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Un editorial en La Nación, Buenos Aires

El gobierno israelí, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, aprobó días atrás una ley que redujo el poder de la Corte Suprema de Justicia para objetar decisiones gubernamentales, iniciando un peligroso camino de debilitamiento de las instituciones más fundamentales de un país.

Protesta de ciudadanos israelíes contra la reforma que plantea el primer ministro Ohad Zwigenberg – AP

La coalición gobernante es la más ultraderechista de los 75 años de historia de Israel. Entre sus filas hay miembros de partidos ultraortodoxos, más interesados en acentuar la identidad judía del Estado de Israel que en preservar su componente democrático. Además, integrantes del gabinete han sido imputados por apoyar organizaciones terroristas, así como de ser homófobos confesos que han llamado a la violencia contra poblaciones palestinas.

Las reformas al sistema judicial han disparado protestas jamás vistas en Israel. Por más de 30 semanas cientos de miles de manifestantes desafían lluvia, frío o calor oponiéndose a una reforma que consideran lisa y llanamente un golpe de Estado.

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Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

Democracias occidentales como las de Francia y Alemania sumaron sus críticas. El presidente norteamericano, Joe Biden, tras 50 años de apoyo incondicional a Israel, ha reclamado personalmente a Netanyahu que frene la iniciativa y que acuerde con la oposición una reforma que no altere la democracia. La medida también fue recibida con decepción por muchas organizaciones judías de Estados Unidos como la American Jewish Committee y la Anti-Defamation League.

Dentro de la coalición del gobierno israelí hay voces e iniciativas que reducirían los derechos de las minorías del país, principalmente los palestinos con nacionalidad israelí, pero también los derechos de las mujeres y de los grupos Lgbtq, entre otros.

Muchos analistas coinciden en que, en línea con lo sucedido en Hungría, Polonia o Turquía, donde la concentración del poder hace casi imposible remover al presidente a pesar de celebrarse elecciones, Israel pretendería así abandonar progresivamente su carácter democrático, esencial para mantener los fuertes lazos con Occidente y, particularmente, con su mayor aliado en el mundo, los Estados Unidos.

Tal como explicó Raanan Rein, el prestigioso historiador israelí y exvicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, muchos golpes ya no se ejecutan con tanques en las calles, sino por medio de la progresiva erosión de las libertades individuales, mediante el copamiento de la Justicia, los medios de comunicación y el sistema educativo.

De continuar por esta senda, la fractura social puede ser muy perjudicial para el país. Reservistas militares amenazan con no presentarse a sus tareas, la mayor asociación de médicos del país declaró una huelga de 24 horas en protesta por la votación y grupos sindicales amenazan con medidas de fuerza.

El sector que se opone a la reforma está compuesto mayoritariamente por grupos de enorme peso económico, como el tecnológico. La calificadora de riesgo Moody’s ya advirtió sobre las “consecuencias negativas” de la reforma. Tras la votación, cuatro matutinos israelíes publicaron una gran mancha negra en sus portadas con la frase “Un día negro para la democracia israelí”.

Es imperioso que el gobierno israelí reconsidere su avance sobre la Justicia, evite mayores daños a su prestigio internacional y a la cohesión de su población con el objetivo de mantener una sociedad plural, una economía moderna y un sistema político alineado con las democracias de Occidente, acorde con lo establecido en su declaración de independencia.

(Gracias a Other News por enviar este artículo a CPNN).

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Un artículo por Benjamín Norton en Agencia Uruguaya de Noticias

La relatora especial de Naciones Unidas dijo que las sanciones “indignantes” que Occidente ha impuesto a Siria están “asfixiando” a millones de civiles y “pueden constituir crímenes de lesa humanidad”. La economía del país se contrajo un 90%. Nueve de cada 10 sirios viven en la pobreza.

“Toda la población [siria] está en condiciones que amenazan la vida con una grave escasez de agua potable”, electricidad, combustible y alimentos, informó la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan.

Foto: Niños sirios caminan entre ruinas en su camino a casa desde la escuela / UNOCHA / Ali Haj Suleiman 

“Toda la población [siria] está en condiciones que amenazan la vida con una grave escasez de agua potable”, electricidad, combustible y alimentos, informó la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan.

Escribió sobre el “enorme efecto negativo de las sanciones unilaterales”, que tienen “un efecto devastador en toda la población” y “un efecto devastador en casi todas las categorías de derechos humanos”.

“Mantener las sanciones unilaterales en medio de la actual situación catastrófica y aún en deterioro en Siria puede equivaler a crímenes de lesa humanidad contra todo el pueblo sirio”, dijo la experta de la ONU.

