forma legal, con una gran concentración de los servicios en las principales ciudades.

El aborto legal no solo es mucho más seguro que el aborto clandestino, sino también el costo de su provisión en Colombia, frente a la atención del aborto incompleto, es mucho menor  cuando se realiza en instituciones de primer nivel, utilizando las técnicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

La existencia del aborto como delito reproduce las desigualdades entre las mujeres. La gran mayoría de las que son denunciadas por abortos clandestinos en Colombia son habitantes de áreas rurales y casi una tercera parte  de ellas son sobrevivientes de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales. Por ende, en vez de privilegiar un marco más garantista de derechos, se ha prevalecido un marco de persecución contra las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad.

Además, la penalización del aborto ha generado miedo y estigmas en los prestadores de salud, haciendo que evitan brindar el servicio  de interrupción del embarazo por temor a las consecuencias sociales y legales que puedan enfrentar.

Para más información o para organizar una entrevista, favor de contactar a: Duncan Tucker: +52 55 4848 8266; duncan.tucker@amnesty.org

México : Reconocidos investigadores comparten su experiencia de las Cátedras UNESCO de la Región de América Latina y el Caribe

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Un artículo de ZHN Zacatecas Hoy

Con el propósito de indagar en las alternativas y estrategias para implementar un programa de la cultura de paz en los sistemas educativos, catedráticos integrantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en Ingles (UNESCO), comenzaron con los conversatorios titulados “Experiencias de las Cátedras UNESCO de la Región de América Latina y el Caribe”.


Adolfo Rodríguez Guerrero

Para iniciar estas actividades, el coordinador del programa del sector educación de la UNESCO en México, Adolfo Rodríguez Guerrero, indicó que la función de estas cátedras es apoyar en las soluciones de las problemáticas del desarrollo sostenible que se están presentando desde los últimos 20 o 30 años.

En este sentido, el integrante informó que las cadenas UNESCO, es un programa central que aporta acciones y reflexiones, producto de lo que se le denomina la inteligencia, el saber y la innovación colectivas que generan las universidades en busca de una ciudadanía global.

Para este fin, Rodríguez Guerrero destacó que este organismo especializado de las naciones unidas en nuestro país está trabajando para que se dé un desarrollo sostenible por medio de dos elementos: una cultura de paz mundial y una sostenibilidad por medio de una reinvención educativa, es decir, un cambio en la educación superior que fomente conocimiento y aprendizaje digital a través de las nuevas tecnologías de la información.

La intervención de la coordinadora de la Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gloria Ramírez Hernández, versó en explicar la importancia de los derechos humanos en el trabajo que se ha realizado en estas cátedras desde el año de 1992, fomentando valores, actitudes y comportamientos que reflejen el respeto de vida y erradiquen la violencia en todos sus tipos.

(El artículo continúa en el lado derecho de la página)

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Questions for this article:

How can we promote a human rights, peace based education?

Is there progress towards a culture of peace in Mexico?

Will UNESCO once again play a role in the culture of peace?

(El artículo continúa del lado izquierdo de la página)

Al respecto, la especialista señaló que estas acciones buscan que se fortalezca la prevención en los derechos humanos y las libertades fundamentales de cada persona, visualizando la cultura de la paz como una acción preventiva mediante la construcción de la democracia y el manejo de los conflictos, resolviéndolos con medios pacíficos.

En el caso de la UNAM, al explicar su experiencia como coordinadora de esta cátedra, la ponente resaltó que su labor de hacer conciencia sobre la aplicación de los derechos humanos se ha dado a través de las funciones sustantivas de esta institución: investigación, docencia y difusión por medio de campos de conocimiento, líneas de investigación y proyectos que buscan prevenir cualquier actitud violenta.

Dentro de estos proyectos, se encuentra el Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos, el cual tiene el objetivo de promover una cultura de defensa, promoción y respuesta en derechos humanos en todos los tipos, niveles y modalidades desde un enfoque integral que favorezca la gobernabilidad, democracia y la paz.

Finalmente, la catedrática expresó que “la paz sin mujeres no va”, y mencionó que “el conflicto y las crisis humanitarias impiden el acceso de las mujeres y niñas al progreso, lo que incluye el derecho a los alimentos, la educación, la seguridad y la salud, al verse inmersas en un colapso social y económico, sobre todo en un contexto post- pandemia”.

Por su parte, el coordinador de la Cátedra “Universidad e integración regional” de la UNESCO, Axel Didriksson Takayanagui, habló sobre la transformación que setiene que dar en la universidad pública de la Región de América Latina y el Caribe, ya que el accionar, es una curricula en una cultura de paz y en un pensamiento crítico y analítico. 

El catedrático enunció que el desarrollo de las Cátedras UNESCO, brindará bases para que el próximo mes de mayo del presente año en la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO se presente un posicionamiento que muestre la importancia de implementar una cultura de la paz, considerando ese como un derecho humano prioritario para la inclusión, la equidad y la transformación educativa.

A propósito de esta conferencia de carácter internacional, el reconocido investigador comentó que ésta es la tercera edición de este tipo de actividades académicas, la cual también se llevará a cabo en la Universidad de Barcelona en España. “Este será un espacio en el que se analizarán modelos innovadores y visionarios en la respectivo a la educación superior y su resiliencia con el panorama global”.

