Category Archives: DERECHOS HUMANOS

Comentario de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

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Una noticia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

Ginebra, 22 de octubre de 2020

“Los procesos de justicia transicional son uno de los instrumentos más poderosos para superar el conflicto y romper el ciclo de violencia e impunidad. Por ello, mi Oficina expresa su total apoyo al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que constituye la piedra angular del histórico Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno -en representación del Estado colombiano- y las FARC-EP para poner fin a más de 50 años de conflicto armado en el país.


Michelle Bachelet

Question for this article:

Truth Commissions, Do they improve human rights?

What is happening in Colombia, Is peace possible?

Hoy me reuní con la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, los tres mecanismos que forman el sistema de justicia transicional, y quisiera reconocer los avances significativos logrados por estas instituciones y la valentía de todos aquellos que están trabajando para que se conozca la verdad. Todas cumplen un rol fundamental y único para asegurar la participación de las víctimas y la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Su contribución a la consolidación de la paz en Colombia ha sido y sigue siendo esencial. Por lo tanto, insto a las autoridades del Estado a apoyar y cooperar incondicionalmente con el sistema de justicia transicional, así como garantizar la plena independencia de sus mecanismos, incluyendo su autonomía financiera y la posibilidad de operar en un entorno seguro.

La verdad y la rendición de cuentas para los crímenes cometidos es crucial para restaurar la dignidad de las víctimas y contribuir a la reconciliación, para el beneficio de toda la sociedad colombiana.”

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Colombia: ‘Incubadora de Ideas en Cultura de Paz’

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Un artículo en El Universal

Este jueves 20 de agosto, a las 4 de la tarde, el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena realizará la primera sesión de este año del proyecto ‘Incubadora de Ideas en Cultura de Paz con enfoque diferencial’, definido como un espacio para resaltar experiencias de paz en Colombia.


Arturo Zea participará de la actividad

Esta iniciativa de la Cooperación Española está dirigida a líderes y lideresas sociales, víctimas del conflicto armado, integrantes de organizaciones sociales, comunidades indígenas, investigadores, docentes, estudiantes universitarios y público interesado en conocer experiencias de construcción de una cultura de paz.

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Question for this article:

Truth Commissions, Do they improve human rights?

What is happening in Colombia, Is peace possible?

(Artículo continúa desde la parte izquierda de la página)

En esta primera sesión se abordará el papel de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en el marco del Acuerdo de Paz y cómo trabaja para cumplir con el mandato de asegurar la dignificación de las víctimas, su contribución a la verdad y a las garantías de no repetición. Participarán Arturo Zea Solano, Coordinador de la CEV para la Costa Caribe, y Ricardo Corredor Cure, Coordinador de la estrategia de Comunicaciones de esa misma institución.

La conversación será moderada por Melissa Mendoza Turizo, comunicadora social, periodista y Coordinadora del Programa Prensa Escuela del diario El Universal. La Incubadora de Ideas se desarrollará este año bajo la temática “Dialogando por la paz”. Se hará a través de un diálogo participativo, que facilite la generación de ideas y la creación de relatos en torno a la paz. Los interesados en participar deben inscribirse en el enlace: https://bit.ly/3kwrqfo.

Amnestía Internacional: En la respuesta a la COVID-19 se olvida a las personas refugiadas y migrantes

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Un artículo de Amnestía Internacional (Reproducido según una licencia 4.0 de Creative Commons, atribución, no comercial, sin obra derivada, internacional).

El trato inhumano que reciben las personas refugiadas y migrantes amenaza con detener los avances que se están realizando para responder a la COVID-19, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, a la vez que ha advertido de que los campos de acogida y centros de detención superpoblados se convertirán en nuevos focos si no se toman medidas con urgencia. La organización ha afirmado que las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad han agravado las ya terribles condiciones existentes, dejando expuestas a millones de personas a pasar hambre y contraer enfermedades.

La organización pide una acción mundial concertada para proporcionar a centenares de miles de personas en movimiento acceso adecuado a alimentos, agua, saneamiento y atención de la salud a fin de garantizar su supervivencia mientras los países se preparan para salir del confinamiento.

“Es imposible contener eficazmente el virus cuando en todo el mundo hay tantas personas que viven

en campos de acogida y centros de detención donde las condiciones de hacinamiento y falta de higiene son desesperadas. En un momento en que la necesidad de compasión y cooperación es mayor que nunca, lo que han hecho algunos gobiernos ha sido intensificar la discriminación y los abusos, con medidas como impedir los envíos de alimentos y agua y encerrar a personas o devolverlas a situaciones de guerra y persecución”, ha afirmado Iain Byrne, director del Equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional.

“En muchos campos se observa ya que la muerte por hambre es una amenaza mayor que el propio virus. Este hecho indica que se está eludiendo de manera horrible la responsabilidad colectiva de proteger a las personas refugiadas y migrantes, por lo que instamos a los Estados a tomar de inmediato medidas para prevenir que la situación degenere en una catástrofe para los derechos humanos.”

Muchos gobiernos han aplicado medidas basadas en la discriminación y la xenofobia, que dejan a las personas refugiadas expuestas a sufrir hambre y enfermedades.

