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Un artículo de Occicente

Generar una cultura de paz, de conciliación, de erradicación de la violencia, propiciar por el respeto a los Derechos Humanos y avanzar en la erradicación de cultivos ilícitos es el reto que se ha trazado la Secretaría de Paz del Valle del Cauca.             

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Por eso hace presencia en sectores donde hay conflictos como Buenaventura, Florida y Pradera y este 2021 impulsarán cuatro proyectos productivos con asociaciones de jóvenes en el sector de Llano Verde en Cali donde recientemente hubo una masacre.

El secretario de Paz del Valle Orlando Riascos, quien dialogó con el Diario Occidente destacó además la importancia de que el gobierno nacional implemente los acuerdos de paz en el Valle del Cauca:

¿Qué proyectos tiene la Secretaría de Paz del Valle del Cauca para el 2021?

Continuaremos garantizando el funcionamiento de la Mesa Departamental de Paz y las diferentes instancias, tenemos proyectos productivos para las diferentes comunidades, lo que se llaman territorios productivos de paz, proyectos para los reincorporados, para las víctimas del conflicto armado, seguir trabajando en la ayuda humanitaria que se requiere.

¿Qué proyectos productivos van a impulsar?

Vamos a impulsar cuatro proyectos en Llano Verde donde hubo un asesinato de jóvenes, nos hemos comunicado con asociaciones de jóvenes y vamos a invertir. Igualmente en Dagua, Cartago, Sevilla tendremos proyectos productivos donde la gente tiene un recurso, una empresa innovadora y nosotros entregamos recursos y capacitación técnica para que tengan posibilidad de ser autónomos en la generación de empleo.

¿Y con el gobierno nacional?


Nos interesa que los acuerdos de paz se implementen en el Valle del Cauca y eso involucra el tema de los planes de desarrollo para los diferentes sectores de Florida, de Pradera y de Buenaventura. Necesitamos que el sector privado haga mayor presencia, hay posibilidades de hacer en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado Zomac donde ellos pueden invertir sus recursos y quieren construir obras por impuestos. Con el gobierno nacional venimos trabajando el tema de los cultivos ilícitos en un programa Hecho a la medida estamos trabajando para que en Jamundí y en Florida se puedan erradicar cultivos y lograr la paz en los territorios.

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What is happening in Colombia, Is peace possible?

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¿Hay sectores difíciles en el tema de la paz en el departamento?


Sí… el conflicto armado en el Valle del Cauca no es lo mismo hoy que en el Cauca o Nariño, hay una disminución del conflicto armado afortunadamente pero tenemos presencia de grupos irregulares en el cañón de Garrapatas, en la zona de Pradera y Florida, en Buenaventura, Jamundí, debido al tema de las drogas que es complicado. El año pasado tuvimos en el Valle del Cauca 2.329 hectáreas sembradas de coca y eso es insumo para el conflicto armado y lo que queremos es que los gobiernos nacional, departamental y municipales hagan presencia en los territorios para poder buscar políticas de alivios sociales a estos sectores .

¿Qué lectura hace de lo que ocurre en Buenaventura?


Hay que garantizar el principio de la autoridad, no se pueden aceptar grupos ilegales, grupos del narcotráfico que estén instigando a la comunidad, tiene que ser una presencia muy fuerte del Estado, pero no basta sólo eso, tiene que haber una gran presencia interinstitucional de los gobiernos nacional, departamental y el distrito de Buenaventura para implementar una política que tenga que ver con etnoeducación, con el tema social, el empleo y el agua, satisfacer esas necesidades sociales que tiene Buenaventura, porque a medida que el Estado no actúe da pie a que la gente esté dispuesta a aceptar las propuestas de sectores de narcotráfico y grupos ilegales. Hay que hacer una fuerte presencia militar pero también social, como dice la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán una estrategia de articulación con la comunidad.

¿Cómo está la situación de los líderes sociales en el Valle?


Es grave que se siga amenazando y asesinando a los líderes sociales, que se sigan intimidando, es un tema que hablamos a instancias de la gobernadora en el pasado Consejo Departamental de Paz para mirar su situación. Se han hecho consejos de seguridad, hay Comité Departamental de Derechos Humanos, nosotros tenemos un subcomité de Derechos Humanos y estamos tratando esos asuntos, hemos hecho una ruta con ellos con la Unidad Nacional de Protección, con la policía, con las diferentes instituciones para atenderlos.
Territorios de paz

¿Qué programas viene implementando la Secretaría de Paz del Valle?