En estos conversatorios estuvieron presentes por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, como coordinadores de esta actividad, los docentes universitarios Juana Elizabeth Salas y Oscar Padilla. Cabe mencionar que estas cátedras analizan temas como derechos humanos, la educación como camino hacia el desarrollo sostenible y la manera de integrar todos los trabajos que realizan las universidades que conforman este plan de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

Amnistía Internacional: El Apartheid Israelí contra la Población Palestina

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Un informe de Amnistía Internacional

En mayo de 2021, un grupo de familias palestinas de Sheikh Jarrah, un barrio de la Jerusalén Oriental ocupada, comenzó a protestar contra el plan de Israel de desalojarlas de sus viviendas para hacer sitio a los colonos judíos. Muchas de las familias son personas refugiadas que se establecieron en Sheikh Jarrah tras ser objeto de desplazamiento forzado en torno a la época en que se creó el Estado de Israel en 1948.  Desde que Israel ocupó Jerusalén Oriental y el resto de Cisjordania en 1967, la población palestina de Sheikh Jarrah es blanco continuo de las autoridades israelíes, que usan leyes discriminatorias para desposeer sistemáticamente a la población palestina de sus tierras y casas para beneficiar a la población israelí judía.  


video de Amnesty

Ante las manifestaciones en Sheikh Jarrah, miles de palestinos y palestinas de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) organizaron protestas a su vez en apoyo de estas familias y contra su experiencia común de fragmentación, desposesión y segregación a las que las autoridades israelíes respondieron con el uso de fuerza excesiva y de medios letales que causaron heridas, arrestos y detenciones de miles de personas.

Los sucesos de mayo de 2021 fueron representativos de la opresión que sufre la población palestina cada día desde hace décadas. La discriminación, la desposesión, la represión de la disidencia, los homicidios y lesiones son parte de un sistema concebido para privilegiar a la población israelí judía a expensas de la palestina.  

Esto es apartheid.  

La nueva investigación de Amnistía Internacional muestra que Israel impone un sistema de opresión y dominación a la población palestina en todas las zonas bajo su control —en Israel y en los TPO— y a las personas refugiadas palestinas, a fin de beneficiar a la población israelí judía. Esto constituye apartheid y está prohibido por el derecho internacional.

Las leyes, políticas y prácticas concebidas para mantener un sistema cruel de control de la población palestina han dejado a ésta fragmentada geográfica y políticamente, muchas veces empobrecida y en un estado permanente de temor e inseguridad.

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¿QUÉ ES APARTHEID?

El apartheid es una violación del derecho internacional público, una violación grave de derechos humanos protegidos internacionalmente y un crimen de lesa humanidad en virtud del derecho penal internacional.

El término “apartheid” se usó originalmente para referirse al sistema político de Sudáfrica que imponía expresamente la segregación racial y la dominación y opresión de un grupo racial por otro. Posteriormente, la comunidad internacional lo ha adoptado para condenar y criminalizar este tipo de sistemas y prácticas con independencia del lugar donde existan.

Se comete el crimen de lesa humanidad del apartheid según la Convención contra el Apartheid, el Estatuto de Roma y el derecho internacional consuetudinario cuando se perpetra un acto cruel o inhumano (en esencia una violación grave de derechos humanos) en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro con la intención de mantener ese sistema.

La mejor forma de entender el apartheid es verlo como un sistema de trato discriminatorio prolongado y cruel de un grupo racial a los miembros de otro con la intención de controlar al segundo.

ACCEDER A NUESTRO CURSO

Amnistía Internacional ha creado un curso gratuito de 90 minutos titulado “Deconstruir el apartheid israelí contra la población palestina”. Para saber más sobre el crimen de apartheid en el derecho internacional, cómo es el apartheid en Israel/TPO y cómo afecta a la vida de la población palestina, inscríbete en nuestro curso en la academia de educación en derechos humanos de Amnistía Internacional.

¿POR QUÉ HACE CAMPAÑA AMNISTÍA INTERNACIONAL CONTRA EL APARTHEID?

El apartheid no es aceptable en ninguna parte del mundo. Entonces ¿por qué el mundo lo acepta contra la población palestina?

La comunidad internacional lleva tiempo dejando de lado los derechos humanos cuando se trata de abordar las décadas de lucha y sufrimiento del pueblo palestino. Los palestinos y palestinas que sufren la brutalidad de la represión de Israel reclaman desde hace más de dos décadas que se entienda el régimen israelí como apartheid. Con el tiempo, ha empezado a cobrar fuerza un reconocimiento internacional más amplio del trato que da Israel a la población palestina como apartheid.

Aun así, los gobiernos con responsabilidad y poder para hacer algo se niegan a tomar medidas significativas para obligar a Israel a rendir cuentas de sus actos. En su lugar, se esconden tras un proceso de paz moribundo a expensas de los derechos humanos y de la rendición de cuentas. Lamentablemente, la situación actual no muestra ningún avance hacia una solución justa sino el empeoramiento de los derechos humanos para la población palestina.

Amnistía pide a Israel que ponga fin al agravio internacional y el crimen de apartheid desmantelando las medidas de fragmentación, segregación, discriminación y privación actualmente vigentes contra la población palestina.

PIDE A ISRAEL: DERRIBEN EL APARTHEID, NO LAS VIVIENDAS PALESTINAS

La negación de una vivienda a la población palestina es parte esencial del sistema de apartheid israelí. Por eso, como primer paso para el desmantelamiento de este sistema, pedimos a Israel que ponga fin a la práctica de demolición de viviendas.