Por ejemplo, en el campo de Vucjuk de Bosnia, las autoridades locales han cortado deliberadamente el suministro de agua para forzar la reubicación de quienes viven en él. La situación económica de muchas personas refugiadas es muy precaria, y las medidas de confinamiento y toque de queda hacen que les cueste más que nunca ganarse la vida. En el campo de Zaatari de Jordania, el confinamiento impide por completo a la gente trabajar, lo que supone que no hay comida ni ingresos para satisfacer siquiera las necesidades básicas. En abril, las personas residentes en campos improvisados en los asentamientos de Calais, en Francia, no recibían los envíos necesarios de alimentos y agua debido al confinamiento, y las restricciones de la movilidad les impedían comprar ellas mismas lo que necesitaban, incluso si tenían dinero para pagarlo.

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Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

How can we work together to overcome this medical and economic crisis?

Muchos gobiernos han continuado deteniendo innecesariamente a solicitantes de asilo, con el consiguiente riesgo de que contraigan el virus. No hay tests ni equipos de protección suficientes para el personal de los centros de detención y las personas recluidas en ellos, con lo que se corre el riesgo de que estallen las enfermedades y las muertes. Las personas recluidas en centros de detención de Australia  piden que se las deje en libertad, porque temen que el personal al que no se han proporcionados equipos de protección personal lleve el virus a ellos sin darse cuenta.

Otros gobiernos han violado el derecho internacional obligando a personas a regresar a situaciones de peligro con el pretexto de contener la propagación de la COVID-19.

Aplicando el programa oportunista y antimigración existente, entre el 20 de marzo y el 8 de abril Estados Unidos rechazó a 10.000 personas  menos de horas después de que llegaran a territorio estadounidense. Asimismo, Malasia rechazó un barco de personas rohinyás que buscaban seguridad, y aunque Bangladesh le permitió al final atracar, al menos 30 personas murieron, según informes, en los dos meses en que el barco estuvo a la deriva. Se sabe que en este momento hay varios centenares de personas que necesitan con urgencia la asistencia de operaciones de búsqueda y salvamento.

Obligar a las personas a regresar a países donde hay razones para creer que pueden sufrir persecución y tortura y otros tratos crueles o degradantes constituye devolución (refoulement), que es ilegal según el derecho internacional. No hay circunstancia alguna en que el principio de no devolución no sea aplicable.

Amnistía Internacional insta a los gobiernos a:

* Garantizar suministros de alimentos y agua suficientes y servicios adecuados de salud a los campos y poner a la gente en cuarenten

* Considerar la posibilidad de regularizar temporalmente a todas las personas migrantes, cualquiera que sea la documentación de que dispongan; garantizar que los paquetes de estímulo económico y protección se aplican a las personas solicitantes de asilo y refugiadas, y continuar permitiendo el reasentamiento cuando sea posible

* Descongestionar los campos de acogida, centros de detención de migrantes y asentamientos informales y realojar a sus residentes en condiciones dignas e higiénicas y con acceso adecuado a servicios de salud, alimentos y agua. Dejar en libertad a las personas detenidas por motivos de inmigración si no puede garantizarse su derecho a la salud durante la detención

* Hacer valer el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución (non-refoulement).

“Los gobiernos no dejan de decir que esta pandemia afecta a todas las personas por igual. Si es así, deben redoblar sus esfuerzos por proteger a los millones de personas de todo el mundo que están sufriendo la pandemia lejos de sus hogares y sus seres queridos”, ha afirmado Iain Byrne.

“Cualquier gobierno que permita que las personas refugiadas mueran de hambre o sed durante el confinamiento habrá actuado terriblemente mal frente a esta crisis.”

Amnistía Internacional: Los derechos humanos pueden ayudar a protegernos de COVID-19

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Un artículo de Amnistía Internacional (Reproducido según una licencia 4.0 de Creative Commons, atribución, no comercial, sin obra derivada, internacional).

Las decisiones que adopten los gobiernos sobre cómo responder a la pandemia COVID-19 repercutirán en los derechos humanos de millones de personas.

Amnistía Internacional está siguiendo atentamente las respuestas de los gobiernos a la crisis. Son tiempos extraordinarios, pero es importante recordar que el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable. De hecho, nos ayudará a superarlo juntos.

A continuación repasamos brevemente cómo los derechos humanos pueden ayudar a protegernos y las obligaciones de los gobiernos en relación con la pandemia.

El derecho a la salud

La mayoría de los Estados han ratificado al menos un tratado de derechos humanos que obliga a garantizar el derecho a la salud. Esto significa, entre otras cosas, que tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades.

En el contexto de la propagación de una epidemia, esto significa garantizar asistencia preventiva así como bienes y servicios a disposición de todas las personas.

En Hong Kong, uno de los primeros lugares afectados por la COVID-19, una ONG local señaló que casi el 70% de las familias con ingresos bajos no podía permitirse el equipo de protección que el gobierno estaba recomendando, que incluía mascarillas y desinfectante. Si los Estados apoyan el uso de tales artículos, deben asegurarse de que todo el mundo puede acceder a ellos.

Acceso a la información

Este es un aspecto fundamental del derecho a la salud, pero ya hemos visto a gobiernos que no lo respetan.

En diciembre de 2019, personal médico de Wuhan (China), donde se informó por primera vez del virus, compartió con colegas sus temores relacionados con pacientes que presentaban síntomas respiratorios. Las autoridades locales silenciaron y amonestaron de inmediato a estos profesionales por “difundir rumores”.

