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Amnistía Internacional: El Apartheid Israelí contra la Población Palestina

. DERECHOS HUMANOS .

Un informe de Amnistía Internacional

En mayo de 2021, un grupo de familias palestinas de Sheikh Jarrah, un barrio de la Jerusalén Oriental ocupada, comenzó a protestar contra el plan de Israel de desalojarlas de sus viviendas para hacer sitio a los colonos judíos. Muchas de las familias son personas refugiadas que se establecieron en Sheikh Jarrah tras ser objeto de desplazamiento forzado en torno a la época en que se creó el Estado de Israel en 1948.  Desde que Israel ocupó Jerusalén Oriental y el resto de Cisjordania en 1967, la población palestina de Sheikh Jarrah es blanco continuo de las autoridades israelíes, que usan leyes discriminatorias para desposeer sistemáticamente a la población palestina de sus tierras y casas para beneficiar a la población israelí judía.  


video de Amnesty

Ante las manifestaciones en Sheikh Jarrah, miles de palestinos y palestinas de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) organizaron protestas a su vez en apoyo de estas familias y contra su experiencia común de fragmentación, desposesión y segregación a las que las autoridades israelíes respondieron con el uso de fuerza excesiva y de medios letales que causaron heridas, arrestos y detenciones de miles de personas.

Los sucesos de mayo de 2021 fueron representativos de la opresión que sufre la población palestina cada día desde hace décadas. La discriminación, la desposesión, la represión de la disidencia, los homicidios y lesiones son parte de un sistema concebido para privilegiar a la población israelí judía a expensas de la palestina.  

Esto es apartheid.  

La nueva investigación de Amnistía Internacional muestra que Israel impone un sistema de opresión y dominación a la población palestina en todas las zonas bajo su control —en Israel y en los TPO— y a las personas refugiadas palestinas, a fin de beneficiar a la población israelí judía. Esto constituye apartheid y está prohibido por el derecho internacional.

Las leyes, políticas y prácticas concebidas para mantener un sistema cruel de control de la población palestina han dejado a ésta fragmentada geográfica y políticamente, muchas veces empobrecida y en un estado permanente de temor e inseguridad.

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¿QUÉ ES APARTHEID?

El apartheid es una violación del derecho internacional público, una violación grave de derechos humanos protegidos internacionalmente y un crimen de lesa humanidad en virtud del derecho penal internacional.

El término “apartheid” se usó originalmente para referirse al sistema político de Sudáfrica que imponía expresamente la segregación racial y la dominación y opresión de un grupo racial por otro. Posteriormente, la comunidad internacional lo ha adoptado para condenar y criminalizar este tipo de sistemas y prácticas con independencia del lugar donde existan.

Se comete el crimen de lesa humanidad del apartheid según la Convención contra el Apartheid, el Estatuto de Roma y el derecho internacional consuetudinario cuando se perpetra un acto cruel o inhumano (en esencia una violación grave de derechos humanos) en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro con la intención de mantener ese sistema.

La mejor forma de entender el apartheid es verlo como un sistema de trato discriminatorio prolongado y cruel de un grupo racial a los miembros de otro con la intención de controlar al segundo.

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Amnistía Internacional ha creado un curso gratuito de 90 minutos titulado “Deconstruir el apartheid israelí contra la población palestina”. Para saber más sobre el crimen de apartheid en el derecho internacional, cómo es el apartheid en Israel/TPO y cómo afecta a la vida de la población palestina, inscríbete en nuestro curso en la academia de educación en derechos humanos de Amnistía Internacional.

¿POR QUÉ HACE CAMPAÑA AMNISTÍA INTERNACIONAL CONTRA EL APARTHEID?

El apartheid no es aceptable en ninguna parte del mundo. Entonces ¿por qué el mundo lo acepta contra la población palestina?

La comunidad internacional lleva tiempo dejando de lado los derechos humanos cuando se trata de abordar las décadas de lucha y sufrimiento del pueblo palestino. Los palestinos y palestinas que sufren la brutalidad de la represión de Israel reclaman desde hace más de dos décadas que se entienda el régimen israelí como apartheid. Con el tiempo, ha empezado a cobrar fuerza un reconocimiento internacional más amplio del trato que da Israel a la población palestina como apartheid.

Aun así, los gobiernos con responsabilidad y poder para hacer algo se niegan a tomar medidas significativas para obligar a Israel a rendir cuentas de sus actos. En su lugar, se esconden tras un proceso de paz moribundo a expensas de los derechos humanos y de la rendición de cuentas. Lamentablemente, la situación actual no muestra ningún avance hacia una solución justa sino el empeoramiento de los derechos humanos para la población palestina.

Amnistía pide a Israel que ponga fin al agravio internacional y el crimen de apartheid desmantelando las medidas de fragmentación, segregación, discriminación y privación actualmente vigentes contra la población palestina.

PIDE A ISRAEL: DERRIBEN EL APARTHEID, NO LAS VIVIENDAS PALESTINAS

La negación de una vivienda a la población palestina es parte esencial del sistema de apartheid israelí. Por eso, como primer paso para el desmantelamiento de este sistema, pedimos a Israel que ponga fin a la práctica de demolición de viviendas.

Las familias palestinas necesitan que la apoyemos contra la injusticia y la discriminación, que actuemos para ayudarles a proteger sus casas.

ACTUAR

EL SISTEMA ISRAELÍ DE OPRESIÓN Y DOMINACIÓN DE LA POBLACIÓN PALESTINA

Desde su creación en 1948, los sucesivos gobiernos de Israel han creado y mantenido un sistema de leyes, políticas y prácticas concebidas para oprimir y dominar a la población palestina. Este sistema se manifiesta de diferentes formas en las diferentes zonas en las que Israel ejerce el control sobre los derechos de la población palestina, pero la intención es siempre la misma: privilegiar a la población israelí judía a expensas de la palestina.

Las autoridades israelíes hacen esto por medio de cuatro estrategias principales:

Fragmentación en dominios de control

Parte esencial del sistema es mantener a la población palestina separada entre sí en diferentes dominios territoriales, jurídicos y administrativos.

Desposesión de tierras y propiedades

Décadas de confiscación discriminatoria de tierras y propiedades, demoliciones de viviendas y desalojos forzosos.

Segregación y control

Un sistema de leyes y políticas que mantienen a la población palestina en enclaves, sometida a varias medidas que controlan su vida y segregada de la población israelí judía.

Privación de derechos económicos y sociales

El empobrecimiento deliberado de la población palestina que la mantiene en gran desventaja respecto de la israelí judía.

FRAGMENTACIÓN EN DOMINIOS DE CONTROL

Durante la creación de Israel como Estado judío en 1948, Israel expulsó a cientos de miles de personas palestinas y destruyó cientos de pueblos palestinos en lo que constituyó una limpieza étnica.

Desde entonces, los sucesivos gobiernos han ideado leyes y políticas para garantizar la fragmentación continua de la población palestina. Ésta vive confinada en enclaves en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, y en las comunidades refugiadas, donde es sometida a diferentes regímenes jurídicos y administrativos. Esto tiene el efecto de debilitar los lazos familiares, sociales y políticos entre comunidades palestinas y de reprimir la disidencia constante contra el sistema de apartheid; también contribuye a maximizar el control israelí judío sobre la tierra y a mantener una mayoría demográfica judía.

Millones de personas palestinas permanecen desplazadas como refugiadas y continúan aisladas físicamente de las que residen en Israel y los TPO merced a la negación continua por parte de Israel de su derecho a volver a sus casas, pueblos y localidades.