Las familias palestinas necesitan que la apoyemos contra la injusticia y la discriminación, que actuemos para ayudarles a proteger sus casas.

ACTUAR

EL SISTEMA ISRAELÍ DE OPRESIÓN Y DOMINACIÓN DE LA POBLACIÓN PALESTINA

Desde su creación en 1948, los sucesivos gobiernos de Israel han creado y mantenido un sistema de leyes, políticas y prácticas concebidas para oprimir y dominar a la población palestina. Este sistema se manifiesta de diferentes formas en las diferentes zonas en las que Israel ejerce el control sobre los derechos de la población palestina, pero la intención es siempre la misma: privilegiar a la población israelí judía a expensas de la palestina.

Las autoridades israelíes hacen esto por medio de cuatro estrategias principales:

Fragmentación en dominios de control

Parte esencial del sistema es mantener a la población palestina separada entre sí en diferentes dominios territoriales, jurídicos y administrativos.

Desposesión de tierras y propiedades

Décadas de confiscación discriminatoria de tierras y propiedades, demoliciones de viviendas y desalojos forzosos.

Segregación y control

Un sistema de leyes y políticas que mantienen a la población palestina en enclaves, sometida a varias medidas que controlan su vida y segregada de la población israelí judía.

Privación de derechos económicos y sociales

El empobrecimiento deliberado de la población palestina que la mantiene en gran desventaja respecto de la israelí judía.

FRAGMENTACIÓN EN DOMINIOS DE CONTROL

Durante la creación de Israel como Estado judío en 1948, Israel expulsó a cientos de miles de personas palestinas y destruyó cientos de pueblos palestinos en lo que constituyó una limpieza étnica.

Desde entonces, los sucesivos gobiernos han ideado leyes y políticas para garantizar la fragmentación continua de la población palestina. Ésta vive confinada en enclaves en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, y en las comunidades refugiadas, donde es sometida a diferentes regímenes jurídicos y administrativos. Esto tiene el efecto de debilitar los lazos familiares, sociales y políticos entre comunidades palestinas y de reprimir la disidencia constante contra el sistema de apartheid; también contribuye a maximizar el control israelí judío sobre la tierra y a mantener una mayoría demográfica judía.

Millones de personas palestinas permanecen desplazadas como refugiadas y continúan aisladas físicamente de las que residen en Israel y los TPO merced a la negación continua por parte de Israel de su derecho a volver a sus casas, pueblos y localidades.

DESPOSESIÓN DE TIERRAS Y PROPIEDADES

Desde 1948, Israel ha hecho confiscaciones masivas y crueles de tierras para desposeer a la población palestina de sus tierras y casas. Aunque la población palestina en Israel y los TPO está sometida a regímenes jurídicos y administrativos diferentes, Israel usa medidas de expropiación de tierras similares en todas las zonas. Por ejemplo, desde 1948, Israel ha expropiado tierras en zonas de importancia estratégica que incluyen poblaciones palestinas significativas como Galilea y el Néguev/Naqab, y ha usado medidas similares en los TPO tras la ocupación militar por Israel en 1967. Para maximizar el control israelí judío sobre la tierra y reducir al mínimo la presencia palestina, la población palestina está confinada en enclaves separados y densamente poblados. Mientras tanto, las políticas israelíes permiten la asignación discriminatoria de tierras estatales para ser utilizadas casi exclusivamente para beneficiar a personas israelíes judías tanto dentro de Israel como en los TPO.

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SEGREGACIÓN Y CONTROL

Los sucesivos gobiernos israelíes persiguen la estrategia de establecer la dominación a través de leyes y políticas discriminatorias que segregan a la población palestina en enclaves basándose en su condición jurídica y su estatuto de residencia.

Israel niega a su ciudadanía palestina sus derechos a la igualdad en la nacionalidad y la condición jurídica, mientras que la población palestina en los TPO sufre graves restricciones a la libertad de circulación. Israel también limita los derechos de la población palestina a la agrupación familiar de un modo muy discriminatorio: por ejemplo, las personas palestinas de los TPO no pueden obtener la residencia ni la ciudadanía mediante el matrimonio, algo que sí está alcance de las personas israelíes judías.

Israel impone asimismo limitaciones severas a los derechos civiles y políticos de la población palestina a fin de reprimir la disidencia y mantener el sistema de opresión y dominación. Por ejemplo, millones de personas palestinas de Cisjordania siguen estando sometidas al régimen militar israelí y a las draconianas órdenes militares adoptadas a partir de 1967.

PRIVACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Estas medidas han dejado a la población palestina marginada, empobrecida y económicamente desfavorecida en Israel y los TPO.

Las décadas de asignación discriminatoria de recursos por las autoridades israelíes en beneficio de la ciudadanía israelí judía en Israel y de los colonos israelíes en los TPO agravan las desigualdades. Por ejemplo, millones de personas palestinas dentro de Israel y Jerusalén Oriental viven en zonas densamente pobladas que, en general, están subdesarrolladas y carecen de servicios esenciales como recogida de basuras, electricidad, transporte público e infraestructura para el agua y el saneamiento.

Las personas palestinas que viven en todas las zonas bajo control de Israel tienen menos oportunidades para ganarse el sustento y participar en actividades empresariales que las personas israelíes judías. Experimentan limitaciones discriminatorias en el acceso a, y el uso de, las tierras de cultivo, el agua, el gas y el petróleo, entre otros recursos naturales, así como restricciones a la provisión de servicios de salud, educación y otros servicios básicos.