Douhan, una respetada profesora de derecho internacional, visitó Siria durante 12 días en octubre y noviembre para investigar el impacto de las sanciones en el país. El 10 de noviembre, publicó un informe preliminar que “pide el levantamiento de las sanciones unilaterales de larga duración que ‘sofocan’ al pueblo sirio”.

La relatora especial de la ONU describió un bloqueo de estilo medieval, en el que las sanciones han “erosionado hasta el nivel de la extinción total el poder adquisitivo de los hogares, que se encuentran en un estado prolongado de supervivencia”.

“Las sanciones impuestas han hecho añicos la capacidad del estado para responder a las necesidades de la población, en particular de los más vulnerables, y el 90% de las personas viven ahora por debajo de la línea de pobreza”, escribió Douhan.

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Are economic sanctions a violation of human rights?

Los precios han aumentado más de 800% desde 2019, se han perdido cientos de miles de empleos y las sanciones bloquean la importación de “alimentos, medicinas, repuestos, materias primas y artículos necesarios para las necesidades y la recuperación económica del país”, dijo.

Si bien los gobiernos occidentales afirman tener excepciones humanitarias en sus regímenes de sanciones, la experta de la ONU enfatizó que las “sanciones secundarias y el exceso de cumplimiento” por parte de las instituciones financieras internacionales impiden que Siria importe los bienes necesarios, e incluso han hecho que sea muy difícil para las instituciones de la ONU y organizaciones de ayuda humanitaria internacional para operar en el país.

Hoy, más de la mitad de los sirios sufren de inseguridad alimentaria. Además, el 24% de los sirios están discapacitados y el 14,6% sufren de enfermedades.

Las sanciones también han impedido que el gobierno reconstruya la infraestructura dañada, y han causado una “escasez de electricidad y agua potable”, lo que ha provocado apagones diarios, incluso en hospitales, agua contaminada e incluso un brote de cólera.

Debido a la ocupación de las regiones ricas en petróleo de Siria por parte del ejército de EEUU y sus aliados kurdos, la producción de petróleo del gobierno es solo el 10% de sus niveles anteriores a 2010, y con las sanciones occidentales que hacen que la importación de crudo sea casi imposible, el pueblo sirio enfrentan una escasez crónica de gasolina y combustible.

Douhan pidió que se levanten de inmediato las sanciones unilaterales que Estados Unidos y Europa han impuesto a Siria, subrayando que son ilegales según el derecho internacional.

La experta de la ONU también previamente viajó a Venezuela e informó que las sanciones occidentales ilegales tuvieron efectos devastadores similares en la población civil allí, mientras privaban al gobierno del 99% de sus ingresos.

La mayoría de las sanciones impuestas a Siria se produjeron después de que Occidente lanzara una guerra subsidiaria contra el país en 2011. Pero la experta de la ONU señaló que Washington ha impuesto sanciones a Damasco desde 2004.

Las agresivas sanciones estadounidenses impuestas contra Siria en 2011 y 2012 se expandieron a un bloqueo de facto en 2019, con la aprobación de la Ley César, que Douhan señaló que “autorizó sanciones secundarias contra personas no estadounidenses en cualquier parte del mundo que proporcionen recursos financieros, materiales o apoyo tecnológico al gobierno sirio o que realicen transacciones con él”.

La Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Canadá y Australia han impuesto sanciones similares, junto con la Liga Árabe, que está dominada por las monarquías del Golfo Pérsico.

Como parte de su viaje, Douhan se reunió con representantes no solo del gobierno sirio sino también de organizaciones de la sociedad civil, clínicas de salud, instituciones financieras, grupos humanitarios, empresas, universidades y organismos religiosos, así como con otras entidades de la ONU que operan en el país.

Douhan presentará la versión final de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2023.
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*Benjamín Norton es periodista, escritor y cineasta. Es fundador y editor de Multipolarista, y vive en Latinoamérica.

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Un artículo de Amnestía Internacional

Las fuerzas israelíes han mostrado un escandaloso desprecio por la vida de la población civil palestina llevando a cabo una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales, en algunos casos matando a familias enteras —incluidos menores—, y causando destrucción injustificada de bienes civiles en ataques que podrían constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy [17 mayo].

Lamya al Atar y sus tres hijos murieron en un ataque aéreo israelí en su domicilio de Gaza el 14 de mayo. © Particular

La organización ha documentado cuatro mortíferos ataques de Israel lanzados sin previo aviso contra viviendas palestinas y pide a la Corte Penal Internacional que los investigue con urgencia. Sigue en aumento el número de víctimas mortales en Gaza, con al menos 198 personas palestinas muertas, entre ellas 58 menores, y hay más de 1.220 personas heridas. En Israel, los ataques palestinos han causado la muerte a 10 personas —entre ellas 2 menores— y lesiones a al menos 27.

