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El informe anual de Amnistía Internacional

La pandemia ha puesto en evidencia el terrible legado de unas políticas deliberadamente divisivas y destructivas, que perpetuaron la desigualdad, la discriminación y la opresión y prepararon el terreno para la ruina causada por la COVID-19, ha manifestado Amnistía Internacional en su informe anual, que ha publicado hoy.

Informe de Amnistía Internacional 2020/21: La situación de los derechos humanos en el mundo abarca 149 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en todo el mundo en 2020. La organización describe en él cómo los grupos que figuraban ya entre los más marginados, como las personas refugiadas y las mujeres, sufrieron las peores consecuencias de la pandemia por culpa de políticas discriminatorias aplicadas por decisión de los dirigentes mundiales durante décadas. Leer el informe completo,

El personal sanitario, los trabajadores y trabajadoras migrantes y las personas empleadas en el sector informal –en muchos casos en primera linea frente a la pandemia–, se han visto igualmente traicionados por unos sistemas de salud desatendidos y un apoyo económico y social muy desigual. La respuesta a la COVID-19 se ha visto aún más menoscabada por unos líderes que han sacado despiadadamente provecho de la crisis y utilizado la pandemia para reanudar sus ataques a los derechos humanos, afirma la organización.

“La COVID-19 ha revelado con toda crudeza y ha agravado las desigualdades existentes entre los países y dentro de ellos, y ha puesto de relieve el tremendo desprecio de nuestros dirigentes por el bien común de la humanidad. Decenios de políticas divisivas, medidas de austeridad desacertadas y decisiones oficiales de no invertir en infraestructuras públicas deterioradas han hecho que demasiadas personas sean presa fácil del virus”, ha manifestado Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional.

“Nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado.” 

El informe de Amnistía pone de manifiesto que, como consecuencia de las desigualdades generadas por un liderazgo tóxico ejercido durante decenios, la pandemia afectó de manera desproporcionada a las mujeres, las poblaciones refugiadas, las personas de edad avanzada y las minorías étnicas.

La COVID-19 empeoró la ya precaria situación de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en muchos países, dejándolas en algunos casos atrapadas en miserables campos de acogida, interrumpiendo suministros vitales o provocando controles fronterizos que dejaron a muchas abandonadas a su suerte. Por ejemplo, Uganda, el país que acogía el mayor número de personas refugiadas en África —1,4 millones— cerró inmediatamente sus fronteras al inicio de la pandemia y no hizo excepciones con las personas refugiadas y solicitantes de asilo que intentaban entrar en el país. Como consecuencia de ello, más de 10.000 personas quedaron atrapadas a lo largo de su frontera con la República Democrática del Congo.

El informe subraya el acusado aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, en el contexto del cual muchas mujeres y personas LGBTI tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo debido a las restricciones de la libertad de circulación, la falta de mecanismos confidenciales que permitieran a las víctimas denunciar la violencia mientras estaban aisladas con sus maltratadores, y la capacidad reducida o suspensión de los servicios.

Quienes trabajaban en primera línea frente a la pandemia —el personal sanitario y del sector informal— sufrieron las consecuencias de unos sistemas de salud deliberadamente desatendidos y medidas pésimas de protección social. En Bangladesh, muchas personas que trabajaban en el sector informal se quedaron sin ingresos o sin prestaciones sociales debido a los confinamientos y toques de queda. En Nicaragua, a principios de junio se despidió en sólo dos semanas al menos a 16 profesionales de la salud que habían expresado su preocupación ante la falta de equipos de protección individual y la respuesta del Estado a la pandemia. 

“Estamos cosechando los frutos de años de desatención calculada de nuestros dirigentes. En 2020, la presión excepcional de una pandemia puso definitivamente a prueba los sistemas de salud y sumió a la población en una profunda crisis económica. Los héroes de 2020 fueron los trabajadores y trabajadoras de la salud que estuvieron en primera línea salvando vidas, así como la gente que ocupaba los últimos puestos de la escala salarial y aunó esfuerzos para dar de comer a las familias y mantener activos nuestros servicios esenciales. Cruelmente, las personas que más dieron fueron las que menos protección recibieron”, ha afirmado Agnès Callamard.