Además, las autoridades israelíes se han apropiado de la inmensa mayoría de los recursos naturales de la población palestina en los TPO para beneficio económico de la ciudadanía judía en Israel y en los asentamientos ilegales.

LA VIDA BAJO EL APARTHEID

NEGACIÓN DE UNA VIVIENDA: DEMOLICIONES Y DESALOJOS FORZOSOS

La población palestina está sometida sistemáticamente a demoliciones de viviendas y desalojos forzosos, y vive con el temor constante de perder su casa. 

Hace más de 73 años que Israel somete a desplazamiento forzado a comunidades palestinas enteras. Se han demolido cientos de miles de viviendas palestinas, lo que ha causado terribles traumas y sufrimientos. Hay más de seis millones de personas palestinas refugiadas que, en su inmensa mayoría, viven en campos de refugiados, algunos de ellos fuera de Israel y los TPO. En los TPO hay alrededor de 100.000 personas palestinas y otras 68.000 dentro de Israel en riesgo inminente de perder su casa, muchas de ellas por segunda o tercera vez.

La población palestina está atrapada en un círculo vicioso: Israel les exige la obtención de un permiso para construir o erigir siquiera una estructura como una tienda, pero —a diferencia de lo que ocurre con los solicitantes israelíes judíos— rara vez se lo concede. Muchas personas palestinas se ven obligadas a construir sin permiso. Israel derriba las viviendas palestinas porque han sido construidas “ilegalmente”.
Israel usa estas políticas discriminatorias de planificación urbana y zonificación para crear unas condiciones de vida insoportables y obligar a la población palestina a abandonar sus casas y permitir la expansión de los asentamientos judíos.
Mohammed al Rajabi, residente de la zona de Al Bustan de Silwan, cuya casa fue demolida por las autoridades israelíes el 23 de junio de 2020 por haberse construido “ilegalmente”, contó a Amnistía Internacional el devastador impacto en su familia:

AMOR FRAGMENTADO: SEPARACIÓN DE FAMILIAS PALESTINAS

Israel ha promulgado leyes y políticas discriminatorias que alteran la vida familiar de la población palestina. Desde 2002, Israel aplica la política de prohibir a la población palestina de Cisjordania y Gaza la obtención de una condición jurídica en Israel o en Jerusalén Oriental mediante el matrimonio, lo que impide la agrupación familiar.

Israel usa desde hace tiempo leyes y políticas discriminatorias para separar a las personas palestinas de sus familias. Por ejemplo, las personas palestinas de Cisjordania y Gaza no pueden obtener una condición jurídica en Israel o en la Jerusalén Oriental ocupada a través del matrimonio, lo que niega sus derechos a la agrupación familiar. Esta política obliga a miles de personas palestinas a vivir separadas de sus seres queridos; otras tienen que irse a otros países o vivir con el temor constante de ser detenidas, expulsadas o deportadas.

Estas medidas están dirigidas expresamente a la población palestina, no a la israelí judía, y se basan principalmente en consideraciones de orden demográfico que tienen como objetivo reducir al mínimo la presencia palestina dentro de Israel y los TPO.

Sumaia nació y se crio en Lod, en el centro de Israel. En 1998 se casó con un hombre de la Franja de Gaza que se trasladó a Lod para vivir con ella. En 2000, Sumaia y su esposo iniciaron el proceso de solicitar la agrupación familiar para poder vivir juntos legalmente. Este proceso duró 18 años, durante los cuales la pareja vivió con miedo y ansiedad. Sumaia dijo a Amnistía:

BAJO ASEDIO

Desde hace 14 años, más de dos millones de personas palestinas de la Franja de Gaza viven bajo un bloqueo ilegal de Israel. Junto con cuatro importantes ofensivas militares, el bloqueo ha tenido consecuencias catastróficas para la población de Gaza.

El bloqueo es una forma de castigo colectivo. Obliga a la población de Gaza —integrada en su mayoría por personas refugiadas o sus descendientes que huyeron en 1948— a vivir en condiciones cada vez más difíciles. Hay una grave escasez de viviendas, agua apta para el consumo, electricidad, medicamentos esenciales y atención médica, alimentos, material educativo y materiales de construcción. En 2020, Gaza tenía la tasa de desempleo más alta del mundo, y más de la mitad de su población vivía por debajo del umbral de la pobreza.

El 30 de marzo de 2018, la población palestina de Gaza lanzó la Gran Marcha del Retorno, una serie de manifestaciones masivas semanales junto a la valla que separa Gaza de Israel.

Exigían su derecho a retornar a sus pueblos y localidades en lo que ahora es Israel, así como el fin del bloqueo de Gaza por Israel. La respuesta fue brutal: al terminar 2019, las fuerzas israelíes habían matado a 214 civiles, incluidos 46 menores, y causado heridas a más de 8.000 con munición real. De éstas, hubo que practicarles amputaciones a un total de 156. Más de 1.200 pacientes necesitaron durante largo tiempo atención terapéutica y de rehabilitación compleja y costosa, y decenas de miles de personas más necesitaron ayuda psicosocial; ninguno de estos servicios es fácil de encontrar en Gaza.

El bloqueo impide el acceso de la población palestina a atención médica adecuada y, en concreto, a tratamientos médicos que salvan vidas y de urgencia que sólo están disponibles fuera de Gaza. Las autoridades israelíes suelen retrasar la concesión de estos permisos y a veces no los dan.