“Los ataques aéreos de Israel contra edificios residenciales y viviendas familiares en Gaza evidencian un patrón terrorífico; en varios casos, familias enteras han quedado sepultadas bajo los escombros al derrumbarse los edificios donde vivían. En los casos documentados infra no se avisó a la población civil residente para que pudiera escapar.Según el derecho internacional humanitario, todas las partes deben distinguir entre objetivos militares y bienes de carácter civil, y lanzar ataques únicamente contra los primeros. Al llevar a cabo los ataques han de tomarse todas las precauciones posibles para minimizar los daños a civiles”, ha manifestado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Aunque las fuerzas armadas israelíes no han dado ninguna explicación sobre cuáles eran los objetivos militares de estos ataques, cuesta entender que bombardear sin previo aviso edificios residenciales llenos de familias civiles pueda considerarse un ataque proporcionado con arreglo al derecho internacional humanitario. Es imposible no prever un gran número de víctimas civiles cuando se usan grandes armas explosivas —como bombas lanzadas desde aeronaves con una onda expansiva de muchos cientos de metros— en zonas pobladas.

“Al llevar a cabo estos ataques indisimulados y letales contra viviendas familiares sin previo aviso, Israel ha demostrado su desprecio absoluto por la vida de la población civil palestina, que ya sufre el castigo colectivo del bloqueo ilegal mantenido por Israel sobre Gaza desde 2007.”

El ejército israelí asegura que sólo ataca objetivos militares y ha justificado los ataques aéreos contra edificios residenciales con ese argumento. Sin embargo, residentes de esos edificios dijeron a Amnistía Internacional que no había combatientes ni objetivos militares en las inmediaciones cuando se llevaron a cabo los ataques documentados.

“Los ataques deliberados contra la población civil y contra infraestructuras y bienes de carácter civil son crímenes de guerra, ya que son ataques desproporcionados. La Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación sobre la situación en Palestina y debería investigar con urgencia estos ataques como posibles crímenes de guerra. Además, los Estados deberían considerar la posibilidad de ejercer la jurisdicción universal sobre quienes han cometido crímenes de guerra. La impunidad sólo sirve para exacerbar el cuadro sistemático de ataques ilegítimos y derramamiento de sangre civil que hemos documentado repetidamente en anteriores ofensivas militares israelíes contra Gaza”, ha dicho Saleh Higazi.

Se han destruido al menos 152 bienes residenciales en Gaza desde el 11 de mayo, según el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, organización de derechos humanos radicada allí. De acuerdo con los datos sobre Gaza publicados por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda palestino, los ataques israelíes han destruido 94 edificios —que albergaban 461 unidades habitacionales y comerciales— y 285 unidades habitacionales han quedado inhabitables tras sufrir graves daños.

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Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 2.500 personas se han quedado sin hogar debido a la destrucción de sus viviendas, y más de 38.000 se han visto internamente desplazadas y han buscado refugio en las 48 escuelas de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA) repartidas por toda Gaza.

El lanzamiento indiscriminado de cohetes por grupos armados palestinos contra zonas civiles de Israel también ha matado y herido a civiles y ha causado daños en viviendas y otros bienes civiles. Los cohetes disparados desde Gaza hacia Israel son poco precisos y su uso vulnera el derecho internacional humanitario, que prohíbe el uso de armas que sean por naturaleza de efecto indiscriminado. Estos ataques también deberían ser investigados por la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra.

Amnistía Internacional ya ha publicado información que demuestra que las fuerzas armadas israelíes adoptaron una política deliberada de ataques contra viviendas familiares durante el conflicto de 2014.

Ataques aniquiladores contra viviendas familiares

En uno de los bombardeos más intensos desde que estallaron los últimos combates, realizado entre la una y las dos de la madrugada del 16 de mayo, Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales y calles de la ciudad de Gaza. Los ataques destruyeron por completo dos edificios residenciales pertenecientes a las familias Abu al Ouf y Al Kolaq, causando la muerte de 30 personas, 11 de ellas menores.

La sede del Ministerio de Trabajo en Gaza también fue destruida en los ataques, y la avenida Al Wehda, una de las vías principales que conduce al primer hospital de Gaza, el hospital Al Shifa, quedó bloqueada.

Las familias que residían en el edificio de Al Ouf, de cuatro plantas y que incluía apartamentos y tiendas, no fueron avisadas con antelación y quedaron sepultadas bajo los escombros.

Yousef Yassin, médico del hospital Al Shifa, fue de los primeros en llegar al edificio de Al Ouf tras los ataques y ayudar a la Media Luna Roja a sacar víctimas de ente las ruinas. Habló de una “gran destrucción” para describir la escena a Amnistía Internacional.