DESPOSESIÓN DE TIERRAS Y PROPIEDADES

Desde 1948, Israel ha hecho confiscaciones masivas y crueles de tierras para desposeer a la población palestina de sus tierras y casas. Aunque la población palestina en Israel y los TPO está sometida a regímenes jurídicos y administrativos diferentes, Israel usa medidas de expropiación de tierras similares en todas las zonas. Por ejemplo, desde 1948, Israel ha expropiado tierras en zonas de importancia estratégica que incluyen poblaciones palestinas significativas como Galilea y el Néguev/Naqab, y ha usado medidas similares en los TPO tras la ocupación militar por Israel en 1967. Para maximizar el control israelí judío sobre la tierra y reducir al mínimo la presencia palestina, la población palestina está confinada en enclaves separados y densamente poblados. Mientras tanto, las políticas israelíes permiten la asignación discriminatoria de tierras estatales para ser utilizadas casi exclusivamente para beneficiar a personas israelíes judías tanto dentro de Israel como en los TPO.

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SEGREGACIÓN Y CONTROL

Los sucesivos gobiernos israelíes persiguen la estrategia de establecer la dominación a través de leyes y políticas discriminatorias que segregan a la población palestina en enclaves basándose en su condición jurídica y su estatuto de residencia.

Israel niega a su ciudadanía palestina sus derechos a la igualdad en la nacionalidad y la condición jurídica, mientras que la población palestina en los TPO sufre graves restricciones a la libertad de circulación. Israel también limita los derechos de la población palestina a la agrupación familiar de un modo muy discriminatorio: por ejemplo, las personas palestinas de los TPO no pueden obtener la residencia ni la ciudadanía mediante el matrimonio, algo que sí está alcance de las personas israelíes judías.

Israel impone asimismo limitaciones severas a los derechos civiles y políticos de la población palestina a fin de reprimir la disidencia y mantener el sistema de opresión y dominación. Por ejemplo, millones de personas palestinas de Cisjordania siguen estando sometidas al régimen militar israelí y a las draconianas órdenes militares adoptadas a partir de 1967.

PRIVACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Estas medidas han dejado a la población palestina marginada, empobrecida y económicamente desfavorecida en Israel y los TPO.

Las décadas de asignación discriminatoria de recursos por las autoridades israelíes en beneficio de la ciudadanía israelí judía en Israel y de los colonos israelíes en los TPO agravan las desigualdades. Por ejemplo, millones de personas palestinas dentro de Israel y Jerusalén Oriental viven en zonas densamente pobladas que, en general, están subdesarrolladas y carecen de servicios esenciales como recogida de basuras, electricidad, transporte público e infraestructura para el agua y el saneamiento.

Las personas palestinas que viven en todas las zonas bajo control de Israel tienen menos oportunidades para ganarse el sustento y participar en actividades empresariales que las personas israelíes judías. Experimentan limitaciones discriminatorias en el acceso a, y el uso de, las tierras de cultivo, el agua, el gas y el petróleo, entre otros recursos naturales, así como restricciones a la provisión de servicios de salud, educación y otros servicios básicos.

Además, las autoridades israelíes se han apropiado de la inmensa mayoría de los recursos naturales de la población palestina en los TPO para beneficio económico de la ciudadanía judía en Israel y en los asentamientos ilegales.

LA VIDA BAJO EL APARTHEID

NEGACIÓN DE UNA VIVIENDA: DEMOLICIONES Y DESALOJOS FORZOSOS

La población palestina está sometida sistemáticamente a demoliciones de viviendas y desalojos forzosos, y vive con el temor constante de perder su casa. 

Hace más de 73 años que Israel somete a desplazamiento forzado a comunidades palestinas enteras. Se han demolido cientos de miles de viviendas palestinas, lo que ha causado terribles traumas y sufrimientos. Hay más de seis millones de personas palestinas refugiadas que, en su inmensa mayoría, viven en campos de refugiados, algunos de ellos fuera de Israel y los TPO. En los TPO hay alrededor de 100.000 personas palestinas y otras 68.000 dentro de Israel en riesgo inminente de perder su casa, muchas de ellas por segunda o tercera vez.

La población palestina está atrapada en un círculo vicioso: Israel les exige la obtención de un permiso para construir o erigir siquiera una estructura como una tienda, pero —a diferencia de lo que ocurre con los solicitantes israelíes judíos— rara vez se lo concede. Muchas personas palestinas se ven obligadas a construir sin permiso. Israel derriba las viviendas palestinas porque han sido construidas “ilegalmente”.
Israel usa estas políticas discriminatorias de planificación urbana y zonificación para crear unas condiciones de vida insoportables y obligar a la población palestina a abandonar sus casas y permitir la expansión de los asentamientos judíos.
Mohammed al Rajabi, residente de la zona de Al Bustan de Silwan, cuya casa fue demolida por las autoridades israelíes el 23 de junio de 2020 por haberse construido “ilegalmente”, contó a Amnistía Internacional el devastador impacto en su familia:

AMOR FRAGMENTADO: SEPARACIÓN DE FAMILIAS PALESTINAS

Israel ha promulgado leyes y políticas discriminatorias que alteran la vida familiar de la población palestina. Desde 2002, Israel aplica la política de prohibir a la población palestina de Cisjordania y Gaza la obtención de una condición jurídica en Israel o en Jerusalén Oriental mediante el matrimonio, lo que impide la agrupación familiar.

Israel usa desde hace tiempo leyes y políticas discriminatorias para separar a las personas palestinas de sus familias. Por ejemplo, las personas palestinas de Cisjordania y Gaza no pueden obtener una condición jurídica en Israel o en la Jerusalén Oriental ocupada a través del matrimonio, lo que niega sus derechos a la agrupación familiar. Esta política obliga a miles de personas palestinas a vivir separadas de sus seres queridos; otras tienen que irse a otros países o vivir con el temor constante de ser detenidas, expulsadas o deportadas.

Estas medidas están dirigidas expresamente a la población palestina, no a la israelí judía, y se basan principalmente en consideraciones de orden demográfico que tienen como objetivo reducir al mínimo la presencia palestina dentro de Israel y los TPO.

Sumaia nació y se crio en Lod, en el centro de Israel. En 1998 se casó con un hombre de la Franja de Gaza que se trasladó a Lod para vivir con ella. En 2000, Sumaia y su esposo iniciaron el proceso de solicitar la agrupación familiar para poder vivir juntos legalmente. Este proceso duró 18 años, durante los cuales la pareja vivió con miedo y ansiedad. Sumaia dijo a Amnistía:

BAJO ASEDIO

Desde hace 14 años, más de dos millones de personas palestinas de la Franja de Gaza viven bajo un bloqueo ilegal de Israel. Junto con cuatro importantes ofensivas militares, el bloqueo ha tenido consecuencias catastróficas para la población de Gaza.

El bloqueo es una forma de castigo colectivo. Obliga a la población de Gaza —integrada en su mayoría por personas refugiadas o sus descendientes que huyeron en 1948— a vivir en condiciones cada vez más difíciles. Hay una grave escasez de viviendas, agua apta para el consumo, electricidad, medicamentos esenciales y atención médica, alimentos, material educativo y materiales de construcción. En 2020, Gaza tenía la tasa de desempleo más alta del mundo, y más de la mitad de su población vivía por debajo del umbral de la pobreza.

El 30 de marzo de 2018, la población palestina de Gaza lanzó la Gran Marcha del Retorno, una serie de manifestaciones masivas semanales junto a la valla que separa Gaza de Israel.

Exigían su derecho a retornar a sus pueblos y localidades en lo que ahora es Israel, así como el fin del bloqueo de Gaza por Israel. La respuesta fue brutal: al terminar 2019, las fuerzas israelíes habían matado a 214 civiles, incluidos 46 menores, y causado heridas a más de 8.000 con munición real. De éstas, hubo que practicarles amputaciones a un total de 156. Más de 1.200 pacientes necesitaron durante largo tiempo atención terapéutica y de rehabilitación compleja y costosa, y decenas de miles de personas más necesitaron ayuda psicosocial; ninguno de estos servicios es fácil de encontrar en Gaza.

El bloqueo impide el acceso de la población palestina a atención médica adecuada y, en concreto, a tratamientos médicos que salvan vidas y de urgencia que sólo están disponibles fuera de Gaza. Las autoridades israelíes suelen retrasar la concesión de estos permisos y a veces no los dan.