Una virulenta cepa de dirigentes instrumentaliza la pandemia para continuar sus ataques a los derechos humanos

El informe describe asimismo un panorama lamentable de líderes mundiales cuya gestión de la pandemia se caracterizó por el oportunismo y un desprecio absoluto por los derechos humanos.

“Hemos visto toda clase de respuestas de nuestros dirigentes, tanto mediocres como engañosas, egoístas y falaces. Algunos han intentado normalizar las autoritarias medidas de emergencia que han adoptado para combatir la COVID-19, mientras que una cepa especialmente virulenta de líderes han ido aún más allá y han visto en la pandemia una oportunidad para afianzar su poder. En lugar de apoyar y proteger a la población, se han limitado a instrumentalizar la pandemia para socavar gravemente sus derechos”, ha afirmado Agnès Callamard.

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What is the state of human rights in the world today?

La aprobación de leyes para penalizar los comentarios relacionados con la pandemia ha sido un patrón dominante. En Hungría, por ejemplo, el gobierno del primer ministro Viktor Orbán reformó el Código Penal del país para introducir penas de hasta cinco años de prisión por “difundir información falsa” sobre la COVID-19.

En varios Estados del Golfo —Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán—, las autoridades usaron la pandemia de COVID-19 como pretexto para seguir reprimiendo el derecho a la libertad de expresión, con medidas como procesar a personas por difundir “noticias falsas” debido a comentarios que habían publicado en redes sociales sobre las respuestas del gobierno a la pandemia.

Otros dirigentes han recurrido al uso excesivo de la fuerza. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte dijo que había ordenado a la policía “disparar a matar” contra quienes protestaran o pudieran causar “problemas” durante las medidas de confinamiento. En Nigeria, la brutalidad de las fuerzas de seguridad mató a personas por protestar en la calle, reivindicar sus derechos y exigir rendición de cuentas. En Brasil aumentó la violencia policial durante la pandemia de COVID-19 con el gobierno del presidente Bolsonaro. La policía mató al menos a 3.181 personas en todo el país de enero a junio, una media de 17 al día.

Algunos líderes fueron aún más lejos y utilizaron la pandemia para desviar la atención mientras reprimían las críticas no relacionadas con el virus y a quienes las hacían, y cometían otras violaciones de derechos humanos aprovechando que los medios de comunicación del mundo tenían la vista puesta en otros asuntos. Por ejemplo, en India, el primer ministro Narendra Modi reprimió aún más el activismo de la sociedad civil, con medidas antiterroristas como irrumpir en hogares y oficinas.

Mientras, el gobierno chino del presidente Xi Jinping no cejó en su persecución del pueblo uigur y otras minorías musulmanas en Sinkiang, y en Hong Kong se aprobó una abusiva ley de seguridad nacional para legitimar la represión por motivos políticos.

“Las instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional y los mecanismos de derechos humanos de la ONU, están ahí para obligar a rendir cuentas a los perpetradores, ya sean individuos concretos o Estados. Tristemente, 2020 demostró que están atrapadas en un estancamiento político causado por líderes que intentan menoscabar las respuestas colectivas a las violaciones de derechos humanos y sacar provecho de ellas”, ha afirmado Agnès Callamard.

Los intereses nacionales han prevalecido sobre la cooperación internacional en la respuesta a la COVID-19

Los dirigentes mundiales también han hecho estragos en la escena internacional dificultando los esfuerzos colectivos de recuperación al bloquear o debilitar la cooperación internacional.