El Valle del Cauca en su plan de desarrollo contempla construir territorios de paz y está en el modelo de paz territorial que hemos implantado y aquí se trata fundamentalmente de beneficiar a las familias víctimas del conflicto armado que en el departamento son más de 500 mil y a la población reincorporada que es la que hizo los acuerdos de paz y la que ha hecho acuerdos individuales. Trabajamos porque se aplique la Ley 14 48 para todo el tema de reparación, satisfacción de las víctimas del conflicto armado y generar proyectos productivos para los reincorporados en el Valle del Cauca. El año pasado la gobernadora hizo un pacto poblacional de las víctimas del conflicto armado donde hay una inversión en el cuatrienio de más de $88 mil millones para esta población y para los reincorporados una inversión de más de $1.650 millones en proyectos productivos, en asistencia técnica en articulación con los municipios para que implementen esas políticas que tiene la Secretaría de Paz

¿Ha afectado la pandemia estos programas de paz?


Sí ha afectado mucho porque hay un aislamiento de la comunidad, de los sectores sociales por el tema del desempleo, del hambre que se presenta en algunos sectores y lo que hacemos es una ayuda humanitaria que hacemos por intermedio del gobierno nacional con la Unidad de Víctimas, con recursos que coloca la Gobernación del Valle del Cauca, con las alcaldías, y tratar de superar el problema de las comunicaciones por intermedio de las redes para seguir actuando con la comunidad dado que se dificulta el contacto permanente.

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Un articulo de El Pais-Costa Rica

Palabras en la actividad «Adiós a las armas. Países sin ejército permanente.
Seminario web en ocasión del 72 aniversario de la abolición del ejército en Costa Rica»,
Centro Nacional Australiano de Estudios Latinoamericanos,
Universidad Nacional de Australia, Canberra, 1.° de diciembre de 2020.            

El historial de 72 años sin un ejército permanente en Costa Rica, demuestra de manera fehaciente que es posible y positivo organizar un Estado sobre los principios de la confianza mutua, la paz y la no violencia. Aún más, es prueba coherente de que los estamentos militares, el dispendio en armamentismo y las guerras de agresión son incompatibles con la construcción de una cultura de paz. Las naciones pueden gozar de seguridad interna y defensa externa garantizadas por las instituciones de la democracia, el imperio del derecho internacional y los organismos multilaterales. La decisión de abolir el ejército es un acto de sensatez, de enaltecimiento civilizador y una apuesta al sentido común de cooperación humana.

Al traspasar el cuartel Bella Vista al Ministerio de Educación para el Museo Nacional, el estadista José Figueres dijo el 1.° de diciembre de 1948: «Somos sostenedores del ideal de un nuevo mundo en América. A esa patria de Washington, Lincoln, Bolívar y Martí, queremos hoy decirle: ¡Oh, América! Otros pueblos te ofrendan sus grandezas. La pequeña Costa Rica desea ofrecerte su amor a la civilidad, a la democracia».

Ese día luminoso se hicieron realidad ideales largamente anhelados. Cuatro años después de lograr la independencia de Imperio Colonial Español, el primer Jefe de Estado Juan Mora Fernández advertía en 1825: «La fuerza pública –que en otros Estados es un elemento indispensable del Gobierno– a veces ha sido un instrumento ominoso de tiranía, una fuente oscura de anarquía y desorden, o una plaga que ha devorado a los hombres y sus propiedades. Nuestro Estado se apoya en el libre consentimiento de sus hijos. Nuestra milicia está compuesta de ciudadanos honestos, labradores pacíficos, artesanos y trabajadores dedicados honesta y constantemente a sus tareas particulares… quienes no tienen otra aspiración que cumplir con sus deberes domésticos y defender al Estado cuando la autoridad los llame». Y en 1891, el dirigente del liberalismo radical Félix Arcadio Montero propuso: «No habrá ejército permanente, cuando reina la paz. Para mantener el orden y velar por la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, se establece la institución de la policía».