Adham al Hajjar, de 36 años, es periodista independiente y vive en la ciudad de Gaza. El 6 de abril de 2018, mientras cubría las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno, le dispararon unos francotiradores israelíes situados a lo largo de la valla que separa Gaza de Israel. No puede recibir en Gaza la ayuda médica que necesita debido a la precariedad de los servicios sanitarios de este territorio.

CONSTANTES DE ACTUACIÓN CRIMINALES

Hace décadas que Israel comete sistemáticamente violaciones graves de derechos humanos contra la población palestina. Amnistía y otras organizaciones han documentado a fondo violaciones como traslados forzosos, detención administrativa, tortura, homicidios ilegítimos y lesiones graves, y la negación de derechos y libertades fundamentales. Es evidente que el sistema de apartheid israelí se mantiene gracias a estos abusos, que se perpetran con casi total impunidad.

Forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población palestina que se lleva a cabo en el contexto del régimen institucionalizado israelí de opresión y dominación sistemáticas de la población palestina y, por tanto, constituyen crímenes de lesa humanidad de apartheid. 

DESMANTELAR EL SISTEMA

No hay lugar para el apartheid en nuestro mundo. Es un crimen de lesa humanidad y tiene que acabar.

Las autoridades israelíes llevan demasiado tiempo gozando de impunidad. La inacción internacional a la hora de exigir cuentas a Israel significa que la población palestina sigue sufriendo todos los días. Es hora de denunciar, de solidarizarnos con la población palestina y decirle a Israel que no vamos a tolerar el apartheid.

La población palestina lleva décadas exigiendo el fin de la opresión en la que vive. Con demasiada frecuencia, paga un precio terrible por defender sus derechos y lleva tiempo pidiendo ayuda al resto del mundo.

Hagamos que esto sea el principio del fin del sistema israelí de apartheid contra la población
palestina.

Únete a la lucha por la justicia, la libertad y la igualdad para todas las personas. 

PIDE A ISRAEL: DERRIBEN EL APARTHEID, NO LAS VIVIENDAS PALESTINAS

La negación de una vivienda a la población palestina es parte esencial del sistema de apartheid israelí. Por eso, como primer paso para el desmantelamiento de este sistema, pedimos a Israel que ponga fin a la práctica de demolición de viviendas.

Las familias palestinas necesitan que la apoyemos contra la injusticia y la discriminación, que actuemos para ayudarles a proteger sus casas.
ACTUAR

Gaza: El alto el fuego no puede ocultar la destrucción, mientras un grupo de expertos pide una investigación de la CPI

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Naciones Unidas

Pese a la satisfacción de la comunidad comunitaria por el alto el fuego acordado en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel, ésta no ha dudado en advertir que la destrucción en Gaza tardará años, si no décadas, en solucionarse.

Lo evidenciaba este viernes desde Gaza, Matthias Schmale del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, quien evidenció que no se podrá volver a una situación de normalidad tras más de 10 días de lanzamientos de cohetes e intercambios de ataques aéreos entre las partes en conflicto que se han saldado con la muerte de más de 250 personas y miles de heridos.


Un bloque de pisos en ruinas en la ciudad de Gaza tras un ataque aéreo israelí

“Volver a la normalidad significa que tenemos que vigilar con mucho cuidado por dónde vamos; (hay) dispositivos sin explotar, sabemos que al menos en una escuela, una de nuestras 278 escuelas, hemos detectado dos bombas completamente enterradas y alertado a las autoridades israelíes”, alertó y razonó que “obviamente, no podemos apresurarnos a regresar a nuestros edificios y escuelas, tenemos que asegurarnos de que están a salvo”.

El alto funcionario de la UNRWA también señaló que este viernes estaba prevista la apertura del cruce de Kerem Shalom durante varias, ya que mientras duraron los enfrentamientos no fue posible sacar a la gente para que recibiera tratamiento médico ni la entrada de ayuda.

Schmale señaló que el personal de la UNRWA, en su mayoría residentes en la región, dijo que la violencia fue “peor en intensidad que en 2014”, antes de hacerse eco del llamamiento del Secretario General de la ONU a un proceso político significativo para resolver los agravios tanto de palestinos como de israelíes.

Los jóvenes palestinos necesitan tener unas condiciones de vida dignas

“La normalidad aquí también implica tener un 50% de empleo que va creciendo… Después de estar aquí dos años y medio, estoy convencido de que estaremos de nuevo en guerra si no se abordan las causas subyacentes; y desde la perspectiva de Gaza eso significa dar a la gente y especialmente a los jóvenes una esperanza de vida digna”, dijo.

“Si tienes tu propio dinero y lo llevas a casa para comprar comida en lugar de depender de las limosnas de la ONU”, añadió el alto funcionario de la ONU, “tienes menos probabilidades de encontrarte con agrupaciones como Hamás”.

UNICEF entrega ayuda de emergencia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia entregó este viernes 18 contenedores de ayuda a través del paso fronterizo de Kerem Shalom en apoyo a los niños y las familias necesitadas.

La ayuda de emergencia consistió en botiquines de primeros auxilios, bolsas de sangre, extintores, antibióticos y otros kits de control de infecciones, junto con 10.000 dosis de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19.

“Damos las gracias por la entrada en vigor del alto el fuego a las 2 de la madrugada porque el número de víctimas ha sido muy elevado”, manifestó Lucia Elmi, representante especial de UNICEF en Palestina.

“Esto permitirá darles un respiro necesario a las familias y la entrega de asistencia humanitaria y de personal que tanto se necesita en la Franja de Gaza”, añadió.

Expertos en derechos de la ONU piden una investigación de la CPI

Por otra parte, un grupo de expertos de la ONU* en derechos humanos pidieron a todas las partes del conflicto entre Gaza e Israel que respeten el alto el fuego, e instaron a la Corte Penal Internacional a investigar los ataques contra la población civil y otras graves violaciones de los derechos humanos.

Los expertos señalaron los desalojos forzosos de familias palestinas que vivían en Sheikh Jarrah y Silwan, en el Jerusalén Este ocupado, fue la chispa que encendió la mecha desencadenando una guerra a gran escala.

Los expertos cifraron en al menos 222, entre ellas 63 niños, el número de personas que murieron en Gaza por las 12 personas que fallecieron en Israel como consecuencia de los combates.

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Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

A las bajas civiles se suman más de 450 edificios completamente destruidos o dañados por los misiles en la Franja de Gaza, entre ellos seis hospitales, nueve centros sanitarios, una planta desalinizadora de agua, que suministraba agua potable a unos 250.000 palestinos, así como una torre que albergaba a diversos medios de comunicación como la cadena de televisión Al Jazeera, y la agencia de noticias Associated Press.

Desequilibrio de fuerzas entre las partes

“A causa de la enorme asimetría de fuerzas, las víctimas de este conflicto son en su mayoría los palestinos de Gaza, con 74.000 personas desplazadas forzosamente que se han quedado sin hogar, la mayoría de ellos mujeres y niños”, razonaron.

A continuación, destacaron que “el conflicto ha provocado una nueva oleada de destrucción masiva de viviendas e infraestructuras civiles sin precedentes que incluyeron a la red eléctrica de Gaza y ataques indiscriminados o deliberados con misiles contra civiles y zonas residenciales de Israel y Gaza”.

Los expertos indicaron que los ataques “no sólo violan las normas internacionales de derechos humanos, sino que también equivalen a crímenes de derecho internacional por lo que existe tanto responsabilidad individual como estatal”.

“El conflicto ha provocado una nueva oleada de destrucción masiva sin precedentes de viviendas e infraestructuras civiles, incluidas las redes eléctricas de Gaza, y ataques indiscriminados o deliberados con misiles contra civiles y zonas residenciales de Israel y Gaza, que no sólo violan las normas internacionales de derechos humanos, sino que también equivalen a crímenes de derecho internacional por los que hay responsabilidad individual y estatal”, continuaron.