Son ejemplos de ello:

Los dirigentes de países ricos, como el expresidente Trump, que eludieron las iniciativas de cooperación global y adquirieron la mayor parte de los suministros mundiales de vacunas, dejando prácticamente sin ellos a otros países. Estos países ricos, además, no presionaron a las empresas farmacéuticas para que compartieran sus conocimientos y tecnología a fin de extender a todo el mundo el suministro de vacunas contra la COVID-19.

El gobierno de Xi Jinping, que censuró y persiguió a personal sanitario y a periodistas que ya al principio intentaron dar la voz de alarma sobre el virus en China, y con ello impidió que se conociera una información fundamental.
El G-20, que propuso suspender los pagos de deuda a los países más pobres para reclamarlos posteriormente con intereses.

“La pandemia ha puesto en evidencia una cruda realidad: la incapacidad del mundo para cooperar eficazmente en momentos de necesidad global extrema”, ha declarado Agnès Callamard. 

“La única salida posible de esta desastrosa situación es la cooperación internacional. Los Estados deben garantizar la rápida disponibilidad de vacunas para todas las personas, en todas partes, y que sean gratuitas en el lugar donde se administren. Las empresas farmacéuticas deben compartir sus conocimientos y tecnología para que nadie se quede atrás. Y los miembros del G-20 y las instituciones financieras internacionales deben aliviar la deuda de los 77 países más pobres del mundo para que puedan combatir la pandemia y recuperarse de ella.”

Surgen en todo el mundo movimientos de protesta de una población defraudada por sus gobiernos

Las políticas regresivas adoptadas han impulsado a mucha gente a sumarse a movimientos de lucha consolidados, como las manifestaciones de Black Lives Matter en Estados Unidos y las protestas de #End SARS en Nigeria, o a nuevas y creativas formas de protesta, como las huelgas virtuales por el clima.

En el informe se describen con detalle numerosas victorias conseguidas por el activismo de derechos humanos en 2020, sobre todo en materia de violencia de género.

Por ejemplo, en Corea del Sur, Kuwait y Sudán se aprobó legislación para combatir la violencia contra mujeres y niñas, y en Argentina, Corea del Sur e Irlanda del Norte se despenalizó el aborto.

“En 2020, el liderazgo no surgió del poder, los privilegios ni el dinero, sino de las innumerables personas que se manifestaron para reivindicar cambios. Vimos enormes muestras de apoyo a los movimientos #End SARS y Black Lives Matter, así como protestas públicas contra la represión y la desigualdad en lugares de todo el mundo, como Chile, Hong Kong, Irak y Polonia. Fue el liderazgo de la gente corriente y de quienes defendían los derechos humanos en todo el mundo, a menudo arriesgando su seguridad, lo que nos impulsó a actuar. Y esas son las personas que están en primera línea de la lucha por un mundo mejor, más seguro y más igualitario”, ha afirmado Agnès Callamard. 

“Nos encontramos en una encrucijada. Debemos romper las ataduras que degradan la dignidad humana. Debemos pulsar el botón de reinicio para construir un mundo basado en la igualdad, los derechos humanos y la humanidad. Debemos aprender de la pandemia y aunar esfuerzos con valentía y creatividad para conseguir que todas las personas sean tratadas en pie de igualdad.”

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Un artículo de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha lanzado Academia de Amnistía, aplicación gratuita de aprendizaje de derechos humanos, que tiene por objeto impartir a la próxima generación de defensores y defensoras de los derechos humanos educación sobre un conjunto de temas entre los que figuran la libertad de expresión, la seguridad digital y los derechos de los pueblos indígenas.

Contiene cursos de entre 15 minutos y 15 horas, a los que podrán acceder personas de todo mundo, pues se imparten en más de 20 idiomas, entre ellos el urdu, el bengalí, el húngaro, el coreano, el ruso, el tailandés, el checo y el turco. La aplicación, disponible para dispositivos iOS y Android, permite descargarse todos los cursos para hacer el aprendizaje sin necesidad de conectarse a Internet.