Mientras, en la región de Jammu y Cachemira, las autoridades han ordenado prorrogar la restricción de los servicios de Internet, pese al número creciente de casos. Como consecuencia, acceder a información vital sobre la incidencia y propagación del virus, y cómo protegerse, es sumamente difícil.

Toda persona tiene derecho a ser informada del peligro que la COVID-19 representa para su salud, las medidas para mitigar los riesgos y los esfuerzos en curso para combatirla. No garantizarlo debilita la respuesta de los servicios de salud pública y pone en riesgo la salud de todo el mundo.

Derecho al trabajo y derechos laborales

Las personas con trabajos precarios están sufriendo de manera desproporcionada las consecuencias de la pandemia, que ya empieza a afectar gravemente a la población y la economía. La población trabajadora migrante y quienes trabajan en la economía bajo demanda (“gig”) y en el sector informal tienen más probabilidades de que la COVID-19 y las medidas adoptadas para controlarla afecten negativamente a su derecho al trabajo y sus derechos laborales.

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Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

How can we work together to overcome this medical and economic crisis?

Los Estados deben garantizar el acceso a la seguridad social —incluidas prestaciones por enfermedad, bajas parentales y asistencia médica— de todas las personas que no puedan ejercer su trabajo debido al virus. Esto también es fundamental para que la población se ciña a las medidas de salud pública adoptadas por los Estados.

Las personas que trabajan en los servicios de salud están en primera línea frente a esta pandemia, ya que siguen prestando servicios a pesar de los riesgos personales para ellas y sus familias, y los gobiernos deben ofrecerles protección. Entre otras cosas, deben facilitar equipos de protección individual adecuados y de buena calidad así como información, formación y apoyo psicosocial a todo el personal que está respondiendo a la crisis. Personas que desempeñan otros trabajos, como el personal de prisiones, también corren mayor riesgo de exposición y deben ser protegidas.

Impacto desproporcionado en determinados grupos

Cualquiera puede contraer COVID-19, pero hay determinados grupos en los que el riesgo de enfermedad grave y muerte parece mayor. Uno es el de las personas de avanzada edad y aquellas con problemas médicos preexistentes. También es probable que los grupos marginados, como las personas que viven en la pobreza, las personas con discapacidad y las personas detenidas —incluidas migrantes y solicitantes de asilo—, tengan dificultades añadidas para protegerse y para acceder a tratamiento.

Por ejemplo, las personas sin hogar tendrán más dificultades para aislarse, y quienes no tengan acceso a unas condiciones adecuadas de saneamiento correrán mayor riesgo de infectarse con el virus.

A la hora de elaborar estrategias de respuesta a la COVID-19, los Estados deben asegurarse de tener plenamente en cuenta las necesidades y experiencias de grupos específicos.

Estigma y discriminación

Según información publicada en medios de comunicación, las personas procedentes de Wuhan han sufrido discriminación y acoso generalizados en China, como ser expulsadas de hoteles, quedar atrapadas en sus viviendas por barricadas y ver sus datos personales filtrados en Internet.

También ha habido informes generalizados de xenofobia antichina o antiasiática en otros países; el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado reiteradamente “virus chino” al causante de la COVID-19. En Londres, un estudiante de Singapur sufrió una brutal paliza en un ataque agravado por la motivación racista. No hay excusa para el racismo o la discriminación. Los gobiernos del mundo deben adoptar un enfoque de tolerancia cero ante los ataques racistas contra cualquier persona.

El presidente Trump ha aprovechado la pandemia para justificar políticas racistas y discriminatorias y, según informes, planea una prohibición general del paso desde México a las personas solicitantes de asilo.

Prohibir tan drásticamente el asilo sería contrario a las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales del Estado y sólo serviría para demonizar a las personas que buscan seguridad. Una prohibición similar impuesta en 2018 ha sido declarada rápidamente ilegal por todos los tribunales que la han examinado.

Más aún, durante una crisis de salud pública, los gobiernos deben actuar  para proteger la salud de todas las personas y para garantizar su acceso a atención y seguridad, y sin sufrir discriminación. Esto incluye a las personas en movimiento, con independencia de su condición de migrantes.

El mundo sólo podrá luchar contra este brote mediante la solidaridad y la cooperación más allá de las fronteras. La COVID-19 debe unirnos, no dividirnos.

Amnestía Internacional: Una nueva generación de jóvenes activistas lidera la lucha contra el recrudecimiento de la represión en Asia

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Un artículo de Amnestía Internacional

En toda Asia, una ola de protestas encabezadas por jóvenes desafía la escalada de la represión y las restricciones a la libertad de expresión y reunión pacífica que se viven en todo el continente, ha afirmado Amnistía Internacional, que publica hoy su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la región.

Los derechos humanos en Asia y Oceanía: Retrospectiva 2019, que incluye un análisis detallado de la situación en materia de derechos humanos en 25 países y territorios, describe cómo una nueva generación de activistas lucha contra la brutal represión de la disidencia, las campañas tóxicas en las redes sociales y la censura política generalizada.

“2019 fue un año de represión en Asia, pero también de resistencia. Mientras gobiernos de todo el continente intentan eliminar las libertades fundamentales, la gente se opone, y las generaciones jóvenes están al frente de la lucha”, ha afirmado Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental y Suroriental y Oceanía.