Los especialistas afirmaron que todos los “bombardeos indiscriminados o deliberados contra civiles y torres que albergan civiles, organizaciones de medios de comunicación y campos de refugiados en Gaza e Israel son crímenes de guerra que, a priori, no están justificados por los requisitos de proporcionalidad y necesidad del derecho internacional.

“Todas las partes que participen en esos ataques deben asumir la responsabilidad individual y estatal que corresponda”, explicaron.

Asimismo, instaron a Israel y a las autoridades de Gaza a restablecer el suministro de electricidad, combustible, agua y alimentos en Gaza, y a garantizar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

Hay que detener la exportación de armas

Solicitaron a todos los Estados, pero especialmente a los que apoyan a Israel o a las autoridades palestinas a detener la exportación de armas que avivan el conflicto y que supediten el resto de la ayuda al cumplimiento de los derechos humanos y el derecho humanitario.   

Los expertos instaron a la Corte Penal Internacional a investigar los comportamientos de todas las partes que violan el Estatuto de Roma, especialmente los crímenes de guerra, incluidos los ataques contra civiles, las violaciones masivas e indiscriminadas del derecho a una vivienda adecuada, y a investigar los actos y que sucedieron durante el conflicto, o que han contribuido a él, ya que pueden equivaler al crimen de apartheid y a crímenes contra la humanidad.

Por su parte, la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció días atrás en Twitter que su oficina incluirá los hechos ocurridos en los últimos días en la investigación que lleva a cabo sobre posibles crímenes de prepetrados en Palestina.

Fatou Bensouda dijo en un tuit: “recuerdo que las investigaciones de mi Oficina cubrirán todas las partes y todos los hechos y pruebas relevantes para evaluar si existe responsabilidad penal individual en virtud del Estatuto” de Roma.

*Los expertos son: Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto; Michael Lynk, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Koumbou Boly Barry, relatora especial sobre el derecho a la educación; Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación; Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios; Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Amnestía Internacional: Los ataques sistemáticos de Israel contra viviendas en Gaza deben investigarse como crímenes de guerra

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Un artículo de Amnestía Internacional

Las fuerzas israelíes han mostrado un escandaloso desprecio por la vida de la población civil palestina llevando a cabo una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales, en algunos casos matando a familias enteras —incluidos menores—, y causando destrucción injustificada de bienes civiles en ataques que podrían constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy [17 mayo].


Lamya al Atar y sus tres hijos murieron en un ataque aéreo israelí en su domicilio de Gaza el 14 de mayo. © Particular

La organización ha documentado cuatro mortíferos ataques de Israel lanzados sin previo aviso contra viviendas palestinas y pide a la Corte Penal Internacional que los investigue con urgencia. Sigue en aumento el número de víctimas mortales en Gaza, con al menos 198 personas palestinas muertas, entre ellas 58 menores, y hay más de 1.220 personas heridas. En Israel, los ataques palestinos han causado la muerte a 10 personas —entre ellas 2 menores— y lesiones a al menos 27.

“Los ataques aéreos de Israel contra edificios residenciales y viviendas familiares en Gaza evidencian un patrón terrorífico; en varios casos, familias enteras han quedado sepultadas bajo los escombros al derrumbarse los edificios donde vivían. En los casos documentados infra no se avisó a la población civil residente para que pudiera escapar.Según el derecho internacional humanitario, todas las partes deben distinguir entre objetivos militares y bienes de carácter civil, y lanzar ataques únicamente contra los primeros. Al llevar a cabo los ataques han de tomarse todas las precauciones posibles para minimizar los daños a civiles”, ha manifestado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Aunque las fuerzas armadas israelíes no han dado ninguna explicación sobre cuáles eran los objetivos militares de estos ataques, cuesta entender que bombardear sin previo aviso edificios residenciales llenos de familias civiles pueda considerarse un ataque proporcionado con arreglo al derecho internacional humanitario. Es imposible no prever un gran número de víctimas civiles cuando se usan grandes armas explosivas —como bombas lanzadas desde aeronaves con una onda expansiva de muchos cientos de metros— en zonas pobladas.

“Al llevar a cabo estos ataques indisimulados y letales contra viviendas familiares sin previo aviso, Israel ha demostrado su desprecio absoluto por la vida de la población civil palestina, que ya sufre el castigo colectivo del bloqueo ilegal mantenido por Israel sobre Gaza desde 2007.”

El ejército israelí asegura que sólo ataca objetivos militares y ha justificado los ataques aéreos contra edificios residenciales con ese argumento. Sin embargo, residentes de esos edificios dijeron a Amnistía Internacional que no había combatientes ni objetivos militares en las inmediaciones cuando se llevaron a cabo los ataques documentados.

“Los ataques deliberados contra la población civil y contra infraestructuras y bienes de carácter civil son crímenes de guerra, ya que son ataques desproporcionados. La Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación sobre la situación en Palestina y debería investigar con urgencia estos ataques como posibles crímenes de guerra. Además, los Estados deberían considerar la posibilidad de ejercer la jurisdicción universal sobre quienes han cometido crímenes de guerra. La impunidad sólo sirve para exacerbar el cuadro sistemático de ataques ilegítimos y derramamiento de sangre civil que hemos documentado repetidamente en anteriores ofensivas militares israelíes contra Gaza”, ha dicho Saleh Higazi.

Se han destruido al menos 152 bienes residenciales en Gaza desde el 11 de mayo, según el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, organización de derechos humanos radicada allí. De acuerdo con los datos sobre Gaza publicados por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda palestino, los ataques israelíes han destruido 94 edificios —que albergaban 461 unidades habitacionales y comerciales— y 285 unidades habitacionales han quedado inhabitables tras sufrir graves daños.

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Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 2.500 personas se han quedado sin hogar debido a la destrucción de sus viviendas, y más de 38.000 se han visto internamente desplazadas y han buscado refugio en las 48 escuelas de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA) repartidas por toda Gaza.

El lanzamiento indiscriminado de cohetes por grupos armados palestinos contra zonas civiles de Israel también ha matado y herido a civiles y ha causado daños en viviendas y otros bienes civiles. Los cohetes disparados desde Gaza hacia Israel son poco precisos y su uso vulnera el derecho internacional humanitario, que prohíbe el uso de armas que sean por naturaleza de efecto indiscriminado. Estos ataques también deberían ser investigados por la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra.

Amnistía Internacional ya ha publicado información que demuestra que las fuerzas armadas israelíes adoptaron una política deliberada de ataques contra viviendas familiares durante el conflicto de 2014.

Ataques aniquiladores contra viviendas familiares

En uno de los bombardeos más intensos desde que estallaron los últimos combates, realizado entre la una y las dos de la madrugada del 16 de mayo, Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales y calles de la ciudad de Gaza. Los ataques destruyeron por completo dos edificios residenciales pertenecientes a las familias Abu al Ouf y Al Kolaq, causando la muerte de 30 personas, 11 de ellas menores.

La sede del Ministerio de Trabajo en Gaza también fue destruida en los ataques, y la avenida Al Wehda, una de las vías principales que conduce al primer hospital de Gaza, el hospital Al Shifa, quedó bloqueada.

Las familias que residían en el edificio de Al Ouf, de cuatro plantas y que incluía apartamentos y tiendas, no fueron avisadas con antelación y quedaron sepultadas bajo los escombros.

Yousef Yassin, médico del hospital Al Shifa, fue de los primeros en llegar al edificio de Al Ouf tras los ataques y ayudar a la Media Luna Roja a sacar víctimas de ente las ruinas. Habló de una “gran destrucción” para describir la escena a Amnistía Internacional.

“Ayudé a sacar cuatro cadáveres, pero había muchos más. Fue muy duro. No hubo aviso, la gente estaba tranquilamente en sus casas, y ésta es una zona muy animada y bulliciosa”, explicó.

