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por Sergio Aguayo
¿Quién gana y quien pierde en las guerras del narco? ¿Cómo lograr una convergencia de Estado y sociedad en torno a un proyecto común para la construcción de la paz?
Entre el 20 y el 22 de junio, académicos mexicanos y extranjeros, líderes sociales, víctimas, funcionarios y senadores discutimos la situación de la violencia y la paz en diez estados de la República. El evento, coordinado por Froylán Enciso para el Seminario Violencia y Paz de El Colegio de México, fue patrocinado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de República y la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR (programa: violenciaypaz.colmex.mx/).
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Una paradoja. El Estado gana la guerra, pero la delincuencia organizada prospera y la sociedad paga las facturas. Las fuerzas federales fragmentan a los carteles al encarcelar o eliminar a los grandes capos pero la violencia no termina; se reduce aquí para reaparecer allá y regresar después al lugar de origen. En esos tránsitos proliferan los minicarteles sedientos de riqueza y poder.
En el encuentro se reconoció la enormidad del gasto estatal dedicado a la prevención de la violencia y la regeneración del tejido social. Hubo consenso sobre los magros resultados atribuibles al desperdicio, la desorganización y la poca continuidad. En suma, el Estado sabe cómo fragmentar carteles pero carece de estrategia para construir la paz.
La pasividad es un mito. En las entidades revisadas la sociedad resiste. Incluso en entidades tan devastadas como Tamaulipas hay víctimas, líderes cívicos, académicos, religiosos y grupos sociales documentando los saldos de la barbarie y llevando esperanza a la población afectada. Es igualmente constante el interés de ciudadanos e instituciones de otros países; las guerras del narco están internacionalizadas.
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Question related to this article:
Is there progress towards a culture of peace in Mexico?
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Un saldo en contra es la atomización y aislamiento de la resistencia; el centralismo sigue pesando tanto tiene como las distancias geográficas. Como la Ciudad de México ha sido poco afectada por la violencia criminal, evade y pone distancia de la violencia que asola porciones del territorio. Otro problema son las diferencias entre académicos y activistas; se airearon en comidas privadas pero expresan la falta de una cultura de paz común.
El tema más rocoso y complicado fue, es y será la relación entre Estado y sociedad organizada. La evidencia confirma que una fórmula tras el éxito es la colaboración Estado-sociedad. Los obstáculos en México son enormes porque quienes tienen jerarquía y presupuesto ven con desconfianza a los académicos y activistas demasiado independientes que, por su parte, recelan de los funcionarios.
Había preocupación por el tercer día de actividades que organizó el Instituto Belisario Domínguez en el Senado de la República. Para esa jornada, diez líderes sociales (algunos de ellos víctimas) habían sido acompañados por estudiantes (la mayoría de El Colegio de México) que les ayudaron a sistematizar sus experiencias para presentarlas ante los senadores dispuestos a escuchar los testimonios. Los reproches fueron comedidos, las respuestas mesuradas. Faltaron los acuerdos concretos porque se necesita mucho más para demoler las murallas que separan a sociedad y Estado. Es enorme el sendero que debemos recorrer para generar empatía.
El Seminario iluminó las retos que plantean las guerras del narco: 1) debemos mejorar nuestra comprensión de las dinámicas que tiene a violencia criminal y la resistencia social en cada entidad; 2) tenemos que reducir los obstáculos a la comunicación y colaboración entre académicos y activistas; 3) es urgente incorporar mejor la solidaridad internacional y, 4) es indispensable lograr que el Estado arme su estrategia bélica teniendo como prioridad la seguridad ciudadana. Es un error fragmentar carteles olvidándose de las víctimas.
La ruta más promisoria es la formulación de una cultura de paz aceptable para víctimas, activistas, académicos y funcionarios. En las condiciones mexicanas la iniciativa tendrá que venir de la sociedad organizada y en particular de las universidades que, por ahora, son el espacio de convergencia más lógico y natural entre los diversos. No asumirlo abre los resquicios en los cuales prospera el crimen organizado.
(Gracias a Roberto Mercadillo que envió este a CPNN)