“Ayudé a sacar cuatro cadáveres, pero había muchos más. Fue muy duro. No hubo aviso, la gente estaba tranquilamente en sus casas, y ésta es una zona muy animada y bulliciosa”, explicó.

Poco antes de la medianoche del 14 de mayo, ataques aéreos israelíes alcanzaron la residencia de tres plantas de la familia Al Atar en Beit Lahia, matando a Lamya Hassan Mohammed al Atar, de 28 años, y a sus tres hijos: Islam, de siete años, Amira, de seis, y Mohammed, de ocho meses.

El padre de Lamya, Hassan al Atar, que es agente de protección civil, contó a Amnistía Internacional que había acudido al lugar con una ambulancia y un equipo de salvamento al enterarse del ataque por la llamada de un familiar. “Me contó que habían bombardeado nuestra casa y que estaba atrapado bajo los escombros con su esposa e hijos”, dijo.

“Cuando llegué a la casa, que tenía tres plantas y en ella vivían 20 personas, intenté buscar a la gente, pero no pude. Entonces llegó el equipo de salvamento para ayudar, y al fin encontramos a mi hermana con sus tres hijos, uno de ellos un bebé; estaban debajo de uno de los pilares de hormigón de la casa, todos muertos. Los demás residentes habían logrado escapar por un hueco tras el bombardeo y habían ido al hospital. Me quedé anonadado”, dijo.

Nader Mahmoud Mohammed al Thom, del barrio de Al Salatin, en Beit Lahia, describió cómo su vivienda, que compartía con otras ocho personas, fue atacada sin previo aviso poco antes de la medianoche del 15 de mayo.

“No hubo misil de aviso, ni llamada de alerta: la casa fue bombardeada y nosotros estábamos dentro. Gracias a Dios, un equipo de protección civil estaba cerca por pura casualidad y nos rescató de debajo de los escombros. Gracias a Dios nadie murió. Sufrimos lesiones, pero no graves; cuando salimos vi un incendio en la puerta de la casa, luego la ambulancia nos llevó al hospital. Creo que fue entonces cuando perdí el conocimiento. Gracias a Dios no hubo heridos graves, pero nos quedamos sin casa. Ahora estamos en la calle, no sabemos a dónde ir ni qué hacer.”

Su familia se dirigió hacia una escuela de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA) en busca de refugio, pero al llegar se la encontraron cerrada y tuvieron que dormir a la intemperie en el patio. Su casa quedó completamente destruida, lo que incluía su ropa, dinero, documentación y todas sus pertenencias.

Además de viviendas, los ataques israelíes han dañado infraestructuras de suministro de agua y electricidad y centros médicos, y han interrumpido el funcionamiento de la planta desalinizadora del norte de Gaza, que abastece de agua a más de 250.000 personas.
 

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Un artículo de Amnestía Internacional

Las fuerzas de seguridad israelíes han usado fuerza excesiva, injustificada y reiterada contra la población palestina que se manifestaba en el Jerusalén Oriental ocupado tras cuatro días de violencia en los que 840 palestinos resultaron heridos; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Al menos 21 agentes de policía israelíes y siete civiles israelíes también resultaron heridos, según la policía israelí.

La organización pide a las autoridades israelíes que suspendan de inmediato los desalojos forzosos en el barrio de Sheikh Jarrah y terminen con el desplazamiento forzoso en curso de la población palestina de Jerusalén Oriental.

En la última escalada de violencia, grupos armados palestinos han disparado cohetes y misiles contra Israel, hiriendo al menos a una persona israelí, y se han recibido informes sobre varias personas en Gaza muertas en ataques de represalia israelíes. Amnistía Internacional pide a todas las partes que respeten el derecho internacional humanitario y tomen todas las precauciones posibles para evitar causar daño a la población civil.

“Las pruebas reunidas por Amnistía Internacional reflejan un escalofriante patrón de uso abusivo e innecesario de la fuerza por las fuerzas israelíes contra manifestantes palestinos mayoritariamente pacíficos en los últimos días. Entre las personas que han resultado heridas en los episodios de violencia en Jerusalén Oriental hay transeúntes y también musulmanes que estaban en medio de sus oraciones de Ramadán”, ha señalado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“La violencia más reciente pone crudamente de relieve una campaña sostenida de Israel para expandir los asentamientos ilegales israelíes y aumentar la frecuencia de los desalojos forzosos de población palestina, como la de Sheikh Jarrah, para dejar sitio a dichos asentamientos. Estos desalojos forzosos forman parte de una práctica continuada en Sheikh Jarrah, son una violación flagrante del derecho internacional y podrían constituir crímenes de guerra.”