Poco antes de la medianoche del 14 de mayo, ataques aéreos israelíes alcanzaron la residencia de tres plantas de la familia Al Atar en Beit Lahia, matando a Lamya Hassan Mohammed al Atar, de 28 años, y a sus tres hijos: Islam, de siete años, Amira, de seis, y Mohammed, de ocho meses.

El padre de Lamya, Hassan al Atar, que es agente de protección civil, contó a Amnistía Internacional que había acudido al lugar con una ambulancia y un equipo de salvamento al enterarse del ataque por la llamada de un familiar. “Me contó que habían bombardeado nuestra casa y que estaba atrapado bajo los escombros con su esposa e hijos”, dijo.

“Cuando llegué a la casa, que tenía tres plantas y en ella vivían 20 personas, intenté buscar a la gente, pero no pude. Entonces llegó el equipo de salvamento para ayudar, y al fin encontramos a mi hermana con sus tres hijos, uno de ellos un bebé; estaban debajo de uno de los pilares de hormigón de la casa, todos muertos. Los demás residentes habían logrado escapar por un hueco tras el bombardeo y habían ido al hospital. Me quedé anonadado”, dijo.

Nader Mahmoud Mohammed al Thom, del barrio de Al Salatin, en Beit Lahia, describió cómo su vivienda, que compartía con otras ocho personas, fue atacada sin previo aviso poco antes de la medianoche del 15 de mayo.

“No hubo misil de aviso, ni llamada de alerta: la casa fue bombardeada y nosotros estábamos dentro. Gracias a Dios, un equipo de protección civil estaba cerca por pura casualidad y nos rescató de debajo de los escombros. Gracias a Dios nadie murió. Sufrimos lesiones, pero no graves; cuando salimos vi un incendio en la puerta de la casa, luego la ambulancia nos llevó al hospital. Creo que fue entonces cuando perdí el conocimiento. Gracias a Dios no hubo heridos graves, pero nos quedamos sin casa. Ahora estamos en la calle, no sabemos a dónde ir ni qué hacer.”

Su familia se dirigió hacia una escuela de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA) en busca de refugio, pero al llegar se la encontraron cerrada y tuvieron que dormir a la intemperie en el patio. Su casa quedó completamente destruida, lo que incluía su ropa, dinero, documentación y todas sus pertenencias.

Además de viviendas, los ataques israelíes han dañado infraestructuras de suministro de agua y electricidad y centros médicos, y han interrumpido el funcionamiento de la planta desalinizadora del norte de Gaza, que abastece de agua a más de 250.000 personas.
 

Israel/TPO: Terminen con la brutal represión de la población palestina que protesta por los desplazamientos forzosos en el Jerusalén Oriental ocupado

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Amnestía Internacional

Las fuerzas de seguridad israelíes han usado fuerza excesiva, injustificada y reiterada contra la población palestina que se manifestaba en el Jerusalén Oriental ocupado tras cuatro días de violencia en los que 840 palestinos resultaron heridos; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Al menos 21 agentes de policía israelíes y siete civiles israelíes también resultaron heridos, según la policía israelí.

La organización pide a las autoridades israelíes que suspendan de inmediato los desalojos forzosos en el barrio de Sheikh Jarrah y terminen con el desplazamiento forzoso en curso de la población palestina de Jerusalén Oriental.

En la última escalada de violencia, grupos armados palestinos han disparado cohetes y misiles contra Israel, hiriendo al menos a una persona israelí, y se han recibido informes sobre varias personas en Gaza muertas en ataques de represalia israelíes. Amnistía Internacional pide a todas las partes que respeten el derecho internacional humanitario y tomen todas las precauciones posibles para evitar causar daño a la población civil.

“Las pruebas reunidas por Amnistía Internacional reflejan un escalofriante patrón de uso abusivo e innecesario de la fuerza por las fuerzas israelíes contra manifestantes palestinos mayoritariamente pacíficos en los últimos días. Entre las personas que han resultado heridas en los episodios de violencia en Jerusalén Oriental hay transeúntes y también musulmanes que estaban en medio de sus oraciones de Ramadán”, ha señalado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“La violencia más reciente pone crudamente de relieve una campaña sostenida de Israel para expandir los asentamientos ilegales israelíes y aumentar la frecuencia de los desalojos forzosos de población palestina, como la de Sheikh Jarrah, para dejar sitio a dichos asentamientos. Estos desalojos forzosos forman parte de una práctica continuada en Sheikh Jarrah, son una violación flagrante del derecho internacional y podrían constituir crímenes de guerra.”

Declaraciones de testigos presenciales, así como fotografías y vídeos realizados por personal investigador sobre el terreno de Amnistía Internacional en Jerusalén Oriental, demuestran que las fuerzas israelíes han recurrido repetidamente al uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza para dispersar a manifestantes en violentas incursiones en la mezquita de Al Aqsa, y que llevaron a cabo ataques contra manifestantes pacíficos sin mediar provocación en Sheikh Jarrah.

Desde que empezó el Ramadán el 13 de abril, las tensiones han ido aumentando a un ritmo constante, con protestas de la población palestina por las restricciones israelíes que limitan su acceso a la Puerta de Damasco, entrada principal a la Ciudad Vieja de Jerusalén. El 26 de abril, las autoridades israelíes levantaron las restricciones ante las continuas manifestaciones. Asimismo ha ido creciendo la indignación por los planes inminentes de desalojo forzoso de cuatro familias palestinas en Sheikh Jarrah para dejar sitio a los asentamientos israelíes.

Uso ilegítimo de la fuerza

La situación se tensó al máximo el 7 de mayo, fecha en que más de 170 personas palestinas resultaron heridas cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo de la mezquita de Al Aqsa para dispersar tanto a fieles como a manifestantes, disparando proyectiles de impacto cinético de 40 milímetros y granadas paralizantes contra la multitud allí congregada para las oraciones del último viernes de Ramadán.

Un periodista palestino presente en el lugar describió a unas fuerzas israelíes enloquecidas disparando proyectiles y gas lacrimógeno. También dijo que habían asaltado la clínica de la mezquita y golpeado a manifestantes. Así se lo contó a Amnistía Internacional: “Llevo 10 años cubriendo noticias en Jerusalén […] y nunca había pasado tanto miedo. Todo el mundo era un objetivo; me gustaría decir que fueron disparos al azar, pero estaría mintiendo. Sabían exactamente a quién y a dónde dirigían sus balas y granadas. La mayoría de las víctimas fueron alcanzadas en la parte superior del cuerpo (rostro y tórax)”.

A él le dispararon en la espalda cuando sostenía la cámara en alto mientras trataba de salir de la zona.

Gente que se manifestaba en Al Aqsa respondió lanzando piedras y encendiendo fuegos mientras fuerzas israelíes a caballo y con equipo antidisturbios repelían los ataques con granadas paralizantes.

El 10 de mayo, más de 300 manifestantes palestinos resultaron heridos cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo de Al Aqsa por segunda vez en unos días. Un portavoz de Media Luna Roja contó a Amnistía Internacional que, debido a la violencia, al menos 250 personas palestinas habían sido hospitalizadas, de las cuales 7 se encontraban en estado crítico.

Según un testigo presencial, las fuerzas israelíes rompieron ventanas de edificios y dispararon gas lacrimógeno y granadas aturdidoras al interior, causando dificultades para respirar a muchas de las personas que estaban dentro.

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Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

Otra persona presente en el lugar dijo que las fuerzas israelíes habían empezado a disparar gas lacrimógeno desde los tejados antes de que llegaran más efectivos por la Puerta Mugrabí e irrumpieran en la Explanada de las Mezquitas. “Empujaron a la gente al interior de la mezquita de Al Aqsa y bloquearon las puertas con cadenas […] después rompieron una ventana y lanzaron gas lacrimógeno al interior sobre la gente, que estaba literalmente encerrada y apenas tenía espacio para respirar o recibir asistencia médica […] Además de eso, empezaron a disparar balas de goma contra los fieles en el interior”, contó.