“Estudiantes en Hong Kong que lideran un movimiento multitudinario contra la creciente injerencia de China; estudiantes en India que protestan contra las políticas antimusulmanas; votantes jóvenes en Tailandia que apoyan en masa a un nuevo partido político de oposición; manifestantes en favor de la igualdad de las personas LGBTI en Taiwán. Dentro y fuera de Internet, las protestas populares encabezadas por jóvenes desafían el orden establecido.”

El pulso de Hong Kong resuena en todo el mundo

China e India, las dos grandes potencias asiáticas, sientan las pautas de la represión en toda la región con su notorio rechazo a los derechos humanos. El apoyo de Pekín a un proyecto de ley de extradición para Hong Kong, que otorgaba facultades al gobierno local para extraditar a personas sospechosas a China continental, desató multitudinarias protestas en este territorio a una escala sin precedentes.

Desde junio, la población de Hong Kong ha salido regularmente a la calle para pedir rendición de cuentas ante actuaciones policiales abusivas, tales como el uso deliberado de gas lacrimógeno, los arrestos arbitrarios, las agresiones físicas y los abusos en los centros de detención. La lucha contra el orden establecido se ha repetido por todo el continente.

En India, millones de personas denunciaron una nueva ley que discrimina a las personas musulmanas, en una oleada de manifestaciones pacíficas. En Indonesia, la gente protestó contra la promulgación por el Parlamento de varias leyes que amenazaban las libertades públicas. En Afganistán, las personas se manifestaron poniendo en riesgo su seguridad para exigir el fin del largo conflicto en el país. En Pakistán, el Movimiento para la Protección de la Etnia Pastún, de carácter no violento, desafió la represión estatal para movilizarse contra las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

Represión contra la disidencia

A menudo, las manifestaciones pacíficas y la disidencia se encontraron con la represión de las autoridades.

Los manifestantes se enfrentaron a detenciones y prisión en Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia, y gobiernos represivos en todo el sureste asiático tomaron duras medidas para silenciar a sus oponentes y amordazar a los medios de comunicación.

En Indonesia, varias personas murieron por el uso de fuerza excesiva en la actuación policial para reprimir las protestas. Sin embargo, apenas se tomaron medidas para exigir responsabilidades por las muertes, ningún miembro de la policía fue detenido y no se identificó a ningún sospechoso.

En Pakistán y Bangladesh, activistas y periodistas fueron el principal objetivo de leyes draconianas para restringir la libertad de expresión y castigar la disidencia online.

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Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

What is the state of human rights in the world today?

Y en Hong Kong, a policía empleó tácticas abusivas e indiscriminadas para reprimir manifestaciones pacíficas, como torturas bajo custodia. Todavía no se ha dado respuesta a las peticiones de que se investigue de manera adecuada la conducta de las fuerzas de seguridad.

“Los intentos de las autoridades de reprimir cualquier forma de crítica y eliminar la libertad de expresión fueron tan implacables como previsibles, y quienes se atrevieron a desafiar a los gobiernos represivos pagaron, en muchos casos, un alto precio”, ha declarado Biraj Patnaik, director regional para Asia Meridional.

“A la población en Asia le han dicho que sus aspiraciones de sociedades más justas son fantasías; que las disparidades económicas no se pueden corregir, que el calentamiento global es inexorable y que las catástrofes naturales son inevitables. Y, lo que es más, les han dicho que cuestionar este discurso no será tolerado”, explicó Patnaik. 

El peso del nacionalismo intolerante cae sobre las minorías

En India y China, el mero riesgo de insubordinación en zonas en teoría autónomas ha bastado para desatar toda la fuerza del Estado, ya las minorías se las ha considerado, convenientemente, una amenaza para la “seguridad nacional.”

En la provincia china de Sinkiang, hasta un millón de personas uigures y de otras minorías étnicas predominantemente musulmanas han sido recluidas a la fuerza en campos de “desradicalización”.

Cachemira, el único estado indio de mayoría musulmana, vio su autonomía revocada y como las autoridades imponían el toque de queda, cortaban todas las comunicaciones y detenían a líderes políticos.

En Sri Lanka, donde la violencia contra la población musulmana estalló tras los atentados del Domingo de Pascua, la elección como presidente de Gotabaya Rajapaksa redujo las esperanzas de lograr avances de derechos humanos. Otro autoproclamado hombre fuerte, el presidente filipino Rodrigo Duterte, continuó con su criminal “guerra contra las drogas”.

Los gobiernos han intentado justificar la represión acusando a quienes los critican de ser instrumentos de “fuerzas extranjeras” y han reforzado esta represión con sofisticadas campañas en las redes sociales. Ni ASEAN ni SAARC, los dos principales órganos regionales, han intentado pedir responsabilidades a sus miembros, ni siquiera en los casos de violaciones graves de derechos humanos.

Se ha confiado a la Corte Penal Internacional la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército de Myanmar en el estado de Rajine contra la población rohinyá en 2017. La Corte también investiga los miles de homicidios cometidos por la policía en Filipinas y tiene que resolver un recurso de apelación contra su decisión de no autorizar una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán.