Declaraciones de testigos presenciales, así como fotografías y vídeos realizados por personal investigador sobre el terreno de Amnistía Internacional en Jerusalén Oriental, demuestran que las fuerzas israelíes han recurrido repetidamente al uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza para dispersar a manifestantes en violentas incursiones en la mezquita de Al Aqsa, y que llevaron a cabo ataques contra manifestantes pacíficos sin mediar provocación en Sheikh Jarrah.

Desde que empezó el Ramadán el 13 de abril, las tensiones han ido aumentando a un ritmo constante, con protestas de la población palestina por las restricciones israelíes que limitan su acceso a la Puerta de Damasco, entrada principal a la Ciudad Vieja de Jerusalén. El 26 de abril, las autoridades israelíes levantaron las restricciones ante las continuas manifestaciones. Asimismo ha ido creciendo la indignación por los planes inminentes de desalojo forzoso de cuatro familias palestinas en Sheikh Jarrah para dejar sitio a los asentamientos israelíes.

Uso ilegítimo de la fuerza

La situación se tensó al máximo el 7 de mayo, fecha en que más de 170 personas palestinas resultaron heridas cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo de la mezquita de Al Aqsa para dispersar tanto a fieles como a manifestantes, disparando proyectiles de impacto cinético de 40 milímetros y granadas paralizantes contra la multitud allí congregada para las oraciones del último viernes de Ramadán.

Un periodista palestino presente en el lugar describió a unas fuerzas israelíes enloquecidas disparando proyectiles y gas lacrimógeno. También dijo que habían asaltado la clínica de la mezquita y golpeado a manifestantes. Así se lo contó a Amnistía Internacional: “Llevo 10 años cubriendo noticias en Jerusalén […] y nunca había pasado tanto miedo. Todo el mundo era un objetivo; me gustaría decir que fueron disparos al azar, pero estaría mintiendo. Sabían exactamente a quién y a dónde dirigían sus balas y granadas. La mayoría de las víctimas fueron alcanzadas en la parte superior del cuerpo (rostro y tórax)”.

A él le dispararon en la espalda cuando sostenía la cámara en alto mientras trataba de salir de la zona.

Gente que se manifestaba en Al Aqsa respondió lanzando piedras y encendiendo fuegos mientras fuerzas israelíes a caballo y con equipo antidisturbios repelían los ataques con granadas paralizantes.

El 10 de mayo, más de 300 manifestantes palestinos resultaron heridos cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo de Al Aqsa por segunda vez en unos días. Un portavoz de Media Luna Roja contó a Amnistía Internacional que, debido a la violencia, al menos 250 personas palestinas habían sido hospitalizadas, de las cuales 7 se encontraban en estado crítico.

Según un testigo presencial, las fuerzas israelíes rompieron ventanas de edificios y dispararon gas lacrimógeno y granadas aturdidoras al interior, causando dificultades para respirar a muchas de las personas que estaban dentro.

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Otra persona presente en el lugar dijo que las fuerzas israelíes habían empezado a disparar gas lacrimógeno desde los tejados antes de que llegaran más efectivos por la Puerta Mugrabí e irrumpieran en la Explanada de las Mezquitas. “Empujaron a la gente al interior de la mezquita de Al Aqsa y bloquearon las puertas con cadenas […] después rompieron una ventana y lanzaron gas lacrimógeno al interior sobre la gente, que estaba literalmente encerrada y apenas tenía espacio para respirar o recibir asistencia médica […] Además de eso, empezaron a disparar balas de goma contra los fieles en el interior”, contó.

Asimismo dijo haber visto a fuerzas israelíes golpeando a transeúntes e interceptando vehículos que estaban evacuando heridos para fotografiar a las víctimas antes de que se las llevaran. A él mismo le dispararon en el pecho cuando se disponía a ayudar a un médico herido en el lugar.

Sheikh Jarrah

La semana pasada, población palestina residente en el barrio de Sheikh Jarrah celebró manifestaciones nocturnas contra la amenaza inminente de desalojos forzosos. Amnistía Internacional ha documentado arrestos arbitrarios de manifestantes pacíficos, uso de fuerza excesiva y uso arbitrario de granadas sonoras y paralizantes así como de cañones de agua fétida contra manifestantes y viviendas en Sheikh Jarrah.