Asimismo dijo haber visto a fuerzas israelíes golpeando a transeúntes e interceptando vehículos que estaban evacuando heridos para fotografiar a las víctimas antes de que se las llevaran. A él mismo le dispararon en el pecho cuando se disponía a ayudar a un médico herido en el lugar.

Sheikh Jarrah

La semana pasada, población palestina residente en el barrio de Sheikh Jarrah celebró manifestaciones nocturnas contra la amenaza inminente de desalojos forzosos. Amnistía Internacional ha documentado arrestos arbitrarios de manifestantes pacíficos, uso de fuerza excesiva y uso arbitrario de granadas sonoras y paralizantes así como de cañones de agua fétida contra manifestantes y viviendas en Sheikh Jarrah.

Cuatro familias palestinas del barrio se enfrentan a la amenaza inminente de desalojo forzoso después de que un tribunal de Jerusalén rechazara su recurso contra una orden de desalojo. Nahalat Shimon International, empresa de colonos, ha presentado demandas para apropiarse de las viviendas de decenas de familias en Sheikh Jarrah utilizando leyes intrínsecamente  discriminatorias, como la Ley de Cuestiones Jurídicas y Administrativas y la Ley de Propiedad de Ausentes de 1950, para que se confisquen tierras o bienes palestinos y se transfieran a grupos de colonos. El traslado forzoso de la población ocupada está prohibido por el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra con arreglo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Personal investigador de Amnistía Internacional presenció un ataque no provocado de las fuerzas israelíes contra un grupo de manifestantes pacíficos en Sheikh Jarrah el 9 de mayo. Las fuerzas israelíes llegaron poco antes del iftar (comida al anochecer durante el Ramadán). Tras la comida, decenas de manifestantes pacíficos formaron un círculo y empezaron a corear consignas contra los planes inminentes de desalojar a familias palestinas de sus hogares. Se manifestaban a una distancia de al menos 10 metros de las fuerzas israelíes, que estaban apostadas junto a una vivienda de colonos israelíes. Poco después, las fuerzas israelíes lanzaron un ataque coordinado para dispersar a la multitud de manifestantes palestinos. Fuerzas israelíes a caballo cargaron contra la gente. Un hombre que cojeaba dolorido contó que había sido pisoteado por los caballos de la policía cuando intentaba huir de la zona. Empujaron a residentes contra las paredes de sus casas y cinco hombres fueron detenidos arbitrariamente.

Las fuerzas israelíes comenzaron a dar empujones y golpes al grupo de personas, entre las que había un miembro del personal investigador de Amnistía que estaba observando la protesta. Sobre las 10 de la noche trajeron los cañones de agua fétida y las granadas sonoras y empezaron a disparar arbitrariamente contra manifestantes.

Osama Dweik fue detenido durante una manifestación nocturna en Sheikh Jarrah el 6 de mayo, cuando la policía israelí cargó de repente contra el grupo de manifestantes y acto seguido lo arrestó. En la comisaría vio a policías israelíes dando patadas y golpes con porras a cuatro palestinos detenidos durante los enfrentamientos en la Puerta de Damasco y las manifestaciones en Sheikh Jarrah. Otras siete personas fueron detenidas en Sheikh Jarrah esa noche.

Gil Hammerschlag, activista israelí que estaba protestando contra los desalojos forzosos de Sheikh Jarrah el 7 de mayo, recibió empujones y patadas de miembros de las fuerzas israelíes, que también lanzaron granadas sonoras contra manifestantes pacíficos desde menos de 10 metros de distancia.

El mismo día, un hombre palestino de mediana edad resultó gravemente contusionado en la pierna al ser alcanzado en el muslo por una granada paralizante que lanzaron las fuerzas israelíes. Un fotógrafo que también estaba en el lugar contó que las fuerzas israelíes, incluidos agentes de policía a caballo, cargaron contra una multitud de personas que estaban coreando consignas pacíficamente cuando una de ellas lanzó una botella de agua contra ellas.

“Personal investigador de Amnistía Internacional presenció conductas deplorables de las fuerzas de seguridad en Sheikh Jarrah, incluidos ataques no provocados en absoluto contra manifestantes pacíficos que reivindicaban derechos y pedían que se respetara el derecho internacional. En lugar de seguir violando los derechos humanos de la población de Sheikh Jarrah y de activistas que se solidarizan con su causa, las autoridades israelíes deberían descartar de inmediato los desalojos forzosos previstos”, ha afirmado Saleh Higazi.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que exija a Israel rendición de cuentas por sus violaciones sistemáticas del derecho internacional.

“No debe permitirse que Israel continúe atacando a una población palestina que simplemente defiende su derecho a existir y protesta por su desplazamiento forzoso. Limitarse a expresar preocupación ante el desprecio absoluto que muestra Israel por sus obligaciones en virtud del derecho internacional no es suficiente. Deben denunciarse de manera inequívoca y firme las flagrantes violaciones de derechos humanos, que incluyen los desplazamientos forzosos, la expansión de los asentamientos ilegales y la brutal represión de quienes protestan por estos graves abusos”, ha manifestado Saleh Higazi.

“Pedimos a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que convoquen una sesión abierta con carácter inmediato, y que el coordinador especial para el proceso de paz en Oriente Medio informe a los Estados miembros.”

 Nabil el Kurd, uno de los residentes de Sheikh Jarrah amenazados con el desalojo, dijo a Amnistía Internacional:

“Sheikh Jarrah está enviando al mundo entero, incluidos el Congreso estadounidense, el Parlamento británico, el Parlamento francés, el Parlamento de la UE y la Corte Penal Internacional, el mensaje de que lo que nos está sucediendo es un crimen de guerra. Es más que un desalojo; es un crimen de guerra. No lo olviden. No sé por qué el mundo entero permite que Israel se salga con la suya después de ver lo que está ocurriendo. Ya es hora de que abandonen su indulgencia con Israel”.

Human Rights Watch : Las prácticas abusivas de Israel constituyen crímenes de apartheid y persecución

. DERECHOS HUMANOS .

Un artículo de Human Rights Watch

Las autoridades israelíes están cometiendo los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La conclusión se basa en la política general del gobierno israelí de mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos y en los graves abusos cometidos contra palestinos que viven en el territorio ocupado, incluido Jerusalén Oriental.


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El informe de 213 páginas, “A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution” (“Se ha traspasado el umbral: Las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución”), examina el trato que reciben los palestinos por parte de Israel. El informe presenta la realidad actual en la cual una única autoridad, el gobierno israelí, está principalmente encargada de gobernar en el territorio comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. En esta zona, que está poblada por dos grupos de similar tamaño, el gobierno israelí favorece metódicamente a los israelíes judíos mientras que reprime a los palestinos, con aún mayor severidad en el territorio ocupado.

“Voces prominentes han advertido durante años que el apartheid acecha a la vuelta de la esquina si las prácticas de dominio de Israel sobre los palestinos no cambian”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Esta detallada investigación demuestra que las autoridades israelíes ya están cometiendo los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución”.

El hallazgo de la existencia de apartheid y persecución no cambia el estatus legal del territorio ocupado, conformado por Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y Gaza, ni la realidad actual de la ocupación.

Acuñado originalmente en Sudáfrica, apartheid es un término jurídico que actualmente es usado de forma universal. La prohibición de formas especialmente graves de discriminación y opresión institucional, o apartheid, constituye un principio fundamental del derecho internacional. La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 definen el apartheid como un crimen contra la humanidad que consta de tres elementos principales:

1. Una intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro.

2. Un contexto de opresión sistemática por parte del grupo dominante sobre el grupo marginado.

3. Actos inhumanos.

La referencia a un grupo racial se entiende actualmente no solo en relación con los rasgos genéticos, sino que también se basa en la ascendencia y el origen nacional o étnico, de acuerdo con la definición de grupo racial en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Human Rights Watch utiliza este concepto más amplio de raza.