Aquel pueblo rural de 825 000 habitantes, auténtica república del café cultivado sobre las empinadas serranías del centro del país –donde la frecuencia de los obstáculos obliga a no apartar los ojos del camino y a mantener el pie siempre firme–, escogió el derrotero del trabajo y la paz. Así se hizo realidad la definición del historiador francés Fernand Braudel: «La montaña es el refugio de las libertades, de las democracias y de las ‹repúblicas› campesinas›.»

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Does Costa Rica have a culture of peace?

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He aquí cinco, entre muchos, beneficios producto de la abolición del ejército.

– Mayor inversión de recursos económicos en programas educativos y sociales: 7,4 % del PIB en educación, 7,36 % en salud pública, expectativa de vida de 80,4 años.

– Una cultura civilista y pacifista, que se transmite a todos los aspectos de la vida cotidiana: 11,2 homicidios por 100 000 habitantes (2019), comparado con 25,9 en Centroamérica.

– Reconocimiento mundial como nación libre, democrática y pacífica: dos invasiones armadas externas repelidas, sin restablecer el ejército. En la crisis centroamericana de seguridad de los años 80, se logró resistir presiones hegemónicas para restaurar el ejército.

– Estabilidad institucional y política: desde 1948 se han registrado 71 golpes de Estado en Latinoamérica, ninguno en Costa Rica. Dieciocho elecciones presidenciales consecutivas y contando.

– Atracción de inversión extranjera directa: US$ 2.764 billones (2018), octavo mayor receptor de IED en Latinoamérica.

La abolición del ejército no fue un hecho aislado sino la consecuencia de una trayectoria nacional. Y por ello mismo, un proceso dinámico que requiere ajustarse a las condiciones cambiantes. Desafíos tales como el aumento del nivel de los océanos por el cambio climático, las amenazas a la salud pública por pandemias virales, la explotación de nuestras riquezas marinas por flotas foráneas, la destrucción indiscriminada de la biodiversidad, el terrorismo y el crimen concomitante (ataques cibernéticos), el debilitamiento del multilateralismo y nuevas formas sutiles de hegemonía. Definir y actualizar una Doctrina Nacional de Seguridad y Defensa es tarea compleja pues no hay ejemplos a emular. La desmilitarización no es un lecho de rosas.

La trayectoria de Costa Rica prosigue con el desarrollo de instituciones jurídicas y derechos humanos vinculados a la paz. En las cuatro décadas más recientes, la república se comprometió legalmente ante la comunidad internacional a cumplir una neutralidad estricta, amplió los derechos fundamentales para incluir el derecho a la paz garantizado a cada habitante, prohibió la fabricación e importación de armamentos de guerra, decidió educar a las nuevas generaciones en una cultura de paz y confianza mutua, acogió la sede de la Universidad para la Paz. En foros multilaterales ha promovido iniciativas como el Tratado sobre Comercio de Armas, el Plan Centroamericano de Paz o el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Con razón, la candidatura presentada por académicos y parlamentarios escandinavos durante cinco años consecutivos prosperó, cuando al Pueblo de Costa Rica le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz 1987.

Estos 23 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas no tienen ejército permanente: el Principado de Andorra, la República de Costa Rica, la Mancomunidad de Dominica, Granada, la República de Haití, Islandia, la República de Kiribati, el Principado de Liechtenstein, la República de las Islas Marshall, la República de Mauricio, los Estados Federados de Micronesia, el Principado de Mónaco, la República de Nauru, la República de Palaos, La República de Panamá, el Estado Independiente de Samoa, la República de San Marino, las Islas Salomón, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tuvalu, la República de Vanuatu y la Ciudad Estado del Vaticano. Quizá la hora sea llegada de reunir a estas naciones con objetivos como dar voz a posiciones contra la carrera armamentista y la guerra, fomentar el desarrollo de una cultura de paz y confianza mutua, promover estudios académicos e investigaciones comparativas sobre seguridad y defensa en países sin ejército permanente, compartir su experiencia con otros pueblos que opten por la misma vía pacífica, reconocer con un premio anual a quien se distinga en sus luchas por la paz y la comprensión mutua. La Grecia Clásica y la Federación Helvética han orientado los derroteros de la humanidad, como en el futuro podrían hacerlo también estas naciones ubicadas en el mar Caribe, Centroamérica, Europa, los océanos Índico y Pacífico.