Por otra parte, las atroces políticas australianas de detención extraterritorial dejaron a personas refugiadas y solicitantes de asilo consumiéndose y en condiciones físicas y mentales cada vez peores en dos islas del Pacífico, Nauru y Manus (Papúa Nueva Guinea). 

Avances contra todo pronóstico

A quienes denuncian estas atrocidades se les suele castigar, pero su valentía marca una diferencia. Hubo muchos ejemplos en que los esfuerzos para lograr avances en materia de derechos humanos en Asia dieron sus frutos.

En Taiwán se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo gracias al infatigable trabajo de campaña realizado por activistas. En Sri Lanka, abogados y activistas llevaron adelante con éxito una campaña contra la reanudación de las ejecuciones.

Brunéi se vio obligado a rectificar sobre la aplicación de leyes que penalizaban con lapidación el adulterio y las relaciones sexuales entre hombres, y el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, se enfrentó a cargos de corrupción por primera vez.

En Pakistán, el gobierno se comprometió a abordar el cambio climático y la contaminación del aire, y dos mujeres fueron nombradas como jueces del Tribunal Supremo de Maldivas por primera vez.

Y, en Hong Kong, el poder de la protesta obligó al gobierno a retirar el proyecto de ley de extradición. Sin embargo, todavía no se han rendido cuentas por los meses de abusos contra los manifestantes y la lucha continúa.

“En 2019, las personas que se manifestaron en toda Asia fueron maltratadas, pero no quebrantadas. Fueron reprimidas, pero no silenciadas. Y juntas, enviaron un mensaje de resistencia a los gobiernos que continúan violando los derechos humanos para reforzar su poder”, ha afirmado Nicholas Bequelin.

Amnistía Internacional: Políticas opresivas y sexistas dan impulso a una valiente lucha por los derechos de las mujeres en 2018

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Un artículo de Amnistía Internacional

Mujeres activistas de todo el mundo han estado en la vanguardia de la batalla por los derechos humanos en 2018; así lo ha manifestado Amnistía Internacional en la presentación de su resumen de la situación los derechos humanos a lo largo del año.


Photo copyright REUTERS/Vincent West

Además, la organización de derechos humanos ha advertido de que los actos de esos dirigentes mundiales “de mano dura” que están impulsando políticas misóginas, xenófobas y homófobas han vuelto a poner en peligro derechos y libertades reconocidos hace mucho tiempo.

“En 2018 hemos visto a muchos de estos líderes que se autocalifican de “duros” tratando de menoscabar el principio mismo de la igualdad, que es la piedra angular del derecho de los derechos humanos. Piensan que sus políticas los hacen duros, pero son poco más que tácticas intimidatorias dirigidas a demonizar y perseguir a comunidades ya marginadas y vulnerables”, ha declarado Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.

“Sin embargo, las mujeres activistas son las que este año han ofrecido la visión más potente de cómo combatir a estos dirigentes represivos.”

Las conclusiones se publican en Derechos Hoy, un importante resumen que analiza la situación de los derechos humanos en siete regiones del mundo: África, las Américas, Asia Oriental, Europa y Asia Central, Oriente Medio y el Norte de África, Asia Meridional y el Sureste Asiático. Su presentación conmemora el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la primera carta de derechos fundamentales de alcance global, adoptada en 1948 por los gobiernos del mundo.

2018: El levantamiento de las mujeres

No debe subestimarse el poder incipiente de la voz de las mujeres; así se afirma en el resumen. Aunque los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres ya estuvieran consolidados, las mujeres activistas han dominado los principales titulares relacionados con derechos humanos en 2018. Grupos liderados por mujeres, como el movimiento latinoamericano “Ni una menos”, han impulsado movimientos multitudinarios sobre asuntos relacionados con los derechos de las mujeres en una escala sin precedentes.

En India y Sudáfrica, miles de mujeres tomaron las calles para protestar contra la violencia sexual endémica. En Arabia Saudí e Irán, respectivamente, mujeres activistas se arriesgaron a ser detenidas por oponerse a la prohibición de conducir vehículos y al uso obligatorio del hiyab. En Argentina, Irlanda y Polonia, muchísimas mujeres se manifestaron para exigir el fin de la opresiva legislación sobre el aborto. En Estados Unidos, Europa y partes de Asia, millones se sumaron a la segunda marcha de mujeres convocada por el movimiento #MeToo / #YoTambién para reclamar el fin de la misoginia y los abusos.

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Pregunta(s) relacionada(s) al artículo

What is the state of human rights in the world today?

No obstante, el informe señala que no podemos celebrar el “tremendo auge del activismo de las mujeres” sin abordar lo que ha impulsado a tantas a movilizarse para reivindicar un cambio.

“Los derechos de las mujeres son sistemáticamente colocados en un segundo plano con respecto a otros derechos y libertades por unos gobiernos que piensan que pueden limitarse a apoyarlos de palabra y, en la práctica, hacer muy poco para proteger los derechos de la mitad de la población”, ha afirmado Kumi Naidoo.

Derechos Hoy señala un conjunto creciente de políticas y leyes destinadas a subyugar y controlar a las mujeres, sobre todo en materia de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, legisladores polacos y guatemaltecos han propugnado el endurecimiento de las leyes sobre el aborto, mientras que, en Estados Unidos, los recortes de los fondos destinados a clínicas de planificación familiar han puesto en peligro la salud de millones de mujeres.