“Esta aplicación se ha concebido con el fin de que cualquier persona, viva donde viva, pueda adquirir conocimientos sobre los derechos humanos y de animarla a hacerlo. Compartir el conocimiento es una manera esencial de defender nuestros propios derechos y los de las demás personas, así como de luchar por la justicia y la igualdad en todo el mundo”, ha manifestado Julie Verhaar, secretaria general en funciones de Amnistía Internacional.

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How can more people be trained to know and claim their human rights?

Una de las principales características de Academia de Amnistía es la aplicación de un enfoque flexible y personalizado del aprendizaje, que permite comenzar los cursos cómo y cuándo se desee. Las personas que hagan algunos de los cursos más largos recibirán un certificado oficial de finalización del curso, firmado por la secretaria general de Amnistía Internacional.

Los cursos disponibles en Academia de Amnistía se han preparado y perfeccionado a lo largo de los tres últimos años en el marco del sitio web de aprendizaje de derechos humanos. Ahora se han mejorado también para poder realizarlos a través del teléfono móvil, para hacer así que el aprendizaje de los derechos humanos sea más accesible aún.

“La educación en derechos humanos es la base del trabajo de Amnistía. Nuestro objetivo general es garantizar que, en todo el mundo, las personas conozcan sus derechos humanos y puedan reclamarlos. La aplicación Academia de Amnistía nos ayuda a alcanzar este objetivo por medio de una plataforma sencilla y accesible, que permite a millones de personas recibir educación en derechos humanos de calidad”, ha afirmado Krittika Vishwanath, directora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Academia de Amnistía se actualizará periódicamente para facilitar el aprendizaje en muchos más idiomas y con nuevos cursos que se irán ofreciendo en los meses venideros y a lo largo de los próximos años.

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Un artículo de Amnestía Internacional (Reproducido según una licencia 4.0 de Creative Commons, atribución, no comercial, sin obra derivada, internacional).

El trato inhumano que reciben las personas refugiadas y migrantes amenaza con detener los avances que se están realizando para responder a la COVID-19, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, a la vez que ha advertido de que los campos de acogida y centros de detención superpoblados se convertirán en nuevos focos si no se toman medidas con urgencia. La organización ha afirmado que las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad han agravado las ya terribles condiciones existentes, dejando expuestas a millones de personas a pasar hambre y contraer enfermedades.

La organización pide una acción mundial concertada para proporcionar a centenares de miles de personas en movimiento acceso adecuado a alimentos, agua, saneamiento y atención de la salud a fin de garantizar su supervivencia mientras los países se preparan para salir del confinamiento.

“Es imposible contener eficazmente el virus cuando en todo el mundo hay tantas personas que viven

en campos de acogida y centros de detención donde las condiciones de hacinamiento y falta de higiene son desesperadas. En un momento en que la necesidad de compasión y cooperación es mayor que nunca, lo que han hecho algunos gobiernos ha sido intensificar la discriminación y los abusos, con medidas como impedir los envíos de alimentos y agua y encerrar a personas o devolverlas a situaciones de guerra y persecución”, ha afirmado Iain Byrne, director del Equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional.

“En muchos campos se observa ya que la muerte por hambre es una amenaza mayor que el propio virus. Este hecho indica que se está eludiendo de manera horrible la responsabilidad colectiva de proteger a las personas refugiadas y migrantes, por lo que instamos a los Estados a tomar de inmediato medidas para prevenir que la situación degenere en una catástrofe para los derechos humanos.”

Muchos gobiernos han aplicado medidas basadas en la discriminación y la xenofobia, que dejan a las personas refugiadas expuestas a sufrir hambre y enfermedades.