El crimen de lesa humanidad de persecución, tal como lo definen el Estatuto de Roma y el derecho internacional consuetudinario, consiste en la privación grave de derechos fundamentales a un grupo racial, étnico o de otro tipo con intención discriminatoria.

Human Rights Watch descubrió que los diferentes elementos de estos crímenes están presentes en el territorio ocupado, como parte de una política única del gobierno israelí. Esa política consiste en mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos en todo Israel y en el territorio ocupado. En el territorio ocupado, esta política se combina con la opresión sistemática y los actos inhumanos contra los palestinos que allí viven.

En base a años de investigación sobre la situación de derechos humanos, casos de estudio y una revisión de los documentos del gobierno, declaraciones de funcionarios y otras fuentes, Human Rights Watch comparó las políticas y prácticas hacia los palestinos en el territorio ocupado e Israel con aquellas dirigidas hacia los israelíes judíos que viven en las mismas zonas. Human Rights Watch le escribió al gobierno israelí en julio de 2020, solicitando su perspectiva sobre estas cuestiones, pero no había recibido respuesta al momento de redacción de este documento.

En todo Israel y en el territorio ocupado, las autoridades israelíes han tratado de maximizar la cantidad de tierra disponible para las comunidades judías y de concentrar a la mayoría de los palestinos en zonas con mayor densidad poblacional. Las autoridades han adoptado políticas para mitigar lo que han descrito públicamente como la “amenaza” demográfica palestina. En Jerusalén, por ejemplo, el plan del gobierno para el municipio, que incluye tanto la parte occidental de la ciudad como la parte oriental bajo ocupación, establece el objetivo de “mantener una amplia mayoría judía en la ciudad”, e incluso especifica las proporciones demográficas que espera mantener.


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Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

Israel/Palestine, is the situation like South Africa?

Para mantener la dominación, las autoridades israelíes discriminan sistemáticamente a los palestinos. La discriminación institucional a la que se enfrentan los ciudadanos palestinos de Israel incluye leyes que permiten a cientos de pequeñas ciudades judías excluir a los palestinos en la práctica, así como presupuestos en los que se asigna una fracción de recursos a las escuelas palestinas en comparación con los recursos asignados a las escuelas para los niños judíos israelíes. La gravedad de la represión en el territorio ocupado, incluyendo la imposición de un régimen militar draconiano a los palestinos mientras que los israelíes judíos que viven de forma segregada en el mismo territorio gozan de todos sus derechos, en virtud de una legislación civil israelí que respeta esos derechos, equivale a una opresión sistemática necesaria para la existencia del apartheid.

Las autoridades israelíes han cometido un amplio rango de abusos contra los palestinos. Muchos de ellos, cometidos en el territorio ocupado, constituyen abusos graves de derechos fundamentales y actos inhumanos necesarios para la existencia del apartheid. Estos incluyen amplias restricciones de movimiento por medio del cierre de Gaza y el régimen de permisos, la confiscación de más de un tercio de la tierra en Cisjordania, las condiciones adversas en partes de Cisjordania que resultaron en el traslado forzoso de miles de palestinos fuera de sus hogares, la negación de los derechos de residencia a cientos de miles de palestinos y sus familiares y la suspensión de los derechos civiles más básicos a millones de palestinos.

Muchos de los abusos que son fundamentales para la determinación de que se han cometido estos crímenes internacionales, como la denegación casi categórica de permisos de construcción a los palestinos y la demolición de miles de viviendas con el pretexto de que carecían de permisos, no tienen justificación en materia de seguridad. Otros, como la congelación de los registros de población que Israel mantiene en el territorio ocupado, la cual prácticamente bloquea la reunificación familiar de los palestinos que allí viven y prohíbe a los residentes de Gaza vivir en Cisjordania, utilizan la seguridad como pretexto para promover objetivos demográficos. Incluso cuando la seguridad es parte de la motivación detrás una política, no justifica el apartheid y la persecución, de la misma manera que no justifica el uso excesivo de fuerza o la tortura, dijo Human Rights Watch.

“Negarles a millones de palestinos sus derechos fundamentales, sin que exista una justificación legítima de seguridad y por el solo hecho de ser palestinos y no judíos, no es meramente una ocupación abusiva”, señaló Roth. “Estas políticas, que conceden a los israelíes judíos los mismos derechos y privilegios dondequiera que vivan y discriminan contra los palestinos en diversos grados dondequiera que vivan, reflejan una política que busca privilegiar a un pueblo sobre otro”.

Las declaraciones y acciones de las autoridades israelíes en los últimos años, incluyendo la aprobación de una ley con rango constitucional en 2018 que establece a Israel como el “Estado-nación del pueblo judío”, el creciente cuerpo de leyes que privilegian a los colonos israelíes en Cisjordania y no se aplican a los palestinos que viven en el mismo territorio y la expansión masiva de los asentamientos judíos y la infraestructura que los conecta con Israel en los últimos años, han hecho evidente la  intención del gobierno israelí de mantener el dominio de los israelíes judíos sobre los palestinos. La posibilidad de que un futuro líder israelí algún día pueda forjar un acuerdo con los palestinos que desmantele este sistema discriminatorio no invalida la realidad actual.

Las autoridades israelíes deben desmantelar todas las formas de represión y discriminación que privilegian a los israelíes judíos a costa de los palestinos, incluyendo la libertad de circulación, la asignación de tierras y recursos y el acceso a agua, electricidad y otros servicios, así como la concesión de permisos de construcción.

La Fiscalía de la CPI debe investigar y procesar a quienes estén implicados de manera creíble en los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución. Otros países deberían hacer lo mismo, de conformidad con sus leyes nacionales en virtud del principio de jurisdicción universal, e imponer sanciones individuales, incluyendo la prohibición de ingreso al país y la congelación de activos, a los funcionarios responsables de estos crímenes.

La determinación de que se han cometido crímenes de lesa humanidad debería impulsar a la comunidad internacional a reevaluar su aproximación hacia Israel y Palestina y a adoptar una política que esté enfocada en los derechos humanos y la rendición de cuentas, en lugar de enfocarse únicamente en el estancado “proceso de paz”. Los países deberían establecer una comisión de investigación de la ONU para examinar la discriminación y la represión sistemáticas en Israel y Palestina, y nombrar un enviado especial de la ONU para los crímenes de persecución y apartheid con el mandato de movilizar la acción internacional para acabar con la persecución y el apartheid en todo el mundo.

Los países deberían condicionar la venta de armas y la asistencia militar y de seguridad a Israel a que las autoridades tomen medidas concretas y verificables para poner fin a la comisión de estos crímenes. También deberían examinar los acuerdos, los planes de cooperación y todas las demás formas de comercio y diplomacia con Israel para detectar aquellas que contribuyan directamente a la comisión de los crímenes, mitigar los impactos sobre los derechos humanos y, cuando ello no sea posible, poner fin a las actividades y a la financiación que facilita la comisión de estos graves crímenes.

“Mientras que gran parte del mundo trata la ocupación israelí que ha durado medio siglo como una situación temporal que pronto será resuelta por un ‘proceso de paz’ que ya lleva décadas, la opresión de los palestinos en el territorio ocupado alcanza tal nivel y duración que cumple con las definiciones de los crímenes de apartheid y persecución”, dijo Roth. “Aquellos que luchan por la paz entre israelíes y palestinos, ya sea por medio de una solución de uno o dos Estados o por medio de una confederación, deberían mientras tanto reconocer la realidad actual y emplear las herramientas de derechos humanos necesarias para acabar con ella”.

España: Testimonios en primera persona: así se lucha por la igualdad de género desde el activismo y la participación en el mundo

. IGUALDAD HOMBRES/MUJERES .

Un artículo de Toledo Diario

La lucha por la igualdad de género es global y transversal. Los apoyos mutuos, las redes de colaboración y las alianzas son fundamentales para la consecución de unos derechos que en unos países han avanzado más que en otros. Para todo ello, el activismo y la participación social se han convertido en una herramienta poderosa que las ONG de Desarrollo ahora quieren mostrar como ejemplo de esas acciones globales.