Mujeres activistas han arriesgado su vida y su libertad para poner el foco sobre injusticias relacionadas con derechos humanos. Como Ahed Tamimi, activista palestina adolescente a quien encarcelaron injustamente por atreverse a alzar la voz en defensa de su pueblo; Loujain al Hathloul, Iman al Nafjan y Aziza al Yousef, tres activistas actualmente en detención en Arabia Saudí por hacer campaña en favor de los derechos de las mujeres; y Marielle Franco, brutalmente asesinada en Brasil este mismo año por luchar sin miedo en defensa de los derechos humanos.

2019: Un año decisivo para dar un giro a los derechos de las mujeres

Kumi Naidoo ha señalado que el aniversario de la declaración internacional de derechos fundamentales de las mujeres en 2019 —la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer— será un hito importante que el mundo no puede permitirse ignorar.

La Convención, que el año que viene cumplirá 40 años, ha sido ampliamente adoptada. Sin embargo, muchos gobiernos la han adoptado con la condición de poder rechazar importantes disposiciones destinadas a garantizar libertades de las mujeres, como la de promover una política nacional dirigida a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica, y la de comprometerse a erradicar la discriminación de las mujeres en el matrimonio y las relaciones familiares.

Amnistía Internacional ha instado a los gobiernos a tomar medidas que garanticen el respeto de los derechos de las mujeres, que incluirían no sólo comprometerse con las normas internacionales, sino también reformar las leyes nacionales lesivas y adoptar medidas proactivas para empoderar a las mujeres y proteger sus derechos.

“El hecho de que tantos países hayan aceptado sólo parcialmente la declaración internacional de derechos fundamentales de las mujeres es la demostración de que muchos gobiernos creen que proteger los derechos de las mujeres no es más que una operación cosmética para hacerles parecer buenos, y no un asunto urgente que deben abordar con carácter prioritario”, ha dicho Kumi Naidoo.

“En todo el mundo, las mujeres, por término medio, ganan mucho menos que los hombres en los mismos puestos, tienen un grado de estabilidad laboral muy inferior, encuentran impedimentos para acceder a la representación política por parte de quienes ejercen el poder y se enfrentan a una violencia sexual endémica que los gobiernos siguen pasando por alto. Debemos preguntarnos la razón de que esto ocurra.
Si viviéramos en un mundo en el que las víctimas de esta clase de persecución fueran los hombres, ¿se permitiría que continuara esta injusticia?

“Debo reconocer que Amnistía Internacional puede y debe hacer más en relación con los derechos de las mujeres. Cuando estamos a punto de entrar en 2019, pienso que ahora más que nunca debemos mantenernos firmes al lado de los movimientos de mujeres, amplificar sus voces en toda su diversidad y luchar por el reconocimiento de todos nuestros derechos.”

(Gracias a Janet Hudgins, la reportera de CPNN por este artículo).

Colombia: Hoy la Comisión de la Verdad inicia su mandato

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Un artículo del Espectador

La Comisión de la Verdad, que nació a partir del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, empieza su mandato este jueves [29 de noviembre] para esclarecer lo ocurrido durante medio siglo de conflicto armado. 

Con una ceremonia simbólica,realizada en Corferias de Bogotá, este jueves empezará el día cero de esta entidad extrajudicial, que, durante tres años, tendrá el desafío de escuchar, comprender e interpretar distintas las voces de los actores del conflicto armado.

Su misión: construir un informe final que establezca patrones de violencia y hechos victimizantes. En palabras del padre Francisco de Roux, presidente Comisión de la Verdad, a partir de este día se inicia un camino que busca la reconciliación y que contribuya a la no repetición de lo ocurrido.

“Esperamos que podamos contribuir a que Colombia se ponga en un camino sincero, transparente, de buscar la verdad, que es un bien público y es la responsabilidad de todos nosotros en Colombia. Esperamos contribuir a eso a fondo con nuestro esfuerzo de comunicación y pedagogía, con las Casas de la Verdad que estamos empezando a abrir en distintas regiones en forma de equipo móvil con las comunidades”, aseguró en entrevista con el capítulo Justicia para la Paz de Colombia2020.

Serán once comisionados de la verdad -acompañados por un equipo interdisciplinario- que estarán en nueve regiones del país y a través de grupos móviles recogerán testimonios de todos los sectores que de manera voluntaria aportarán información sobre los hechos más graves del conflicto. 

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Question for this article:

Truth Commissions, Do they improve human rights?

What is happening in Colombia, Is peace possible?

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“Esta división del país, y la ubicación de las 26 casas de la verdad, son producto de los seis meses de alistamiento que lleva la Comisión. En este tiempo también definieron unos patrones de victimización que piensan estudiar, por ejemplo, la tortura, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, etc”, indicó el comisionado de la Verdad Saúl Franco.

Además de las organizaciones de víctimas, a la Comisión se han acercado integrantes de las Fuerzas Militares, miembros de las antiguas Farc y paramilitares. No obstante, como lo reconoció De Roux, con el sector político no han tenido mayores acercamientos. El expresidente Ernesto Samper -reveló- ha sido uno de los pocos que ha expresado su intención de dar su testimonio ante la Comisión de la Verdad. 