Por ejemplo, en el campo de Vucjuk de Bosnia, las autoridades locales han cortado deliberadamente el suministro de agua para forzar la reubicación de quienes viven en él. La situación económica de muchas personas refugiadas es muy precaria, y las medidas de confinamiento y toque de queda hacen que les cueste más que nunca ganarse la vida. En el campo de Zaatari de Jordania, el confinamiento impide por completo a la gente trabajar, lo que supone que no hay comida ni ingresos para satisfacer siquiera las necesidades básicas. En abril, las personas residentes en campos improvisados en los asentamientos de Calais, en Francia, no recibían los envíos necesarios de alimentos y agua debido al confinamiento, y las restricciones de la movilidad les impedían comprar ellas mismas lo que necesitaban, incluso si tenían dinero para pagarlo.

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How can we work together to overcome this medical and economic crisis?

Muchos gobiernos han continuado deteniendo innecesariamente a solicitantes de asilo, con el consiguiente riesgo de que contraigan el virus. No hay tests ni equipos de protección suficientes para el personal de los centros de detención y las personas recluidas en ellos, con lo que se corre el riesgo de que estallen las enfermedades y las muertes. Las personas recluidas en centros de detención de Australia  piden que se las deje en libertad, porque temen que el personal al que no se han proporcionados equipos de protección personal lleve el virus a ellos sin darse cuenta.

Otros gobiernos han violado el derecho internacional obligando a personas a regresar a situaciones de peligro con el pretexto de contener la propagación de la COVID-19.

Aplicando el programa oportunista y antimigración existente, entre el 20 de marzo y el 8 de abril Estados Unidos rechazó a 10.000 personas  menos de horas después de que llegaran a territorio estadounidense. Asimismo, Malasia rechazó un barco de personas rohinyás que buscaban seguridad, y aunque Bangladesh le permitió al final atracar, al menos 30 personas murieron, según informes, en los dos meses en que el barco estuvo a la deriva. Se sabe que en este momento hay varios centenares de personas que necesitan con urgencia la asistencia de operaciones de búsqueda y salvamento.

Obligar a las personas a regresar a países donde hay razones para creer que pueden sufrir persecución y tortura y otros tratos crueles o degradantes constituye devolución (refoulement), que es ilegal según el derecho internacional. No hay circunstancia alguna en que el principio de no devolución no sea aplicable.

Amnistía Internacional insta a los gobiernos a:

* Garantizar suministros de alimentos y agua suficientes y servicios adecuados de salud a los campos y poner a la gente en cuarenten

* Considerar la posibilidad de regularizar temporalmente a todas las personas migrantes, cualquiera que sea la documentación de que dispongan; garantizar que los paquetes de estímulo económico y protección se aplican a las personas solicitantes de asilo y refugiadas, y continuar permitiendo el reasentamiento cuando sea posible

* Descongestionar los campos de acogida, centros de detención de migrantes y asentamientos informales y realojar a sus residentes en condiciones dignas e higiénicas y con acceso adecuado a servicios de salud, alimentos y agua. Dejar en libertad a las personas detenidas por motivos de inmigración si no puede garantizarse su derecho a la salud durante la detención

* Hacer valer el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución (non-refoulement).

“Los gobiernos no dejan de decir que esta pandemia afecta a todas las personas por igual. Si es así, deben redoblar sus esfuerzos por proteger a los millones de personas de todo el mundo que están sufriendo la pandemia lejos de sus hogares y sus seres queridos”, ha afirmado Iain Byrne.

“Cualquier gobierno que permita que las personas refugiadas mueran de hambre o sed durante el confinamiento habrá actuado terriblemente mal frente a esta crisis.”

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Un artículo de Amnistía Internacional (Reproducido según una licencia 4.0 de Creative Commons, atribución, no comercial, sin obra derivada, internacional).

Las decisiones que adopten los gobiernos sobre cómo responder a la pandemia COVID-19 repercutirán en los derechos humanos de millones de personas.

Amnistía Internacional está siguiendo atentamente las respuestas de los gobiernos a la crisis. Son tiempos extraordinarios, pero es importante recordar que el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable. De hecho, nos ayudará a superarlo juntos.

A continuación repasamos brevemente cómo los derechos humanos pueden ayudar a protegernos y las obligaciones de los gobiernos en relación con la pandemia.