Imagen de Antonio Cansino en Pixabay

El proyecto multimedia “Tejiendo Alianzas para la Igualdad de Género”  tiene ese objetivo. Recoge, tanto online como en una publicación impresa, una quincena de proyectos en todo el mundo. Lo ha elaborado la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha en colaboración con colectivos de varios países y con el apoyo del Instituto de la Mujer de esta comunidad autónoma. Y el resultado son decenas de testimonios para aprender, concienciar y luchar de cara a este 8M, Día Internacional de las Mujeres, y todos los días del año.

Este proyecto se enmarca dentro de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que constituyen la hoja de ruta para alcanzar un desarrollo sostenible donde “no dejar a nadie atrás”, especialmente el ODS 5, que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas antes de 2030.

Desde la Coordinadora destacan que en un contexto de desigualdad global, las alianzas entre gobiernos locales y regionales, ONGD, contrapartes locales, sindicatos, Universidad y ciudadanía, permiten impulsar los principios de la Agenda 2030 y potenciar sus elementos más transformadores. “Estas alianzas refuerzan las capacidades de gobiernos, organizaciones civiles y ciudadanía que defiende los derechos humanos; sensibilizan y movilizan el compromiso y la implicación de la ciudadanía hacia un desarrollo sostenible e impulsan acciones efectivas para combatir las desigualdades”.

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Question related to this article:

Do women have a special role to play in the peace movement?

Prospects for progress in women’s equality, what are the short and long term prospects?

La prueba es este proyecto multimedia, donde podemos escuchar a sus protagonistas de primera mano.

Una de ellas es Elena Emperatriz Santiso, participante en proyecto de igualdad de SOLMAN y ADICOMAR para el empoderamiento de las mujeres, para mejorar su independencia económica y conocer sus derechos. Por un lado, se diseñaron diversas capacitaciones adaptadas al contexto que permitían empoderar a las mujeres, mejorar la independencia económica y conocer sus derechos. Estas formaciones en corte y confección, belleza o peluquería, acompañadas de formación en derechos, no sólo permitieron una mayor independencia económica, sino que las mujeres empezaron a reconocer que tenían derechos y, si eran vulnerados, había mecanismos jurídicos para denunciarlo: Aquí está su testimonio.

Otro testimonio es el del Proyecto Alianza de Mujeres en el Corredor del Cribe, donde participa SodePaz, y que se desarrolla en el marco un acuerdo entre organizaciones no gubernamentales de República Dominicana, Haití y Cuba para tratar cuestiones relacionadas con la economía social y solidaria desde una perspectiva ambiental, que amplió su horizonte incorporando la dimensión cultural y de género, y a todo aquello que implique un desarrollo sostenible en esa región. Olita Jean es participante de esta iniciativa en Haití, uno de los países más pobres del mundo. Aquí está su testimonio.

Desde Oxfam Intermón se desarrolla la iniciativa “Juntas Somos Victoria” de apoyo a mujeres colombianas que luchan por la protección de los derechos civiles y del medio ambiente. En este contexto, mujeres defensoras, mujeres del ámbito rural, envueltas en una realidad de desigualdad, de riesgo y de abusos en la explotación de recursos naturales de su tierra, unidas en la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales de Colombia, solicitan apoyo a Oxfam Intermón para levantar la voz y aumentar la visibilidad de sus actuaciones y de los peligros a los que se enfrentan. Gracias a esta campaña se ha firmado por primera vez una circular conjunta entre los distintos entes de control del Gobierno de Colombia para garantizan los derechos de la mujer rural. En ella se insta a los servidores públicos a cumplir con la normativa que ya está instaurada y cuyo incumplimiento generará acciones disciplinarias. Habla Laura Victoria Gómez Correa, del Programa de Derecho a la Igualdad en Colombia. Aquí está su testimonio.

Enfermeras para el Mundo protagoniza otra de las iniciativas de estas alianzas. Se trata de su trabajo en la lucha y prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual en Bolivia. En el último taller «Se TRATA de ti», realizado en el marco del II Foro Internacional “Toledo, Cultura de Paz”, la propuesta tuvo muy buena acogida y las personas que en un principio asistieron por curiosidad, terminaron el taller siendo más conscientes del significado, las causas y las consecuencias que implica la trata y el tráfico de personas. Miriam Montero Gómezes técnica de proyectos de Enfermeras para el Mundo. Aquí está su testimonio.

Por último, la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) aporta a este proyecto la experiencia de las mujeres protagonistas en 2011 de las llamadas primaveras árabes. Ellas levantaron su voz para reclamar mejoras sociales y políticas que consolidaran los derechos humanos. Con ellas, esta ONG trabaja en el Magreb, para apoyar y fortalecer movimientos y asociaciones civiles que promueven los derechos de las mujeres, para que ellas sean el motor de cambio en sus países. Anna Rispa es referente de la Asamblea de Cooperación por la Paz en el Magreg: Aquí está su testimonio.

La campaña de los docentes iraquíes tiene por objeto acabar con la violencia contra las mujeres

. IGUALDAD HOMBRES/MUJERES .

Un artículo de Internacional de la Educación

Juntamente con la reciente campaña de 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género de las Naciones Unidas, los docentes iraquíes organizaron una serie de actividades bajo el tema “De la paz en el hogar a la paz en el mundo, una educación pacífica para todos y todas”.

iraqi
Actividades organizadas durante la campaña para poner fin a la violencia contra las mujeres en una escuela iraquí.

Para crear concienciación y tomar medidas concretas para eliminar la violencia contra las mujeres, el Sindicato de Docentes de Kurdistán (KTU) de Irak puso en marcha una serie de iniciativas destinadas a movilizar a los ciudadanos.

“Además de estas actividades, y en coordinación con los representantes de KTU en las escuelas que siguen las directrices de KTU, hemos fomentado la sensibilización sobre la importancia de ofrecer igualdad de oportunidades educativas para todos”, dijo el Presidente de KTU, Abdalwahed M. Haje.

La cultura local a veces se convierte en un obstáculo para ofrecer estas oportunidades y KTU pidió a los padres que apoyaran los esfuerzos que se realizaban para reducir la tasa de niños que no recibían instrucción, que se sitúa en el 12%. KTU también solicitó al gobierno y al ministerio de educación que proporcionen más recursos para reducir la tasa de adultos analfabetos.

Entre los eventos organizados por KTU figuran los siguientes:

• La participación en un gran evento comunitario que contó con la presencia del Presidente del Consejo de Ministros y su vicepresidente, diputados parlamentarios, ministros, organizaciones de mujeres y la sociedad civil y tuvo lugar el 16 de noviembre cuando se lanzó la campaña nacional.

• La organización de cinco reuniones en las provincias de Erbil, Duhok, Sulemanyah y Kirkuk, en las cuales participaron cientos de mujeres. En estas reuniones se puso de relieve la importancia de la campaña, del respeto hacia las mujeres, de velar por la igualdad y se explicaron las normas internacionales vigentes.

• La organización de dos seminarios con oradores destacados y los activistas civiles Newroz Hawezy y Hero Kamal. Se presentaron una gran cantidad de datos y estadísticas relativos a los actos de violencia y las soluciones a los mismos, así como los reglamentos en materia de derechos humanos. En términos de oportunidades de empleo, se destacó que en el ámbito de la educación la proporción de mujeres y hombres docentes era de 53:47, lo cual era satisfactorio.

• La creación de dos exposiciones de fotografía. La primera en Erbil presentaba numerosas imágenes y gráficos que destacaban el papel que habían tenido las mujeres en la sociedad en el pasado y también ponía de relieve la violencia que podían sufrir. La segunda exposición en Sulemanyah exhibía fotografías sobre el papel que desempeñaban las mujeres en la organización de sus familias y sus funciones en la administración, la economía y la agricultura. Ambas exposiciones destacaron que una comunidad sana es una comunidad que cuenta con una participación equitativa de ambos géneros.

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