Cabe recordar que la comisión de la verdad es una entidad extrajudicial que no hará juicios ni endilgará responsabilidades individuales. “Hay que advertir que llegar a la Comisión tiene una ventaja: nosotros no somos jueces, no vamos a castigar a nadie. Vamos a proteger los testimonios que recibimos. Los tenemos que utilizar para hacer interpretación de lo que nos aconteció, a menos de que la persona que lo traiga diga: ‘yo quiero dar este testimonio en público, porque quiero contribuir en una incidencia pública a la transformación del país’”, agregó De Roux. 

Para Juan Carlos Ospina, coordinador de Incidencia de la Comisión Colombiana de Juristas, los retos de la comisión pueden resumirse en tres puntos: primero, organizar su labor para atender el conocimiento del conflicto armado, que es tan extenso y complejo, en sólo tres años; segundo, permitir la más amplia participación de las víctimas y de la ciudadanía, y manejar las expectativas adecuadamente (con publicidad y transparencia) sobre su labor. Tercero, generar confianza a partir de esa apertura. Escuchar a todos los actores del conflicto y generar condiciones para la construcción de cultura de paz (respeto, convivencia, reconciliación, corresponsabilidad y no repetición) a partir de su labor.  Cuarto, realizar su labor no a pesar sino con ocasión (utilizando inteligentemente la complejidad) del escenario adverso para la paz creado por con ocasión del cambio de gobierno y de congreso.

Finalmente, otro de los desafíos de la Comisión consiste en enfrentar las resistencias de los sectores que cuestionan su posturas y su idoneidad. La polifonía de las voces y un relato incluyente, como los comisionados lo afirman, será determinante para su legitimidad.

Delegación de docentes denuncia el maltrato a migrantes por EEUU e intentan entregar libros y juguetes a niños detenidos

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Un artículo del Internacional de Educación

Un grupo de docentes, sindicalistas, activistas y líderes religiosos viajaron a un centro de detención en la frontera entre México y Estados Unidos para entregar libros, juguetes y regalos a niños encarcelados por las autoridades de inmigración de los EE.UU.

La delegación llegó para denunciar la separación cruel, inhumana y traumática de los niños de sus familias, las condiciones de detención abusivas de los menores y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las familias migrantes por parte del Gobierno estadounidense.

El rechazo a juguetes, cuadernos y libros 

Antes de llegar a la entrada, los activistas, que incluían miembros de la American Federation of Teachers (AFT), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Secretario General de la IE, David Edwards, participaron en una manifestación para protestar contra las políticas de separación familiar y las políticas de internamiento indefinido del Gobierno de los Estados Unidos.

El mitin y la visita al centro de detención se produjeron después de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre esta cuestión, la cual no incluye ninguna medida para reunir a los niños con sus familias y continúa la política de encarcelar a niños, menores y migrantes que buscan refugio. La administración también continúa violando el derecho internacional y detiene a miles de niños.

Los guardias armados en la puerta se negaron a aceptar las donaciones, que incluían cuadernos, ositos de peluche y balones de fútbol, y no permitieron que los/las docentes entraran ni visitaran a los niños. Las autoridades estadounidenses tampoco respondieron a una carta enviada previamente que solicitaba la posibilidad de entregar materiales educativos a los niños.

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The post-election fightback for human rights, is it gathering force in the USA?

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Crueldad, arrogancia y sadismo

“Hemos visto gobiernos de todo el mundo maltratando a migrantes y refugiados, pero estamos horrorizados por el nivel de crueldad, arrogancia y desprecio por los derechos humanos que muestran las autoridades de los EE.UU.”, comentó el Secretario General de la IE, David Edwards.

Varias ONG han señalado casos de niños atados, esposados, medicados y sedados a la fuerza. Existen otros casos donde a los niños se les niega la posibilidad de hacer ejercicio y todo afecto humano. Esta situación también se ve agravada por el trauma a largo plazo causado por estar separados de forma inhumana de sus padres, explicó Edwards.

“La Internacional de la Educación, como voz de los educadores y las educadoras, en tanto que profesionales que se preocupan por los niños, y como organización comprometida con los derechos humanos, condena este trato brutal e indignante de migrantes y niños y exige que se ponga inmediatamente fin a estas políticas”, añadió Edwards. “Como educadores y educadoras acogemos, desarrollamos, alentamos e inspiramos a los niños y a las niñas. Y también defendemos sus derechos”.

Nuestra vocacióm es actuar en favor de los niños y niñas
 
La presidenta de la AFT, Randi Weingarten, afirmó que “estas políticas son propias de regímenes dictatoriales y tiránicos, no de las democracias… Estas acciones violan los derechos humanos fundamentales y han causado un daño profundo y traumático. Las naciones del mundo entero deben tomar medidas contra estos actos inmorales y odiosos por parte de esta administración”.

Juan Díaz de la Torre, presidente del SNTE, quien también participó en la manifestación, afirmó que como educadores “nuestra vocación va más allá de la enseñanza en el aula. Somos hombres y mujeres dedicados a formar ciudadanos del futuro y el trato inhumano que hoy están padeciendo nuestros niños marcará de por vida su desarrollo si no actuamos de inmediato”.

Añadió que para resolver los desafíos que plantea la migración debe haber un acuerdo / proceso multilateral en el que participen todos los países que reciben o expulsan a los migrantes. Todos deben trabajar para encontrar una solución. “Puede parecer que las fronteras nos dividen, pero tenemos una vocación que nos une”.