Adham al Hajjar, de 36 años, es periodista independiente y vive en la ciudad de Gaza. El 6 de abril de 2018, mientras cubría las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno, le dispararon unos francotiradores israelíes situados a lo largo de la valla que separa Gaza de Israel. No puede recibir en Gaza la ayuda médica que necesita debido a la precariedad de los servicios sanitarios de este territorio.

CONSTANTES DE ACTUACIÓN CRIMINALES

Hace décadas que Israel comete sistemáticamente violaciones graves de derechos humanos contra la población palestina. Amnistía y otras organizaciones han documentado a fondo violaciones como traslados forzosos, detención administrativa, tortura, homicidios ilegítimos y lesiones graves, y la negación de derechos y libertades fundamentales. Es evidente que el sistema de apartheid israelí se mantiene gracias a estos abusos, que se perpetran con casi total impunidad.

Forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población palestina que se lleva a cabo en el contexto del régimen institucionalizado israelí de opresión y dominación sistemáticas de la población palestina y, por tanto, constituyen crímenes de lesa humanidad de apartheid. 

DESMANTELAR EL SISTEMA

No hay lugar para el apartheid en nuestro mundo. Es un crimen de lesa humanidad y tiene que acabar.

Las autoridades israelíes llevan demasiado tiempo gozando de impunidad. La inacción internacional a la hora de exigir cuentas a Israel significa que la población palestina sigue sufriendo todos los días. Es hora de denunciar, de solidarizarnos con la población palestina y decirle a Israel que no vamos a tolerar el apartheid.

La población palestina lleva décadas exigiendo el fin de la opresión en la que vive. Con demasiada frecuencia, paga un precio terrible por defender sus derechos y lleva tiempo pidiendo ayuda al resto del mundo.

Hagamos que esto sea el principio del fin del sistema israelí de apartheid contra la población
palestina.

Únete a la lucha por la justicia, la libertad y la igualdad para todas las personas. 

PIDE A ISRAEL: DERRIBEN EL APARTHEID, NO LAS VIVIENDAS PALESTINAS

La negación de una vivienda a la población palestina es parte esencial del sistema de apartheid israelí. Por eso, como primer paso para el desmantelamiento de este sistema, pedimos a Israel que ponga fin a la práctica de demolición de viviendas.

Las familias palestinas necesitan que la apoyemos contra la injusticia y la discriminación, que actuemos para ayudarles a proteger sus casas.
ACTUAR

“Semana por la Paz 2021” Iniciativa para la consolidación de la paz en Colombia

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Area Cucuta

El aumento de feminicidios, violencia intrafamiliar, asesinatos contra líderes sociales y el crecimiento de la pobreza, señala que el panorama en Colombia para lograr un territorio sano es todavía un desafío. Por esta razón, entre el 5 y el 12 de septiembre se llevará a cabo la versión 34 de la “Semana por la Paz”, una iniciativa de organizaciones constructoras de paz de la sociedad civil colombiana, que desde 1987 visibilizan el esfuerzo cotidiano de personas, colectivos e instituciones que trabajan en la construcción y consolidación de la paz, la redignificación de las víctimas, el cuidado y respeto de la vida en y desde las regiones del país.


Con la participación de la Comisión de la Verdad, Secretariado Nacional de Pastoral Social, Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), Redepaz, Universidad Javeriana, la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz) y por cuarto año consecutivo Compensar, entre otras organizaciones, y con el lema ¡Verdad que podemos!, sebusca invitar a encontrar caminos de reencuentro y solidaridad para la reconciliación con la vida y la biodiversidad.

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Por ello, y entendiendo que según estadísticas de la Base de datos de acciones colectivas por la paz (Datapaz) del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP), este es el mes que presenta históricamente mayores niveles de movilización y que entre 1987 y 2016 la mayoría de las movilizaciones (el 86%) estuvieron orientadas a la promoción de la paz, se busca este año, que las prácticas desarrolladas por personas, grupos, familias, organizaciones sociales y comunidades, enfocadas en la verdad y la reconciliación, se organicen para resignificar y superar los factores generadores de violencia, posibilitar la convivencia pacífica y comprometer a todos los actores del conflicto y a la sociedad civil en el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.

“Estamos convencidos de que la reconciliación es la mejor manera de reconstrucción del tejido social, en un año impactado por la pandemia y por demandas sociales históricas. Por ello, con el propósito de visibilizar las diferentes iniciativas colectivas de bienestar integral que se tienen, Compensar le apuesta al desarrollo del país con distintos programas para atender primera infancia en territorios rurales, jornadas escolares complementarias en Bogotá, Soacha, Caparrapí, Yacopí, La Palma y La Peña o programas para personas mayores en Caparrapí. De esta forma, se logrará consolidar una cultura de paz”, aseguró Margarita Añez, directora de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar.

En esta línea, la Semana por la Paz tiene como propósito contar las principales tareas de construcción de paz y defensa de los DD.HH. que se deben impulsar actualmente en el país, acordes con el momento de protesta social legítima que vive Colombia, la pandemia del Covid-19, el informe final que viene preparando la Comisión de la Verdad, y los avances y dificultades de la implementación del Acuerdo de Paz, tanto en la institucionalidad pública como en los grupos civiles de excombatientes, víctimas y la sociedad en general.