El derecho a la salud

La mayoría de los Estados han ratificado al menos un tratado de derechos humanos que obliga a garantizar el derecho a la salud. Esto significa, entre otras cosas, que tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades.

En el contexto de la propagación de una epidemia, esto significa garantizar asistencia preventiva así como bienes y servicios a disposición de todas las personas.

En Hong Kong, uno de los primeros lugares afectados por la COVID-19, una ONG local señaló que casi el 70% de las familias con ingresos bajos no podía permitirse el equipo de protección que el gobierno estaba recomendando, que incluía mascarillas y desinfectante. Si los Estados apoyan el uso de tales artículos, deben asegurarse de que todo el mundo puede acceder a ellos.

Acceso a la información

Este es un aspecto fundamental del derecho a la salud, pero ya hemos visto a gobiernos que no lo respetan.

En diciembre de 2019, personal médico de Wuhan (China), donde se informó por primera vez del virus, compartió con colegas sus temores relacionados con pacientes que presentaban síntomas respiratorios. Las autoridades locales silenciaron y amonestaron de inmediato a estos profesionales por “difundir rumores”.

Mientras, en la región de Jammu y Cachemira, las autoridades han ordenado prorrogar la restricción de los servicios de Internet, pese al número creciente de casos. Como consecuencia, acceder a información vital sobre la incidencia y propagación del virus, y cómo protegerse, es sumamente difícil.

Toda persona tiene derecho a ser informada del peligro que la COVID-19 representa para su salud, las medidas para mitigar los riesgos y los esfuerzos en curso para combatirla. No garantizarlo debilita la respuesta de los servicios de salud pública y pone en riesgo la salud de todo el mundo.

Derecho al trabajo y derechos laborales

Las personas con trabajos precarios están sufriendo de manera desproporcionada las consecuencias de la pandemia, que ya empieza a afectar gravemente a la población y la economía. La población trabajadora migrante y quienes trabajan en la economía bajo demanda (“gig”) y en el sector informal tienen más probabilidades de que la COVID-19 y las medidas adoptadas para controlarla afecten negativamente a su derecho al trabajo y sus derechos laborales.

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Los Estados deben garantizar el acceso a la seguridad social —incluidas prestaciones por enfermedad, bajas parentales y asistencia médica— de todas las personas que no puedan ejercer su trabajo debido al virus. Esto también es fundamental para que la población se ciña a las medidas de salud pública adoptadas por los Estados.

Las personas que trabajan en los servicios de salud están en primera línea frente a esta pandemia, ya que siguen prestando servicios a pesar de los riesgos personales para ellas y sus familias, y los gobiernos deben ofrecerles protección. Entre otras cosas, deben facilitar equipos de protección individual adecuados y de buena calidad así como información, formación y apoyo psicosocial a todo el personal que está respondiendo a la crisis. Personas que desempeñan otros trabajos, como el personal de prisiones, también corren mayor riesgo de exposición y deben ser protegidas.

Impacto desproporcionado en determinados grupos

Cualquiera puede contraer COVID-19, pero hay determinados grupos en los que el riesgo de enfermedad grave y muerte parece mayor. Uno es el de las personas de avanzada edad y aquellas con problemas médicos preexistentes. También es probable que los grupos marginados, como las personas que viven en la pobreza, las personas con discapacidad y las personas detenidas —incluidas migrantes y solicitantes de asilo—, tengan dificultades añadidas para protegerse y para acceder a tratamiento.

Por ejemplo, las personas sin hogar tendrán más dificultades para aislarse, y quienes no tengan acceso a unas condiciones adecuadas de saneamiento correrán mayor riesgo de infectarse con el virus.

A la hora de elaborar estrategias de respuesta a la COVID-19, los Estados deben asegurarse de tener plenamente en cuenta las necesidades y experiencias de grupos específicos.