Cuatro familias palestinas del barrio se enfrentan a la amenaza inminente de desalojo forzoso después de que un tribunal de Jerusalén rechazara su recurso contra una orden de desalojo. Nahalat Shimon International, empresa de colonos, ha presentado demandas para apropiarse de las viviendas de decenas de familias en Sheikh Jarrah utilizando leyes intrínsecamente  discriminatorias, como la Ley de Cuestiones Jurídicas y Administrativas y la Ley de Propiedad de Ausentes de 1950, para que se confisquen tierras o bienes palestinos y se transfieran a grupos de colonos. El traslado forzoso de la población ocupada está prohibido por el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra con arreglo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Personal investigador de Amnistía Internacional presenció un ataque no provocado de las fuerzas israelíes contra un grupo de manifestantes pacíficos en Sheikh Jarrah el 9 de mayo. Las fuerzas israelíes llegaron poco antes del iftar (comida al anochecer durante el Ramadán). Tras la comida, decenas de manifestantes pacíficos formaron un círculo y empezaron a corear consignas contra los planes inminentes de desalojar a familias palestinas de sus hogares. Se manifestaban a una distancia de al menos 10 metros de las fuerzas israelíes, que estaban apostadas junto a una vivienda de colonos israelíes. Poco después, las fuerzas israelíes lanzaron un ataque coordinado para dispersar a la multitud de manifestantes palestinos. Fuerzas israelíes a caballo cargaron contra la gente. Un hombre que cojeaba dolorido contó que había sido pisoteado por los caballos de la policía cuando intentaba huir de la zona. Empujaron a residentes contra las paredes de sus casas y cinco hombres fueron detenidos arbitrariamente.

Las fuerzas israelíes comenzaron a dar empujones y golpes al grupo de personas, entre las que había un miembro del personal investigador de Amnistía que estaba observando la protesta. Sobre las 10 de la noche trajeron los cañones de agua fétida y las granadas sonoras y empezaron a disparar arbitrariamente contra manifestantes.

Osama Dweik fue detenido durante una manifestación nocturna en Sheikh Jarrah el 6 de mayo, cuando la policía israelí cargó de repente contra el grupo de manifestantes y acto seguido lo arrestó. En la comisaría vio a policías israelíes dando patadas y golpes con porras a cuatro palestinos detenidos durante los enfrentamientos en la Puerta de Damasco y las manifestaciones en Sheikh Jarrah. Otras siete personas fueron detenidas en Sheikh Jarrah esa noche.

Gil Hammerschlag, activista israelí que estaba protestando contra los desalojos forzosos de Sheikh Jarrah el 7 de mayo, recibió empujones y patadas de miembros de las fuerzas israelíes, que también lanzaron granadas sonoras contra manifestantes pacíficos desde menos de 10 metros de distancia.

El mismo día, un hombre palestino de mediana edad resultó gravemente contusionado en la pierna al ser alcanzado en el muslo por una granada paralizante que lanzaron las fuerzas israelíes. Un fotógrafo que también estaba en el lugar contó que las fuerzas israelíes, incluidos agentes de policía a caballo, cargaron contra una multitud de personas que estaban coreando consignas pacíficamente cuando una de ellas lanzó una botella de agua contra ellas.

“Personal investigador de Amnistía Internacional presenció conductas deplorables de las fuerzas de seguridad en Sheikh Jarrah, incluidos ataques no provocados en absoluto contra manifestantes pacíficos que reivindicaban derechos y pedían que se respetara el derecho internacional. En lugar de seguir violando los derechos humanos de la población de Sheikh Jarrah y de activistas que se solidarizan con su causa, las autoridades israelíes deberían descartar de inmediato los desalojos forzosos previstos”, ha afirmado Saleh Higazi.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que exija a Israel rendición de cuentas por sus violaciones sistemáticas del derecho internacional.

“No debe permitirse que Israel continúe atacando a una población palestina que simplemente defiende su derecho a existir y protesta por su desplazamiento forzoso. Limitarse a expresar preocupación ante el desprecio absoluto que muestra Israel por sus obligaciones en virtud del derecho internacional no es suficiente. Deben denunciarse de manera inequívoca y firme las flagrantes violaciones de derechos humanos, que incluyen los desplazamientos forzosos, la expansión de los asentamientos ilegales y la brutal represión de quienes protestan por estos graves abusos”, ha manifestado Saleh Higazi.

“Pedimos a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que convoquen una sesión abierta con carácter inmediato, y que el coordinador especial para el proceso de paz en Oriente Medio informe a los Estados miembros.”

 Nabil el Kurd, uno de los residentes de Sheikh Jarrah amenazados con el desalojo, dijo a Amnistía Internacional:

“Sheikh Jarrah está enviando al mundo entero, incluidos el Congreso estadounidense, el Parlamento británico, el Parlamento francés, el Parlamento de la UE y la Corte Penal Internacional, el mensaje de que lo que nos está sucediendo es un crimen de guerra. Es más que un desalojo; es un crimen de guerra. No lo olviden. No sé por qué el mundo entero permite que Israel se salga con la suya después de ver lo que está ocurriendo. Ya es hora de que abandonen su indulgencia con Israel”.