De esta manera, se reconocerá como un proceso que requiere compromisos y acuerdos, que se tejen de manera diferencial y multiescalar desde los diferentes procesos sociales, comunitarios y territoriales comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la dignidad humana y la implementación integral del acuerdo de paz, teniendo como eje fundamental la labor desarrollada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. 

Gaza: El alto el fuego no puede ocultar la destrucción, mientras un grupo de expertos pide una investigación de la CPI

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Naciones Unidas

Pese a la satisfacción de la comunidad comunitaria por el alto el fuego acordado en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel, ésta no ha dudado en advertir que la destrucción en Gaza tardará años, si no décadas, en solucionarse.

Lo evidenciaba este viernes desde Gaza, Matthias Schmale del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, quien evidenció que no se podrá volver a una situación de normalidad tras más de 10 días de lanzamientos de cohetes e intercambios de ataques aéreos entre las partes en conflicto que se han saldado con la muerte de más de 250 personas y miles de heridos.


Un bloque de pisos en ruinas en la ciudad de Gaza tras un ataque aéreo israelí

“Volver a la normalidad significa que tenemos que vigilar con mucho cuidado por dónde vamos; (hay) dispositivos sin explotar, sabemos que al menos en una escuela, una de nuestras 278 escuelas, hemos detectado dos bombas completamente enterradas y alertado a las autoridades israelíes”, alertó y razonó que “obviamente, no podemos apresurarnos a regresar a nuestros edificios y escuelas, tenemos que asegurarnos de que están a salvo”.

El alto funcionario de la UNRWA también señaló que este viernes estaba prevista la apertura del cruce de Kerem Shalom durante varias, ya que mientras duraron los enfrentamientos no fue posible sacar a la gente para que recibiera tratamiento médico ni la entrada de ayuda.

Schmale señaló que el personal de la UNRWA, en su mayoría residentes en la región, dijo que la violencia fue “peor en intensidad que en 2014”, antes de hacerse eco del llamamiento del Secretario General de la ONU a un proceso político significativo para resolver los agravios tanto de palestinos como de israelíes.

Los jóvenes palestinos necesitan tener unas condiciones de vida dignas

“La normalidad aquí también implica tener un 50% de empleo que va creciendo… Después de estar aquí dos años y medio, estoy convencido de que estaremos de nuevo en guerra si no se abordan las causas subyacentes; y desde la perspectiva de Gaza eso significa dar a la gente y especialmente a los jóvenes una esperanza de vida digna”, dijo.

“Si tienes tu propio dinero y lo llevas a casa para comprar comida en lugar de depender de las limosnas de la ONU”, añadió el alto funcionario de la ONU, “tienes menos probabilidades de encontrarte con agrupaciones como Hamás”.

UNICEF entrega ayuda de emergencia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia entregó este viernes 18 contenedores de ayuda a través del paso fronterizo de Kerem Shalom en apoyo a los niños y las familias necesitadas.

La ayuda de emergencia consistió en botiquines de primeros auxilios, bolsas de sangre, extintores, antibióticos y otros kits de control de infecciones, junto con 10.000 dosis de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19.

“Damos las gracias por la entrada en vigor del alto el fuego a las 2 de la madrugada porque el número de víctimas ha sido muy elevado”, manifestó Lucia Elmi, representante especial de UNICEF en Palestina.

“Esto permitirá darles un respiro necesario a las familias y la entrega de asistencia humanitaria y de personal que tanto se necesita en la Franja de Gaza”, añadió.

Expertos en derechos de la ONU piden una investigación de la CPI

Por otra parte, un grupo de expertos de la ONU* en derechos humanos pidieron a todas las partes del conflicto entre Gaza e Israel que respeten el alto el fuego, e instaron a la Corte Penal Internacional a investigar los ataques contra la población civil y otras graves violaciones de los derechos humanos.

Los expertos señalaron los desalojos forzosos de familias palestinas que vivían en Sheikh Jarrah y Silwan, en el Jerusalén Este ocupado, fue la chispa que encendió la mecha desencadenando una guerra a gran escala.

Los expertos cifraron en al menos 222, entre ellas 63 niños, el número de personas que murieron en Gaza por las 12 personas que fallecieron en Israel como consecuencia de los combates.

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Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

A las bajas civiles se suman más de 450 edificios completamente destruidos o dañados por los misiles en la Franja de Gaza, entre ellos seis hospitales, nueve centros sanitarios, una planta desalinizadora de agua, que suministraba agua potable a unos 250.000 palestinos, así como una torre que albergaba a diversos medios de comunicación como la cadena de televisión Al Jazeera, y la agencia de noticias Associated Press.

Desequilibrio de fuerzas entre las partes

“A causa de la enorme asimetría de fuerzas, las víctimas de este conflicto son en su mayoría los palestinos de Gaza, con 74.000 personas desplazadas forzosamente que se han quedado sin hogar, la mayoría de ellos mujeres y niños”, razonaron.

A continuación, destacaron que “el conflicto ha provocado una nueva oleada de destrucción masiva de viviendas e infraestructuras civiles sin precedentes que incluyeron a la red eléctrica de Gaza y ataques indiscriminados o deliberados con misiles contra civiles y zonas residenciales de Israel y Gaza”.

Los expertos indicaron que los ataques “no sólo violan las normas internacionales de derechos humanos, sino que también equivalen a crímenes de derecho internacional por lo que existe tanto responsabilidad individual como estatal”.