Estigma y discriminación

Según información publicada en medios de comunicación, las personas procedentes de Wuhan han sufrido discriminación y acoso generalizados en China, como ser expulsadas de hoteles, quedar atrapadas en sus viviendas por barricadas y ver sus datos personales filtrados en Internet.

También ha habido informes generalizados de xenofobia antichina o antiasiática en otros países; el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado reiteradamente “virus chino” al causante de la COVID-19. En Londres, un estudiante de Singapur sufrió una brutal paliza en un ataque agravado por la motivación racista. No hay excusa para el racismo o la discriminación. Los gobiernos del mundo deben adoptar un enfoque de tolerancia cero ante los ataques racistas contra cualquier persona.

El presidente Trump ha aprovechado la pandemia para justificar políticas racistas y discriminatorias y, según informes, planea una prohibición general del paso desde México a las personas solicitantes de asilo.

Prohibir tan drásticamente el asilo sería contrario a las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales del Estado y sólo serviría para demonizar a las personas que buscan seguridad. Una prohibición similar impuesta en 2018 ha sido declarada rápidamente ilegal por todos los tribunales que la han examinado.

Más aún, durante una crisis de salud pública, los gobiernos deben actuar  para proteger la salud de todas las personas y para garantizar su acceso a atención y seguridad, y sin sufrir discriminación. Esto incluye a las personas en movimiento, con independencia de su condición de migrantes.

El mundo sólo podrá luchar contra este brote mediante la solidaridad y la cooperación más allá de las fronteras. La COVID-19 debe unirnos, no dividirnos.

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Un artículo de Amnistía Internacional

Mujeres activistas de todo el mundo han estado en la vanguardia de la batalla por los derechos humanos en 2018; así lo ha manifestado Amnistía Internacional en la presentación de su resumen de la situación los derechos humanos a lo largo del año.

Photo copyright REUTERS/Vincent West

Además, la organización de derechos humanos ha advertido de que los actos de esos dirigentes mundiales “de mano dura” que están impulsando políticas misóginas, xenófobas y homófobas han vuelto a poner en peligro derechos y libertades reconocidos hace mucho tiempo.

“En 2018 hemos visto a muchos de estos líderes que se autocalifican de “duros” tratando de menoscabar el principio mismo de la igualdad, que es la piedra angular del derecho de los derechos humanos. Piensan que sus políticas los hacen duros, pero son poco más que tácticas intimidatorias dirigidas a demonizar y perseguir a comunidades ya marginadas y vulnerables”, ha declarado Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.

“Sin embargo, las mujeres activistas son las que este año han ofrecido la visión más potente de cómo combatir a estos dirigentes represivos.”

Las conclusiones se publican en Derechos Hoy, un importante resumen que analiza la situación de los derechos humanos en siete regiones del mundo: África, las Américas, Asia Oriental, Europa y Asia Central, Oriente Medio y el Norte de África, Asia Meridional y el Sureste Asiático. Su presentación conmemora el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la primera carta de derechos fundamentales de alcance global, adoptada en 1948 por los gobiernos del mundo.

2018: El levantamiento de las mujeres

No debe subestimarse el poder incipiente de la voz de las mujeres; así se afirma en el resumen. Aunque los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres ya estuvieran consolidados, las mujeres activistas han dominado los principales titulares relacionados con derechos humanos en 2018. Grupos liderados por mujeres, como el movimiento latinoamericano “Ni una menos”, han impulsado movimientos multitudinarios sobre asuntos relacionados con los derechos de las mujeres en una escala sin precedentes.

En India y Sudáfrica, miles de mujeres tomaron las calles para protestar contra la violencia sexual endémica. En Arabia Saudí e Irán, respectivamente, mujeres activistas se arriesgaron a ser detenidas por oponerse a la prohibición de conducir vehículos y al uso obligatorio del hiyab. En Argentina, Irlanda y Polonia, muchísimas mujeres se manifestaron para exigir el fin de la opresiva legislación sobre el aborto. En Estados Unidos, Europa y partes de Asia, millones se sumaron a la segunda marcha de mujeres convocada por el movimiento #MeToo / #YoTambién para reclamar el fin de la misoginia y los abusos.