Un filósofo mediterráneo adelantó: «Si la humanidad escribe el futuro, no con sangre, sino con el espíritu, Costa Rica, vaticino, contribuirá de manera valiosa al reencuentro, racional y razonable, de los hombres». Nuestra convicción es que, en el espacio de las ideas y la perspectiva de las iniciativas constructivas, no hay países grandes, medianos o pequeños: todos los Estados somos iguales. La guerra y la paz nos afectan a todos por igual. Benditos sean los hacedores de la paz.

(*) Armando Vargas Araya, Embajador de Costa Rica en Australia

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Un artículo de Vaki

Desde mayo de 2018, la Fundación Escuelas de Paz – FEP- acompaña a las comunidades de Curillo y La Montañita, en el departamento del Caquetá, en el desarrollo de acciones que fortalecen el protagonismo y la ciudadanía activa e inclusiva en los procesos de construcción de paz desde los territorios a través del Proyecto Tejiendo Caminos de Paz.             

Caquetá es uno de los departamentos de Colombia que ha sido más afectado por la violencia. El surgimiento, prolongación y degradación del conflicto armado ha provocado un alto número de violaciones a los derechos humanos, perpetrados por los diferentes actores involucrados en el conflicto armado. Esta situación ha generado una crisis humanitaria compleja que afecta a las comunidades rurales, indígenas, mestizas y afrocolombianas, como efecto de la transculturación relacionada con el narcotráfico, los imaginarios de guerra, la cultura patriarcal, las violencias basadas en género, la situación de desplazamiento y desarraigo, el aumento de asentamientos no formales, pobreza y las condiciones precarias de atención en salud. 

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What is happening in Colombia, Is peace possible?

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Sin embargo,  los habitantes de estos territorios, con una gran capacidad de resiliencia, se unen en la esperanza para generar alternativas de construcción de paz desde iniciativas colectivas, en busca de oportunidades de educación, economía solidaria y transformación pacífica de los conflictos. En esta tarea, se ha destacado el liderazgo de las mujeres en sus procesos organizativos, comunicativos y de acción.  

La crisis de la pandemia por Covid-19 generó retraso en los procesos organizativos, formativos y comunicativos del proyecto y puede llevar a que éste entre en declive por falta de continuidad. 

En este momento, para avanzar con la última fase del proceso, precisamos de recursos de la sociedad civil nacional e internacional. 

Necesitamos de tu apoyo para que las comunidades pongan en práctica los avances del proceso formativo y de incidencia política que ya tuvieron curso, y puedan desarrollar las iniciativas colectivas y las estrategias comunicativas que fortalecen el tejido social y la movilización por caminos comunitarios noviolentos.

¡Sé parte de este cambio y únete con tu donación!

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Una declaración tomada de La  Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe

Desde el Movimiento Antimilitarista de Colombia manifestamos nuestra profunda preocupación y absoluto rechazo frente a las acciones lideradas por el Gobierno de Colombia, en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional y en articulación con el Gobierno de EE.UU, respecto de la llegada a Colombia de una brigada estadounidense de Asistencia de Fuerza de Seguridad -SFAB (por sus siglas en inglés).

[Nota del editor: Según Wikipedia, una brigada del Ejército de EE. UU. generalmente incluye más de 4000 personas.]

Este cuerpo élite fue conformado hace 17 años por expertos en la ejecución de operaciones militares lideradas por comandantes de brigadas que han estado en Irak y Afganistán. Su presencia en Colombia es una amenaza latente a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Así lo valoró en el año 2009 la Corte Constitucional, cuando hizo control de constitucionalidad y rechazó el acuerdo militar bilateral entre EE.UU y Colombia, en cabeza de Barack Obama y Álvaro Uribe Vélez, el cual contemplaba la llegada de personal uniformado estadounidense a siete bases militares en Colombia.

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What is happening in Colombia, Is peace possible?

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La presencia militar de Estados Unidos en América Latina se ha transformado en los últimos años. Actualmente, la presencia oficial de estamentos militares estadounidenses está concentrada en puntos estratégicos de las costas pacíficas y del Caribe, en El Salvador (Comalpa), Cuba (Guantánamo), Aruba, Curação y Puerto Rico, mientras que tiene lugar una negociación con el gobierno de Bolsonaro para el establecimiento de bases militares en Brasil. Pero esto no significa que la presencia militar estadounidense esté disminuyendo, se está transformando. Existe evidencia de una red creciente de instalaciones informales que apoyan las operaciones estadounidenses en la región, las denominadas “cuasibases” son estamentos militares que pueden ser instalados sin previa autorización de los parlamentos. Paralelo a esta transformación, es de resaltar que desde el 2017 Estados Unidos está haciendo acciones militares en la Amazonía a partir de la gestión del Ejército de Brasil y con la colaboración de los mismos en Colombia y Perú.