“El conflicto ha provocado una nueva oleada de destrucción masiva sin precedentes de viviendas e infraestructuras civiles, incluidas las redes eléctricas de Gaza, y ataques indiscriminados o deliberados con misiles contra civiles y zonas residenciales de Israel y Gaza, que no sólo violan las normas internacionales de derechos humanos, sino que también equivalen a crímenes de derecho internacional por los que hay responsabilidad individual y estatal”, continuaron.

Los especialistas afirmaron que todos los “bombardeos indiscriminados o deliberados contra civiles y torres que albergan civiles, organizaciones de medios de comunicación y campos de refugiados en Gaza e Israel son crímenes de guerra que, a priori, no están justificados por los requisitos de proporcionalidad y necesidad del derecho internacional.

“Todas las partes que participen en esos ataques deben asumir la responsabilidad individual y estatal que corresponda”, explicaron.

Asimismo, instaron a Israel y a las autoridades de Gaza a restablecer el suministro de electricidad, combustible, agua y alimentos en Gaza, y a garantizar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

Hay que detener la exportación de armas

Solicitaron a todos los Estados, pero especialmente a los que apoyan a Israel o a las autoridades palestinas a detener la exportación de armas que avivan el conflicto y que supediten el resto de la ayuda al cumplimiento de los derechos humanos y el derecho humanitario.   

Los expertos instaron a la Corte Penal Internacional a investigar los comportamientos de todas las partes que violan el Estatuto de Roma, especialmente los crímenes de guerra, incluidos los ataques contra civiles, las violaciones masivas e indiscriminadas del derecho a una vivienda adecuada, y a investigar los actos y que sucedieron durante el conflicto, o que han contribuido a él, ya que pueden equivaler al crimen de apartheid y a crímenes contra la humanidad.

Por su parte, la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció días atrás en Twitter que su oficina incluirá los hechos ocurridos en los últimos días en la investigación que lleva a cabo sobre posibles crímenes de prepetrados en Palestina.

Fatou Bensouda dijo en un tuit: “recuerdo que las investigaciones de mi Oficina cubrirán todas las partes y todos los hechos y pruebas relevantes para evaluar si existe responsabilidad penal individual en virtud del Estatuto” de Roma.

*Los expertos son: Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto; Michael Lynk, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Koumbou Boly Barry, relatora especial sobre el derecho a la educación; Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación; Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios; Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Amnestía Internacional: Los ataques sistemáticos de Israel contra viviendas en Gaza deben investigarse como crímenes de guerra

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Amnestía Internacional

Las fuerzas israelíes han mostrado un escandaloso desprecio por la vida de la población civil palestina llevando a cabo una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales, en algunos casos matando a familias enteras —incluidos menores—, y causando destrucción injustificada de bienes civiles en ataques que podrían constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy [17 mayo].


Lamya al Atar y sus tres hijos murieron en un ataque aéreo israelí en su domicilio de Gaza el 14 de mayo. © Particular

La organización ha documentado cuatro mortíferos ataques de Israel lanzados sin previo aviso contra viviendas palestinas y pide a la Corte Penal Internacional que los investigue con urgencia. Sigue en aumento el número de víctimas mortales en Gaza, con al menos 198 personas palestinas muertas, entre ellas 58 menores, y hay más de 1.220 personas heridas. En Israel, los ataques palestinos han causado la muerte a 10 personas —entre ellas 2 menores— y lesiones a al menos 27.

“Los ataques aéreos de Israel contra edificios residenciales y viviendas familiares en Gaza evidencian un patrón terrorífico; en varios casos, familias enteras han quedado sepultadas bajo los escombros al derrumbarse los edificios donde vivían. En los casos documentados infra no se avisó a la población civil residente para que pudiera escapar.Según el derecho internacional humanitario, todas las partes deben distinguir entre objetivos militares y bienes de carácter civil, y lanzar ataques únicamente contra los primeros. Al llevar a cabo los ataques han de tomarse todas las precauciones posibles para minimizar los daños a civiles”, ha manifestado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Aunque las fuerzas armadas israelíes no han dado ninguna explicación sobre cuáles eran los objetivos militares de estos ataques, cuesta entender que bombardear sin previo aviso edificios residenciales llenos de familias civiles pueda considerarse un ataque proporcionado con arreglo al derecho internacional humanitario. Es imposible no prever un gran número de víctimas civiles cuando se usan grandes armas explosivas —como bombas lanzadas desde aeronaves con una onda expansiva de muchos cientos de metros— en zonas pobladas.

“Al llevar a cabo estos ataques indisimulados y letales contra viviendas familiares sin previo aviso, Israel ha demostrado su desprecio absoluto por la vida de la población civil palestina, que ya sufre el castigo colectivo del bloqueo ilegal mantenido por Israel sobre Gaza desde 2007.”

El ejército israelí asegura que sólo ataca objetivos militares y ha justificado los ataques aéreos contra edificios residenciales con ese argumento. Sin embargo, residentes de esos edificios dijeron a Amnistía Internacional que no había combatientes ni objetivos militares en las inmediaciones cuando se llevaron a cabo los ataques documentados.