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No obstante, el informe señala que no podemos celebrar el “tremendo auge del activismo de las mujeres” sin abordar lo que ha impulsado a tantas a movilizarse para reivindicar un cambio.

“Los derechos de las mujeres son sistemáticamente colocados en un segundo plano con respecto a otros derechos y libertades por unos gobiernos que piensan que pueden limitarse a apoyarlos de palabra y, en la práctica, hacer muy poco para proteger los derechos de la mitad de la población”, ha afirmado Kumi Naidoo.

Derechos Hoy señala un conjunto creciente de políticas y leyes destinadas a subyugar y controlar a las mujeres, sobre todo en materia de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, legisladores polacos y guatemaltecos han propugnado el endurecimiento de las leyes sobre el aborto, mientras que, en Estados Unidos, los recortes de los fondos destinados a clínicas de planificación familiar han puesto en peligro la salud de millones de mujeres.

Mujeres activistas han arriesgado su vida y su libertad para poner el foco sobre injusticias relacionadas con derechos humanos. Como Ahed Tamimi, activista palestina adolescente a quien encarcelaron injustamente por atreverse a alzar la voz en defensa de su pueblo; Loujain al Hathloul, Iman al Nafjan y Aziza al Yousef, tres activistas actualmente en detención en Arabia Saudí por hacer campaña en favor de los derechos de las mujeres; y Marielle Franco, brutalmente asesinada en Brasil este mismo año por luchar sin miedo en defensa de los derechos humanos.

2019: Un año decisivo para dar un giro a los derechos de las mujeres

Kumi Naidoo ha señalado que el aniversario de la declaración internacional de derechos fundamentales de las mujeres en 2019 —la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer— será un hito importante que el mundo no puede permitirse ignorar.

La Convención, que el año que viene cumplirá 40 años, ha sido ampliamente adoptada. Sin embargo, muchos gobiernos la han adoptado con la condición de poder rechazar importantes disposiciones destinadas a garantizar libertades de las mujeres, como la de promover una política nacional dirigida a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica, y la de comprometerse a erradicar la discriminación de las mujeres en el matrimonio y las relaciones familiares.

Amnistía Internacional ha instado a los gobiernos a tomar medidas que garanticen el respeto de los derechos de las mujeres, que incluirían no sólo comprometerse con las normas internacionales, sino también reformar las leyes nacionales lesivas y adoptar medidas proactivas para empoderar a las mujeres y proteger sus derechos.

“El hecho de que tantos países hayan aceptado sólo parcialmente la declaración internacional de derechos fundamentales de las mujeres es la demostración de que muchos gobiernos creen que proteger los derechos de las mujeres no es más que una operación cosmética para hacerles parecer buenos, y no un asunto urgente que deben abordar con carácter prioritario”, ha dicho Kumi Naidoo.

“En todo el mundo, las mujeres, por término medio, ganan mucho menos que los hombres en los mismos puestos, tienen un grado de estabilidad laboral muy inferior, encuentran impedimentos para acceder a la representación política por parte de quienes ejercen el poder y se enfrentan a una violencia sexual endémica que los gobiernos siguen pasando por alto. Debemos preguntarnos la razón de que esto ocurra.
Si viviéramos en un mundo en el que las víctimas de esta clase de persecución fueran los hombres, ¿se permitiría que continuara esta injusticia?

“Debo reconocer que Amnistía Internacional puede y debe hacer más en relación con los derechos de las mujeres. Cuando estamos a punto de entrar en 2019, pienso que ahora más que nunca debemos mantenernos firmes al lado de los movimientos de mujeres, amplificar sus voces en toda su diversidad y luchar por el reconocimiento de todos nuestros derechos.”

(Gracias a Janet Hudgins, la reportera de CPNN por este artículo).