La presencia de la brigada -SFAB en Colombia es una acción militar de carácter inconstitucional, dadas las graves afectaciones y múltiples violaciones a los derechos humanos que trae consigo la presencia de actores armados extranjeros en los territorios, entre ellas: 1. Amenaza el derecho fundamental a la Paz; 2. Viola la soberanía nacional; 3. Expone considerablemente, y amenaza la integridad física y emocional de niñas y mujeres, quienes en ocasiones anteriores, han sido violadas y vulneradas por militares estadounidenses, como lo confirman organizaciones de mujeres y los informes de la Comisión Histórica del Conflicto; y no menos importante, 4. Es una amenaza latente de guerra transnacional, debido a que se presume que EE.UU usará el territorio colombiano con fines estratégicos de oposición al gobierno de Venezuela, cuyos aliados internacionales, entre ellos Rusia y Cuba, se convertirían per se en enemigos de Colombia, “Aliado Estratégico” de EE.UU. Situación sumamente grave para Colombia y los países implicados.

En consecuencia:

1. Interpelamos y rechazamos rotundamente las políticas militaristas y guerreristas promovidas e implementadas por los Gobierno de Colombia y de EE.UU, en cabeza de Iván Duque y Donald Trump, cuyo accionar violento vulnera y amenaza la vida de toda la población civil colombiana, así como sus ecosistemas naturales.

2. Rechazamos en absoluto la presencia de militares estadounidenses, y de cualquier otro ejército, en territorio colombiano, que legalice la guerra como ejercicio de control territorial.

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Un artículo de Miami Diario

Ismael Cala, estratega de vida, autor y comunicador, será el presentador oficial del America Business Forum 2020, el mayor foro global de líderes en América Latina, que reunirá en Punta del Este (Uruguay) a más de 5.000 autoridades de gobierno, representantes del sector privado y ONG.

El encuentro, previsto para el 7 de febrero de 2020, constituye una ocasión única para entender el tiempo presente, proyectar el futuro de la región y posibilitar un espacio de interacción y networking con los principales líderes globales de mayor impacto.

«El 2020 impone para la región un despertar. Es la hora de cambiar el juego de abordar el mundo de los negocios y de la productividad dentro de un contexto holístico para el bienestar, la cultura de la paz y el desarrollo de nuestras naciones. Voy a entrevistar a empresarios, a gente que con su ejemplo nos ha dejado un legado de éxitos, pero también hablaremos sobre sus aprendizajes y fracasos», explicó Ismael Cala.

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Journalism in Latin America: Is it turning towards a culture of peace?

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Comprometidos con la innovación y el desarrollo tecnológico, en un mundo sustentable y con equidad de género, America Business Forum contará con la participación de CEOs, líderes políticos y emprendedores de alto impacto que compartirán sus historias de vida y su visión en un mundo global y cambiante. Los oradores buscarán inspirar y ayudar a entender la evolución de nuestro rol, en el proceso de generación de valor en distintas áreas de interés como tecnología, deporte, sustentabilidad, entretenimiento, periodismo, moda, y así impulsar cambios e impactos globales desde América Latina.

Ignacio González, presidente del America Business Forum, dijo que el proyecto tiene «el potencial de transformar Punta del Este en la Davos de América Latina».

«En este contexto, Ismael Cala es el presentador ideal para adentrarnos en este viaje, no solo por su calidad humana, su rigor periodístico, y su gran capacidad como entrevistador, sino por lo que representa él mismo como líder renovador de nuestro tiempo», añadió González.

America Business Forum  tendrá lugar en Punta Centro de Convenciones, el 7 de febrero a partir de las 9:00 horas. Entre los oradores participarán el empresario italiano Giuseppe Cipriani, el actor y productor argentino Adrián Suar, el actor chileno Benjamín Vicuña, el cineasta uruguayo Federico Álvarez, el presentador Don Francisco, la psicóloga Pilar Sordo y el neurocientífico Facundo Manes