“Los ataques deliberados contra la población civil y contra infraestructuras y bienes de carácter civil son crímenes de guerra, ya que son ataques desproporcionados. La Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación sobre la situación en Palestina y debería investigar con urgencia estos ataques como posibles crímenes de guerra. Además, los Estados deberían considerar la posibilidad de ejercer la jurisdicción universal sobre quienes han cometido crímenes de guerra. La impunidad sólo sirve para exacerbar el cuadro sistemático de ataques ilegítimos y derramamiento de sangre civil que hemos documentado repetidamente en anteriores ofensivas militares israelíes contra Gaza”, ha dicho Saleh Higazi.

Se han destruido al menos 152 bienes residenciales en Gaza desde el 11 de mayo, según el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, organización de derechos humanos radicada allí. De acuerdo con los datos sobre Gaza publicados por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda palestino, los ataques israelíes han destruido 94 edificios —que albergaban 461 unidades habitacionales y comerciales— y 285 unidades habitacionales han quedado inhabitables tras sufrir graves daños.

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Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 2.500 personas se han quedado sin hogar debido a la destrucción de sus viviendas, y más de 38.000 se han visto internamente desplazadas y han buscado refugio en las 48 escuelas de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA) repartidas por toda Gaza.

El lanzamiento indiscriminado de cohetes por grupos armados palestinos contra zonas civiles de Israel también ha matado y herido a civiles y ha causado daños en viviendas y otros bienes civiles. Los cohetes disparados desde Gaza hacia Israel son poco precisos y su uso vulnera el derecho internacional humanitario, que prohíbe el uso de armas que sean por naturaleza de efecto indiscriminado. Estos ataques también deberían ser investigados por la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra.

Amnistía Internacional ya ha publicado información que demuestra que las fuerzas armadas israelíes adoptaron una política deliberada de ataques contra viviendas familiares durante el conflicto de 2014.

Ataques aniquiladores contra viviendas familiares

En uno de los bombardeos más intensos desde que estallaron los últimos combates, realizado entre la una y las dos de la madrugada del 16 de mayo, Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales y calles de la ciudad de Gaza. Los ataques destruyeron por completo dos edificios residenciales pertenecientes a las familias Abu al Ouf y Al Kolaq, causando la muerte de 30 personas, 11 de ellas menores.

La sede del Ministerio de Trabajo en Gaza también fue destruida en los ataques, y la avenida Al Wehda, una de las vías principales que conduce al primer hospital de Gaza, el hospital Al Shifa, quedó bloqueada.

Las familias que residían en el edificio de Al Ouf, de cuatro plantas y que incluía apartamentos y tiendas, no fueron avisadas con antelación y quedaron sepultadas bajo los escombros.

Yousef Yassin, médico del hospital Al Shifa, fue de los primeros en llegar al edificio de Al Ouf tras los ataques y ayudar a la Media Luna Roja a sacar víctimas de ente las ruinas. Habló de una “gran destrucción” para describir la escena a Amnistía Internacional.

“Ayudé a sacar cuatro cadáveres, pero había muchos más. Fue muy duro. No hubo aviso, la gente estaba tranquilamente en sus casas, y ésta es una zona muy animada y bulliciosa”, explicó.

Poco antes de la medianoche del 14 de mayo, ataques aéreos israelíes alcanzaron la residencia de tres plantas de la familia Al Atar en Beit Lahia, matando a Lamya Hassan Mohammed al Atar, de 28 años, y a sus tres hijos: Islam, de siete años, Amira, de seis, y Mohammed, de ocho meses.

El padre de Lamya, Hassan al Atar, que es agente de protección civil, contó a Amnistía Internacional que había acudido al lugar con una ambulancia y un equipo de salvamento al enterarse del ataque por la llamada de un familiar. “Me contó que habían bombardeado nuestra casa y que estaba atrapado bajo los escombros con su esposa e hijos”, dijo.

“Cuando llegué a la casa, que tenía tres plantas y en ella vivían 20 personas, intenté buscar a la gente, pero no pude. Entonces llegó el equipo de salvamento para ayudar, y al fin encontramos a mi hermana con sus tres hijos, uno de ellos un bebé; estaban debajo de uno de los pilares de hormigón de la casa, todos muertos. Los demás residentes habían logrado escapar por un hueco tras el bombardeo y habían ido al hospital. Me quedé anonadado”, dijo.

Nader Mahmoud Mohammed al Thom, del barrio de Al Salatin, en Beit Lahia, describió cómo su vivienda, que compartía con otras ocho personas, fue atacada sin previo aviso poco antes de la medianoche del 15 de mayo.

“No hubo misil de aviso, ni llamada de alerta: la casa fue bombardeada y nosotros estábamos dentro. Gracias a Dios, un equipo de protección civil estaba cerca por pura casualidad y nos rescató de debajo de los escombros. Gracias a Dios nadie murió. Sufrimos lesiones, pero no graves; cuando salimos vi un incendio en la puerta de la casa, luego la ambulancia nos llevó al hospital. Creo que fue entonces cuando perdí el conocimiento. Gracias a Dios no hubo heridos graves, pero nos quedamos sin casa. Ahora estamos en la calle, no sabemos a dónde ir ni qué hacer.”

Su familia se dirigió hacia una escuela de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA) en busca de refugio, pero al llegar se la encontraron cerrada y tuvieron que dormir a la intemperie en el patio. Su casa quedó completamente destruida, lo que incluía su ropa, dinero, documentación y todas sus pertenencias.

Además de viviendas, los ataques israelíes han dañado infraestructuras de suministro de agua y electricidad y centros médicos, y han interrumpido el funcionamiento de la planta desalinizadora del norte de Gaza, que abastece de agua a más de 250.000 personas.