Uruguay: PIT CNT plantea realizar una movilización “masiva” para construir “una cultura de paz”

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Un artículo de la República

PIT CNT [Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores] apunta a un paro para la tercera semana de febrero, con movilización “masiva”, donde se convocará a todas las organizaciones sociales, no solo las sindicales para hacer un llamado por la “construcción de paz, tolerancia y diálogo”, manifestó el presidente Fernando Pereira.


Fernando Pereira

Horas antes del paro de la pasada jornada que se realizó por los hechos de violencia vividos en los últimos días, dos femicidios en cuatro días del año, la muerte de un policía cuando terminaba el 2017, la brutal muerte de un taxista y el asesinato de un dirigente sindical, cosa que en el Uruguay hacía mucho tiempo que no sucedía, el presidente Fernando Pereira expresó que para la sociedad “es una jornada de luto y reflexión. “No le estamos pidiendo a los demás que reflexionen, nosotros vamos a reflexionar y nosotros estamos haciendo el luto”.

“Ante estos acontecimientos, el movimiento sindical decidió llamarse a la reflexión y llamarse al luto como respuesta inmediata”, comentó asegurando que la inmediatez del pato fue porque “era el primer día que podíamos hacerlo sin que la discusión después fuera si se estaba queriendo en realidad estirar un fin de semana largo. La respuesta que se quiso dar fue inmediata, para después canalizar otras propuestas que hay arriba de la mesa”.

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What is the role of organized labor in the peace movement?

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Entre esas medidas que señaló Pereira, indicó que la primera de ellas es convocar a la Mesa Representativa Nacional Ampliada para que esta, la primera semana de febrero, laude “una movilización para la tercera semana de ese mes”.

“Esperamos contar con las organizaciones vinculadas a los derechos humanos, al feminismo, a las distintas creencias religiosas, a todos los integrantes de la sociedad que quieran participar de un llamado masivo a la construcción de una cultura de paz, tolerancia y diálogo, con dirime las diferencias a través de la violencia”, dijo el presidente de la gremial.

Por su parte el titular recordó que hubo 33.000 denuncias de mujeres por violencia, “lo que marca un problema que tenemos como sociedad. No podemos mirar con indiferencia las cosas que están pasando, como que una maestra es goleada por una madre, o que trabajadores rurales cometan actos de violencia hacia trabajadores que reclaman derechos”.

Escrache en Rivera

Mientras iniciaba el paro general convocado por el PIT CNT, en la puerta de la empresa Viana Trasporte, donde asesinaron al sindicalista de la SUTCRA, Marcelo Silvera frente a su pareja y su hijo, decenas de personas se aproximaron a las instalaciones para hacer un escrache.

Frente a la marcha, compañeros del sindicato llevaban una pancarta que tenía la imagen dibujada de la victima, con la leyenda: “Marcelo Silvera Presente” y por debajo la firma de la coordinadora de trasporte. El asesino de Silvera cumple prisión preventiva mientras se prepara el juicio en su contra. Por ser un homicidio espacialmente agravado, quien efectuó los disparos podría recibir una pena máxima de 30 años de prisión.

El Premio Nobel encabeza una épica marcha por toda India para proteger a los niños

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Un artículo del Internacional de la educación

Cuando Kailash Satyarthi asume un compromiso, no hay manera de detenerle, lo que quedó en eviencia cuando millones de personas respondieron a su llamamiento para poner fin al abuso sexual y la trata de menores en la que fue la mayor manifestación del país.

A lo largo de este último mes los indios expresaron con sus pies su oposición al abuso cometido contra los niños recorriendo en grupos todo el país y, según las estimaciones, el número de participantes superó los 10 millones.

Lanzada por el Premio Nobel de la Paz, Kailash Satyarthi, la marcha para poner fin al abuso sexual y la trata de menores (Bhara Yatra) recorrió más de 11.000 km a través de 22 estados y territorios de la Unión del 11 de septiembre al 16 de octubre.

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Rights of the child, How can they be promoted and protected?

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“Nuestros niños no se enfrentan a un crimen ordinario. Se trata de una epidemia moral que acosa a nuestro país así como al resto del mundo. No podemos aceptarlo. Tenemos que romper nuestro silencio como nación. Tenemos que alzar la voz y mantenernos unidos como nación”, declaró Satyarthi.

Delhi fue la última etapa del camino, en donde Satyarthi habló ante miles de estudiantes por toda la ciudad, que se comprometieron a apoyar la campaña. Al final de la marcha, el Secretario General de la Internacional de la Educación, Fred van Leeuwen, un viejo amigo y simpatizante, se unió a él. Juntos, Satyarthi, van Leeuwen y Sylvia Borren crearon la Campaña Mundial por la Educación (CME).

Proteger a los niños en India es un inmenso desafío. La campaña hizo saber que cada día 40 niños son violados mientras 48 más son víctimas de abusos sexuales y cientos de miles de ellos han sido víctimas de la trata por viles razones.

La campaña centra su atención en instar al gobierno a adoptar nuevas medidas para garantizar que la seguridad de los niños sea una prioridad absoluta. Participaron juntas en la campaña personas de todos los ámbitos de la sociedad, tanto del mundo de los negocios y la política, la docencia y de grupos de mujeres, como líderes religiosos, niños y padres.

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