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Un artículo de Human Rights Watch

Las autoridades israelíes están cometiendo los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La conclusión se basa en la política general del gobierno israelí de mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos y en los graves abusos cometidos contra palestinos que viven en el territorio ocupado, incluido Jerusalén Oriental.

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El informe de 213 páginas, “A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution” (“Se ha traspasado el umbral: Las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución”), examina el trato que reciben los palestinos por parte de Israel. El informe presenta la realidad actual en la cual una única autoridad, el gobierno israelí, está principalmente encargada de gobernar en el territorio comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. En esta zona, que está poblada por dos grupos de similar tamaño, el gobierno israelí favorece metódicamente a los israelíes judíos mientras que reprime a los palestinos, con aún mayor severidad en el territorio ocupado.

“Voces prominentes han advertido durante años que el apartheid acecha a la vuelta de la esquina si las prácticas de dominio de Israel sobre los palestinos no cambian”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Esta detallada investigación demuestra que las autoridades israelíes ya están cometiendo los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución”.

El hallazgo de la existencia de apartheid y persecución no cambia el estatus legal del territorio ocupado, conformado por Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y Gaza, ni la realidad actual de la ocupación.

Acuñado originalmente en Sudáfrica, apartheid es un término jurídico que actualmente es usado de forma universal. La prohibición de formas especialmente graves de discriminación y opresión institucional, o apartheid, constituye un principio fundamental del derecho internacional. La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 definen el apartheid como un crimen contra la humanidad que consta de tres elementos principales:

1. Una intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro.

2. Un contexto de opresión sistemática por parte del grupo dominante sobre el grupo marginado.

3. Actos inhumanos.

La referencia a un grupo racial se entiende actualmente no solo en relación con los rasgos genéticos, sino que también se basa en la ascendencia y el origen nacional o étnico, de acuerdo con la definición de grupo racial en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Human Rights Watch utiliza este concepto más amplio de raza.

El crimen de lesa humanidad de persecución, tal como lo definen el Estatuto de Roma y el derecho internacional consuetudinario, consiste en la privación grave de derechos fundamentales a un grupo racial, étnico o de otro tipo con intención discriminatoria.

Human Rights Watch descubrió que los diferentes elementos de estos crímenes están presentes en el territorio ocupado, como parte de una política única del gobierno israelí. Esa política consiste en mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos en todo Israel y en el territorio ocupado. En el territorio ocupado, esta política se combina con la opresión sistemática y los actos inhumanos contra los palestinos que allí viven.

En base a años de investigación sobre la situación de derechos humanos, casos de estudio y una revisión de los documentos del gobierno, declaraciones de funcionarios y otras fuentes, Human Rights Watch comparó las políticas y prácticas hacia los palestinos en el territorio ocupado e Israel con aquellas dirigidas hacia los israelíes judíos que viven en las mismas zonas. Human Rights Watch le escribió al gobierno israelí en julio de 2020, solicitando su perspectiva sobre estas cuestiones, pero no había recibido respuesta al momento de redacción de este documento.

En todo Israel y en el territorio ocupado, las autoridades israelíes han tratado de maximizar la cantidad de tierra disponible para las comunidades judías y de concentrar a la mayoría de los palestinos en zonas con mayor densidad poblacional. Las autoridades han adoptado políticas para mitigar lo que han descrito públicamente como la “amenaza” demográfica palestina. En Jerusalén, por ejemplo, el plan del gobierno para el municipio, que incluye tanto la parte occidental de la ciudad como la parte oriental bajo ocupación, establece el objetivo de “mantener una amplia mayoría judía en la ciudad”, e incluso especifica las proporciones demográficas que espera mantener.


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Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

Para mantener la dominación, las autoridades israelíes discriminan sistemáticamente a los palestinos. La discriminación institucional a la que se enfrentan los ciudadanos palestinos de Israel incluye leyes que permiten a cientos de pequeñas ciudades judías excluir a los palestinos en la práctica, así como presupuestos en los que se asigna una fracción de recursos a las escuelas palestinas en comparación con los recursos asignados a las escuelas para los niños judíos israelíes. La gravedad de la represión en el territorio ocupado, incluyendo la imposición de un régimen militar draconiano a los palestinos mientras que los israelíes judíos que viven de forma segregada en el mismo territorio gozan de todos sus derechos, en virtud de una legislación civil israelí que respeta esos derechos, equivale a una opresión sistemática necesaria para la existencia del apartheid.

Las autoridades israelíes han cometido un amplio rango de abusos contra los palestinos. Muchos de ellos, cometidos en el territorio ocupado, constituyen abusos graves de derechos fundamentales y actos inhumanos necesarios para la existencia del apartheid. Estos incluyen amplias restricciones de movimiento por medio del cierre de Gaza y el régimen de permisos, la confiscación de más de un tercio de la tierra en Cisjordania, las condiciones adversas en partes de Cisjordania que resultaron en el traslado forzoso de miles de palestinos fuera de sus hogares, la negación de los derechos de residencia a cientos de miles de palestinos y sus familiares y la suspensión de los derechos civiles más básicos a millones de palestinos.

Muchos de los abusos que son fundamentales para la determinación de que se han cometido estos crímenes internacionales, como la denegación casi categórica de permisos de construcción a los palestinos y la demolición de miles de viviendas con el pretexto de que carecían de permisos, no tienen justificación en materia de seguridad. Otros, como la congelación de los registros de población que Israel mantiene en el territorio ocupado, la cual prácticamente bloquea la reunificación familiar de los palestinos que allí viven y prohíbe a los residentes de Gaza vivir en Cisjordania, utilizan la seguridad como pretexto para promover objetivos demográficos. Incluso cuando la seguridad es parte de la motivación detrás una política, no justifica el apartheid y la persecución, de la misma manera que no justifica el uso excesivo de fuerza o la tortura, dijo Human Rights Watch.

“Negarles a millones de palestinos sus derechos fundamentales, sin que exista una justificación legítima de seguridad y por el solo hecho de ser palestinos y no judíos, no es meramente una ocupación abusiva”, señaló Roth. “Estas políticas, que conceden a los israelíes judíos los mismos derechos y privilegios dondequiera que vivan y discriminan contra los palestinos en diversos grados dondequiera que vivan, reflejan una política que busca privilegiar a un pueblo sobre otro”.

Las declaraciones y acciones de las autoridades israelíes en los últimos años, incluyendo la aprobación de una ley con rango constitucional en 2018 que establece a Israel como el “Estado-nación del pueblo judío”, el creciente cuerpo de leyes que privilegian a los colonos israelíes en Cisjordania y no se aplican a los palestinos que viven en el mismo territorio y la expansión masiva de los asentamientos judíos y la infraestructura que los conecta con Israel en los últimos años, han hecho evidente la  intención del gobierno israelí de mantener el dominio de los israelíes judíos sobre los palestinos. La posibilidad de que un futuro líder israelí algún día pueda forjar un acuerdo con los palestinos que desmantele este sistema discriminatorio no invalida la realidad actual.

Las autoridades israelíes deben desmantelar todas las formas de represión y discriminación que privilegian a los israelíes judíos a costa de los palestinos, incluyendo la libertad de circulación, la asignación de tierras y recursos y el acceso a agua, electricidad y otros servicios, así como la concesión de permisos de construcción.

La Fiscalía de la CPI debe investigar y procesar a quienes estén implicados de manera creíble en los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución. Otros países deberían hacer lo mismo, de conformidad con sus leyes nacionales en virtud del principio de jurisdicción universal, e imponer sanciones individuales, incluyendo la prohibición de ingreso al país y la congelación de activos, a los funcionarios responsables de estos crímenes.

La determinación de que se han cometido crímenes de lesa humanidad debería impulsar a la comunidad internacional a reevaluar su aproximación hacia Israel y Palestina y a adoptar una política que esté enfocada en los derechos humanos y la rendición de cuentas, en lugar de enfocarse únicamente en el estancado “proceso de paz”. Los países deberían establecer una comisión de investigación de la ONU para examinar la discriminación y la represión sistemáticas en Israel y Palestina, y nombrar un enviado especial de la ONU para los crímenes de persecución y apartheid con el mandato de movilizar la acción internacional para acabar con la persecución y el apartheid en todo el mundo.

Los países deberían condicionar la venta de armas y la asistencia militar y de seguridad a Israel a que las autoridades tomen medidas concretas y verificables para poner fin a la comisión de estos crímenes. También deberían examinar los acuerdos, los planes de cooperación y todas las demás formas de comercio y diplomacia con Israel para detectar aquellas que contribuyan directamente a la comisión de los crímenes, mitigar los impactos sobre los derechos humanos y, cuando ello no sea posible, poner fin a las actividades y a la financiación que facilita la comisión de estos graves crímenes.

“Mientras que gran parte del mundo trata la ocupación israelí que ha durado medio siglo como una situación temporal que pronto será resuelta por un ‘proceso de paz’ que ya lleva décadas, la opresión de los palestinos en el territorio ocupado alcanza tal nivel y duración que cumple con las definiciones de los crímenes de apartheid y persecución”, dijo Roth. “Aquellos que luchan por la paz entre israelíes y palestinos, ya sea por medio de una solución de uno o dos Estados o por medio de una confederación, deberían mientras tanto reconocer la realidad actual y emplear las herramientas de derechos humanos necesarias para acabar con ella”.